Los saldos en seguridad que deja Quirino a Rubén Rocha

Quirino Ordaz Coppel deja un estado con delitos como homicidios a la baja pero con los llamados delitos sociales al alza.

El gobernador Rubén Rocha Moya tendrá que hacer frente a los delitos que se cometen dentro de los hogares. Los que derivan de problemas en las casas como feminicidios y violencia familiar.

Además, en las últimas semanas se ha registrado un nuevo brote de violencia en Tepuche por el pleito entre dos células del Cártel de Sinaloa, y los grupos delincuenciales han empezado a atacar videocámaras otra vez.

En atención a desplazados, Ordaz Coppel deja una estrategia a medias que empezó a penas en abril pasado en la que solo entregaron despensas y atención médica; el nuevo gobernador tendrá que concluir la atención integral, que contempla viviendas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado en la administración anterior y que se mantendrá en la actual, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoce que falta trabajo en los delitos familiares y justifica que es un tema complejo porque se deben involucrar otras secretarías como Salud y Educación, y no solo se deben hacer esfuerzos aislados.

La violencia familiar es el delito de mayor incidencia en el estado. De enero a septiembre de 2021, este delito registró 4 mil 387 denuncias, 19 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado cuando se registraron 3 mil 663 denuncias.

El delito de feminicidio está entre los que mayor aumento tuvieron en el último año de Quirino Ordaz.

De enero a septiembre de este año en el estado se registraron 31 feminicidios, que representan 55 por ciento más, con respecto al mismo periodo de 2020 cuando se cometieron 20.

Las violaciones también van en aumento en este año, principalmente en Culiacán donde se concentran el 50 por ciento de las denuncias.

Entre enero y septiembre de este año se registraron 217 denuncias, 39 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Los homicidios dolosos tienen una tendencia a la baja desde el año pasado y este año cerrará con una de las cifras más bajas desde .

Hasta septiembre de este año se registraron 500 casos, 22 por ciento menos que en el mismo periodo de 2020, cuando se cometieron 649.

La tasa más alta con 2.28 por cada 100 mil habitantes fue en mayo, y la más baja en julio cuando la tasa fue de 1.65.

Las desapariciones alcanzaron niveles históricos durante el gobierno de Quirino, al llegar a las mil 142 en 2019.

En el primer año de gobierno hubo 937 desaparecidos y en este 2021, hasta agosto suman 728.

El uso de armas de fuego para cometer delitos también tiene una tendencia a la baja en los homicidios dolosos pero en el feminicidio aumentó.

En el primer semestre de 2021, el 63 por ciento de las carpetas de investigación por homicidio fue con el uso de arma de fuego mientras que en el mismo periodo del año pasado fue en el 75 por ciento.

De enero a junio, en el delito de feminicidio, el 41 por ciento se cometió con armas de fuego y el año pasado fue en el 20 por ciento.

En el periodo de transición de gobierno, la violencia en Culiacán rebrotó con los tiroteos a las cámaras de vigilancia y enfrentamientos en Tepuche.

La destrucción de cámaras de seguridad inició con el gobierno de Quirino Ordaz y para cerrar su administración los grupos delincuenciales han destruido 82 en el último mes.

Hasta antes de estos ataques, en la entidad solo había operando 681 equipos y durante los cuatro años de la administración de Quirino destruyeron 661 a balazos o derribándolas.

En Tepuche, la violencia arreció en el último mes y otra vez grupos delincuenciales atacaron a la Guardia Nacional con un saldo de seis elementos al volcar la patrulla en la que circulaban; y se enfrentaron entre grupos rivales con un saldo de una mujer muerta y cinco presuntos sicarios detenidos.

El Secretario de Seguridad Pública presume que en el Índice de Paz de 2017, Sinaloa se encontraba en el lugar 12 y actualmente está en el 25; y en la incidencia delictiva nacional el estado se ubicaba en el sitio 9 y en este año está en el 28 de los 32 estados.

Señaló que la baja en delitos como el homicidio fue por la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Mencionó que en la administración de Rocha Moya, en la que seguirá como titular de la SSPE, buscarán trabajar de manera coordinada con otras dependencias.

“Un tema fundamental es el de violencia familiar; el feminicidio es un tema que nos aqueja, yo creo que ahí tendríamos que trabajar mucho para legislar en programas preventivos que se vienen manejando, hay muchos esfuerzos aislados que deberían tener pies y cabeza”, dijo.

Mencionó que este tipo de delitos son complejos de atender porque ocurren en el seno familiar.

“Nosotros nos acercamos mucho a la ciudadanía pero falta la confianza para denunciar oportunamente, muchos de estos delitos están dentro del círculo familiar y es muy difícil llegar ahí, nos ha tocado atender mujeres que están en cierta situación y cuando llegamos con el ministerio público retiran la denuncia”, expresó.

Manifestó que además la corporación apenas tiene 800 elementos que son insuficientes para atender a toda la población, tan solo en órdenes de protección en Culiacán son 450 en las que es imposible destinar al menos a un agente para atender cada caso.

“Son 800 elementos de la Policía Estatal para 18 municipios y una población de un poco más de 3 millones de personas, lo largo y ancho del estado es algo bastante considerable, eso nos deja, dividido en tres turnos, nos daría un porcentaje de menos de 300 efectivos para desplegar en todo el estado, no ha sido faltad de voluntad con los pocos elementos se ha logrado un gran avance”, expresó.

En el caso de Tepuche, Castañeda Camarillo dijo que se han instalado bases provisionales: Después del último enfrentamiento, dijo, desplegaron operativos terrestres y aéreos en esa zona y en la sindicatura de Villa Juárez, donde reportaron hombres armados circulando en camiones de volteo.

Desplazados y olvidados

Los desplazados por la violencia recibieron atención a medias hasta la última parte del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Apenas en abril de este año se instaló la Comisión Intersecretarial para la Atención de Personas Desplazadas y se inició la construcción de viviendas.

Hasta antes de la instalación de la Comisión los desplazados solo recibieron despensas, atenciones médicas y apoyo para gastos funerarios.

A la fecha el gobierno estatal reconoce como desplazadas a 2 mil 635 personas.

En Sinaloa los desplazamientos empezaron en 2011 en el gobierno de Mario López Valdez, cuando la célula Los Mazatlecos, empezó una guerra contra el Cártel de Sinaloa y las corporaciones policiales, en la zona norte del estado.

La cifra exacta de personas que abandonaron sus casas en ese periodo nunca se conoció porque no hubo un padrón, pero organizaciones de derechos humanos estiman que fueron más de cuatro mil los expulsados de sus comunidades por la violencia solo en Sinaloa municipio y Choix.

Este año la administración de Quirino inició la construcción de 50 viviendas para desplazados en Mazatlán y 60 en Choix.

El gobierno de Rocha Moya tendrá que concluir esas viviendas y entregar más de 300 lotes para edificación de viviendas en Culiacán, Guamúchil, Guasave y Concordia.

A la nueva administración le corresponderá implementar la asistencia legal que garantice el derecho de los desplazados a la compensación de sus derechos vulnerables y determinar los hechos que condujeron al desplazamiento antes del 31 de diciembre, fecha que la Comisión puso como plazo.

Artículo publicado el 31 de octubre de 2021 en la edición 979 del semanario Ríodoce.