Ningún grupo de personas ha sido tratado más injustamente por nuestra sociedad.

A cambio de su duro trabajo, reciben discriminación.

A cambio de producir alimentos, reciben bajos salarios.

A cambio de su titánica emigración, para mejorar su vida; reciben que desaparezcan los programas sociales que les apoyaban en vivienda, salud, educación y servicios básicos.

La mayor parte de ellos son los más pobres de todos los mexicanos.

Deberían ser el ejemplo de la transformación prometida.

Lamentablemente, son el ejemplo de cómo las injusticias no se han corregido sino han aumentado.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) estableció en 195.45 pesos el salario mínimo para los jornaleros agrícolas para el próximo año 2022. Para rebasar la línea de la pobreza, el ingreso de un trabajador, con un dependiente económico, debe ser de 256 pesos.

Son mexicanos que ayudan a producir mucha riqueza y reciben miseria.

Mientras que en Estados Unidos una persona jornalera agrícola percibe aproximadamente 300 pesos por hora, en México la exigencia de un salario mínimo de 300 pesos por día está lejos de cumplirse, señala la  Alianza Campo Justo, conformada por trabajadores agrícolas y organizaciones de la sociedad civil como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Oxfam México.

“Un salario mínimo de $300 pesos no solucionará todos los problemas que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias, pero sería un importante paso en la dirección correcta y así, comenzar a saldar la deuda histórica de nuestro país con las y los trabajadores del campo; a caminar juntas para construir un país más justo e igualitario” afirma la  Alianza Campo Justo.

La alianza señala que dos millones y medio de personas trabajan bajo el sol y las intemperies para producir los alimentos que terminarán en las mesas de las familias mexicanas; muchas provienen de comunidades rurales de pobreza extrema y atraviesan México para trabajar en los campos agrícolas.

Si sumamos a sus familias, la cifra asciende a 8 millones y medio de hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas que abandonan sus hogares para ganarse la vida.

¿Cuánto ganan después de tan largo viaje y con condiciones tan precarias? Apenas entre 146 y 310 pesos diarios.

Ocho de cada diez jornaleros agrícolas no tienen prestaciones laborales.

Nueve de cada diez trabajan el campo sin contrato y sin acceso a la seguridad social.

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas considera que en Sinaloa ha habido avances importantes en las condiciones de vida de los trabajadores, pero advierte que las zona sur no se presentan las mismas mejoras respecto a los albergues, estancias infantiles e instalaciones educativas.

Las pequeñas y medianas empresas productoras de chile, tomatillo y frutas no mantienen el nivel de cumplimiento de las empresas del resto del estado.

Durante las cuarentenas por la pandemia de COVID-19, mientras la mayor parte de las familias se refugiaban en casa, las y los jornaleros agrícolas trabajaron, y lo siguen haciendo, a la par del personal de salud y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021.

Desde las instituciones, antes de este gobierno federal ya se les apoyaba poco, pero ahora nada. En la campaña se les prometió una nueva estrategia pero no se cumplió. 

Los jornaleros vuelven a sus pueblos y los encuentran con las mismas carencias. El programa para construir servicios básicos en las comunidades indígenas, donde habita la mayoría de ellos, desapareció.

Desaparecieron, también, las pocas becas para sus hijos y ellos, los jornaleros, no existen ni para el Plan Nacional de Desarrollo ni en programas, lineamientos y reglas de operación de la Secretaría de Bienestar.

No reciben ningún apoyo federal pues no son adultos mayores, no son jóvenes desempleados, no son estudiantes de bachillerato y no tienen tierra donde “sembrar vida”.

Todavía más, el abandono llegó a que ya el gobierno ni siquiera investiga sobre sus condiciones de vida. Hasta los diagnósticos se dejaron de hacer, lo que, para la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, es un vacío importante.

Hace dos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó, al gobierno federal, aplicar la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, para “diseñar un programa que integre el enfoque de derechos humanos”, delimite las responsabilidades de las autoridades de los tres niveles de gobierno y “considere la instalación y, en algunos casos, la mejora de los albergues para el alojamiento” de los trabajadores.

No ha habido respuesta del gobierno, no planea transformar la vida de los jornaleros.

Si son primero los pobres, ahí están, esperando.

La injusticia sigue.

El abandono sigue.

Artículo publicado el 5 de diciembre de 2021 en la edición 984 del semanario Ríodoce.