El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Judicatura Federal, para que se revise la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió una suspensión relativa a la reforma eléctrica.

“Es una carta en relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz…  y se cumplió con la justicia expedita”, manifestó, “porque hay quienes solicitan la protección y pasan años para ser atendidos, pero aquí fue vía rápida”, dijo.

“De manera respetuosa le solicito que el Consejo determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no responder sobre este caso”. expresó.

Durante la conferencia mañanera dijo que aún cuando es respetuoso del Poder Judicial, también están en “uso de nuestras facultades tenemos el derecho de manifestaremos”.

“El gobierno siempre será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, y desde luego respetuoso al derecho de juicio de amparo”, mencionó.

El jueves pasado, el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

En la carta enviada a Saldívar, López Obrador pide: “Determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no responder sobre este caso”. escribió.

“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y político tenían como modus operando la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la Hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, sobre todo de los más pobres.

“Esta clase de intereses corporativos que cuenta con el apoyo de la prensa coempresarial nacional y extranjera ha conformado un llamado ‘buró jurídico’ para oponerse a las obras que hemos emprendido para la Transformación del país”.

“Pues quienes invocan este principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y las leyes de la República”.