Desde la Secretaría de Administración se escamotean recursos y se manipulan cifras
Mientras en los últimos tres años el gobierno de Quirino Ordaz Coppel desbordó 17 veces más el gasto de Comunicación Social aprobado por el Congreso del Estado, los organismos autónomos han sido asfixiados por la reducción en la entrega de su presupuesto.
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A la restricción de recursos que ahoga la operación de los organismos autónomos se suma que la Secretaría de Administración y Finanzas ha inflado las cantidades de recursos que entrega. Las discrepancias entre lo que reporta la SAF que ha devengado y los montos que han recibido los organismos autónomos se cuentan por millones de pesos, como es el caso específico de la Fiscalía General del Estado cuyas diferencias alcanzan los mil 337 millones de pesos de 2017 a 2020.
Ríodoce realizó solicitudes de información separadas, por una parte de los montos recibidos por cada uno los organismos autónomos desde 2017 a la fecha, y por otra pidió a la Secretaría de Administración y Finanzas datos sobre los recursos entregados a estos organismos.
Los documentos obtenidos evidencian que el organismo autónomo más afectado por la restricción en la entrega de recursos ha sido la Fiscalía General del Estado. Desde su creación ha sido sofocada financieramente para su operación al llegar a reducir casi la mitad de su presupuesto.
Mediante una solicitud de información que requirió el amparo legal de la Ceaip con un recurso de revisión, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reveló la precariedad económica en la que se ha sostenido de 2017 a la fecha.
Para la operación del 2017, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos destinó un monto de 992 millones de pesos, pero en el primer año de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, la Secretaría de Administración y Finanzas solamente entregó 102 millones de pesos, aunque asentó en su cuenta pública que había aportado 553 millones de pesos.
El escenario continuó para el 2018, el Poder Legislativo destinó 925 millones de pesos, pero el gobierno estatal solamente le hizo llegar 131 millones de pesos, aunque en la documentación oficial la Secretaría de Administración y Finanzas consigna que devengó 670 millones de pesos.
Para el 2019, los números mejoraron para la Fiscalía General. El Congreso del Estado aprobó un presupuesto igual al del 2018, pero recibió solamente 613 millones de pesos, es decir, 312 millones menos del aprobado. La Secretaría de Administración y Finanzas aseguró mediante oficio que entregó ese año a ese organismo autónomo 859 millones de pesos, es decir, 245 millones de pesos más de lo que la Fiscalía Asegura recibió.
En el presente año la Fiscalía General informó que ha recibido 550 millones de pesos, aunque la Secretaría de Administración y Finanzas reporta que ya entregó 652 millones, de los 975 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó.
Aunque el caso de la Fiscalía General del Estado muestra al órgano autónomo que padece la mayor estrechez financiera, no es el único. Padecen también la escasez de recursos para su operación la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión Estatal de Acceso de la Información Pública. A todos estos órganos autónomos les han quedado pendientes, en años anteriores, entrega de recursos que habían estado autorizados en el presupuesto del año fiscal correspondiente.
De 2017 a 2019, a la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Administración y Finanzas le quedó debiendo un total de 6.8 millones de pesos que no le entregó del presupuesto aprobado.
En el caso de la Ceaip en el mismo periodo el gobierno estatal dejó de entregarle 8.4 millones de pesos también aprobados por el Poder Legislativo.
Al tribunal de Justicia Administrativa, el año pasado le recuperaron los 3.8 millones de pesos que en los dos años anteriores no le habían entregado.
Manipular los números
La Secretaría de Administración y Finanzas no solamente no entrega el total del presupuesto aprobado, sino que infla los números de los recursos que reciben los organismos autónomos.
De acuerdo con datos obtenidos por el cruce de información, no concuerdan los datos que reporta la Secretaría de Administración y Finanzas en sus registros del Sistema de Integral de Información Financiera (SIIF), con las cifras que consigan como recibidos los organismos autónomos.
Las diferencias entre los datos de la SAF son millonarios. La constante desde 2017 ha sido que los números que la secretaría del gobierno estatal consigna como recursos ejercidos en cuenta pública son superiores a los realmente recibidos por los organismos autónomos.
Un ejemplo es la Fiscalía General de Sinaloa, de 2017 al 2019, la SAF asentó en su cuenta pública el ejercicio de un total de 2 mil millones 082 mil pesos, pero este organismo autónomo afirmó en la solicitud de información con folio 01031520 que solamente recibió en ese periodo un total de 848 millones 309 mil pesos.
Para el año en curso, la SAF aseguró en la solicitud de información con folio 01308120 que la Fiscalía General ha ejercido un total de 652 millones 822 mil pesos, pero este órgano autónomo consignó en el recurso de revisión 1069/20-1 que a septiembre de 2020 únicamente ha recibido 550 millones 173 mil pesos, es decir, una diferencia de 102 millones 648 mil pesos.
La Comisión de Acceso a la Información Pública es otro caso. La SAF consignó como recursos ejercidos en sus cuentas públicas un total de 70 millones 507 mil pesos, pero la CEAIP reportó en la solicitud de información con folio 01031120 que en ese periodo solamente había recibido 65 millones 478 mil pesos.
Para el 2020, la SAF informó que a la CEAIP le ha entregado a último día del mes de septiembre un total de 19 millones 620 mil pesos, pero el órgano autónomo aseguró que solo recibió 16 millones 381 mil pesos.
El Tribunal de Justicia Administrativa tenía en sus registros contables que al mes de septiembre que habían recibido del gobierno estatal un total de 29 millones 868 mil, pero la SAF ya tiene un registro a la misma fecha de 32 millones 703 mil. El organismo apenas ha recibido la mitad del presupuesto aprobado para su funcionamiento en el 2020, cuando ya se cursa el último trimestre del año.
La escasez de recursos en los organismos autónomos es un secreto a voces. Lo único que tienen asegurado son el pago de la nómina, pero el gasto operativo está afectado, a pesar de contar para sus funciones del respaldo el reconocimiento constitucional.
Al mes de septiembre, documentos de armonización contable del gobierno estatal señalaron que al Instituto Electoral de Sinaloa y al Tribuna Electoral se les adeudaba 9 millones 560 mil pesos; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 4.3 millones de pesos; y al Tribunal de Justicia Administrativa 7.9 millones. La situación incluso ya fue denunciada en tribuna por el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos.
Si los organismos autónomos sufren la escases de recursos, peor situación viven los órganos descentralizados del gobierno estatal, como la Comisión de Búsqueda de Personas, al que al mes de noviembre apenas habían recibido 1.6 millones de pesos de los 6.4 millones de pesos que les fue aprobado en el presupuesto, advierte la diputada de Morena, Alma Rosa Garzón.
Los 11 millones que el gobierno estatal ha invertido en el pago de encuestas de popularidad, según datos investigados por la agrupación Iniciativa Sinaloa, hubiesen sido suficiente para pagar los adeudos del presupuesto para encontrar a personas desaparecidas y para la operación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Artículo publicado el 15 de noviembre de 2020 en la edición 929 del semanario Ríodoce.
