Amnistía Internacional señaló que en México las autoridades violan los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, hacen uso excesivo de la fuerza, e incluso hay casos de violencia sexual contra las mujeres que protestan para denunciar la violencia de género.

En el informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan”, la ONG analizó protestas convocadas en 2020 en Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México, encontrando que “las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”.

“Como se expone en este informe, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, las manifestaciones feministas y en contra de la violencia de género contra mujeres, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas. Esta caracterización por parte de las autoridades y por varios medios de comunicación, genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra”, indica.

En Sinaloa AI señala la detención de tres jóvenes el domingo 6 de septiembre en una calle aledaña al Ayuntamiento de Culiacán, quienes habían acudido a protestar por las declaraciones de una funcionaria del DIF Sinaloa, quien señaló que las dos mujeres halladas asesinadas y calcinadas al norte de la ciudad, eran dos niñas “ingobernables”, “en problemática con muchachos vagos, que no estudian y que (…) vienen de familia disfuncional”.

“Las tres mujeres fueron detenidas en una calle aledaña al Palacio Municipal, a pesar de que no estaban cometiendo delito o infracción alguna. Además, los policías municipales que las detuvieron no les informaron por qué razón las detenían, ni se identificaron. De acuerdo con Priscila, la única mujer policía presente, que iba con las feministas en la parte de atrás de una patrulla tipo pickup les decía ‘que lo que habían hecho era muy malo, que no era posible que anduviéramos a esas horas haciendo
vandalismo, y que qué daría ella por estar en casa con su familia”, señala el informe.

Tras dos horas de haber permanecido detenidas en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal…, fueron presentadas ante un funcionario administrativo, denominado juez de barandilla o juez cívico, encargado de imponer sanciones por faltas administrativas. “El juez le preguntó a Priscila qué hacía caminando a esa hora tan lejos de su casa y sola. La policía que estaba presente señaló al juez que las manifestantes hacían parte de un movimiento, porque una de ellas mencionó durante el traslado a la estación de policía que las víctimas de feminicidio no iban a poder estar en su casa. El juez impuso a cada una de las manifestantes una multa de 870 pesos mexicanos (alrededor de 44 dólares estadounidenses), por la supuesta falta de ‘escándalo en la vía pública'”.

“En reunión con Amnistía Internacional, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, manifestó que los policías municipales habrían detenido a las manifestantes porque al efectuar un recorrido alrededor de las instalaciones, las observaron con el rostro cubierto y con una lata de spray con la intención de pintar en las paredes. Esta declaración confirma a Amnistía Internacional que las tres mujeres fueron detenidas arbitrariamente, pues no cometieron ninguna falta que lo ameritara. Por el contrario, fueron detenidas por ser “sospechosas” de querer pintar las paredes del Palacio Municipal y para evitar que participaran en una protesta, violando así sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, menciona el organismo.

En el informe se señala que en las manifestaciones analizadas en los diferentes estados, más de una decena de mujeres sin identificarse fueron detenidas, las mantuvieron incomunicadas durante un largo periodo de tiempo y las trasladaron por rutas poco frecuentadas sin decirles adónde iban o incluso sin presentarlas ante la autoridad competente, lo que derivó en el miedo a sufrir una desaparición forzada.

“Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quien las detenía y a dónde las llevaban”, explicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, que ha denunciado también un “lenguaje violento y sexualidad” durante los arrestos y traslados, con amenazas de todo tipo de violencia.

En algunos de los casos analizados, los policías recurrieron a la violencia sexual como señal de aleccionamiento, como castigo por comportamientos que, en opinión de los abusadores, se salían de los estereotipos de género, según los cuales las mujeres deben quedarse en casa y “no salir a buscar problemas”. Amnistía ha recordado que toda violencia sexual cometida por una autoridad del Estado debe ser considerada como una forma tortura.

En general, la responsable de Amnistía consideró que “las autoridades de distintos niveles de Gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos”.

Así, han recogido declaraciones de líderes como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que describió las protestas como una “provocación”, o un responsable de seguridad de Guanajuato que habló de “manifestódromo violento” para justificar la represión.

“Que no se confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”, ha respondido la responsable de la ONG en un comunicado.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a reconocer la legitimidad de las protestas y a abstenerse de declaraciones que estigmaticen a quienes acuden a ellas, al tiempo que ha llamado a investigar los presuntos abusos cometidos. En última instancia, ha reclamado medidas efectivas para prevenir las diversas formas de violencia que sufren las mujeres, entre ellas el feminicidio.

México vive una era en la que el feminismo creciente y las manifestaciones en contra de la violencia de género chocan frontalmente con los estereotipos y la violencia policial contra las mujeres, según un informe presentado este miércoles por Amnistía Internacional (AI).

“Desde Amnistía consideramos que el enojo de las mujeres debe ser escuchado y respetado para ser visto como un elemento de cambio social. Tiene que ser visto como una demanda colectiva”, explicó a EFE la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum.

El informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan” es una completa investigación que tiene por objetivo analizar el estigma que pesa sobre las mujeres que se manifiestan en el país latinoamericano, donde asesinan a diez mujeres al día.

Y tiene como objetivo exponer la forma en que ciertas autoridades mexicanas las reprimieron cuando protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, un año que registró cerca de mil feminicidios, asesinatos por razón de género.

Para realizar el estudio, AI se centró en cinco protestas sucedidas el 2020 en México como la toma de una de las sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de Ciudad de México el 4 de septiembre, una protesta en León (en el estado de Guanajuato) el 22 de agosto o la marcha reprimida a balazos en Benito Juárez (Quintana Roo) el 9 de noviembre.

“Vimos cosas comunes en todas las manifestaciones. Vimos un modelo donde las mujeres salen y expresan su hartazgo ante la impunidad y la falta de respuesta por parte del Estado ante las violencias que sufrimos las mujeres de este país”, explicó Reneaum.

De acuerdo con sus investigaciones, en estas manifestaciones también vieron el componente común de la vulneración de derechos de las mujeres presentes, como el derecho a la integridad personal o a la libertad de reunión pacífica.

Para la realización del informe hubo dos fuentes de verificación de los hechos: la primera fue el despliegue de AI en el terreno “de manera casi inmediata a los hechos” y la segunda fue la recolección de testimonios de víctimas directas.

Además, intentaron conseguir también testimonios de policías que hubieran estado presentes en las manifestaciones, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

Con información de Sin Embargo.