Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz, fue secuestrada ayer a las 9:00 horas por al menos 10 hombres armados que la sacaron de su casa y minutos después la ejecutaron en un camino rural de la comunidad limítrofe de Ixcoalco, municipio de Medellín de Bravo, en la zona centro de la entidad.

Florisel Ríos había tenido una audiencia con el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos,  misma que no habría concluido en buenos términos, toda vez que ella pidió seguridad para sí misma y su familia, pero no se le concedió.

Florisel Ríos es la segunda alcaldesa asesinada en el gobierno del morenista Cuitláhuac García; la otra víctima fue Maricela Vallejo, de Mixtla de Altamirano.

De acuerdo con una publicación de La Jornada, en julio pasado el comandante de la policía municipal Miguel de Jesús Castillo fue ultimado y su cuerpo desmembrado fue hallado en un paraje de esa demarcación.

Ríos Delfín llegó a la presidencia de Jamapa abanderada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en 2018. El municipio se encuentra a 20 kilómetros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y en años recientes ha experimentado un auge inmobiliario.

“El sábado tuvimos una reunión en el puerto de Veracruz, donde estuvimos todos los alcaldes para revisar agendas y los problemas que estamos enfrentando. Ese día se presentó Florisel Ríos para pedirnos ayuda porque sentía mucho miedo de sufrir una agresión”, dijo Juan Carlos Mezhua Campos, alcalde de Zongolica y coordinador de 40 presidentes municipales perredistas en Veracruz.

Poco antes de su asesinato, Florisel Ríos tuvo una audiencia con el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, la cual no habría concluido en buenos términos, toda vez que ella pidió seguridad para sí misma y su familia, pero no se le concedió.

En entrevistas, la alcaldesa había dicho que temía por su vida, además de que la policía local estaba desarmada. Acusó que no contaba con presupuesto para pagar seguridad personal, y el secretario Cisneros le advirtió que le quitarían el control de la corporación por problemas de control de confianza.

La clase política local y las dirigencias del PAN, PRD y el Partido Revolucionario Institucional lamentaron el homicidio. “Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y ciudadanos de Jamapa. Veracruz se ha convertido en un estado de terror, aunado a las crisis de salud y económica”, expresó Joaquín Guzmán Avilés, dirigente panista.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) acelerar las investigaciones sobre este caso.

En Veracruz se han dado muestras claras de que no habrá impunidad. Independientemente de que en Jamapa hay procesos penales en curso contra funcionarios y ex funcionarios municipales, no vamos a permitir que nadie esté por encima de las investigaciones o tratando de sacar provecho de una situación compleja con fines políticos o particulares.

La alcaldesa tuvo diferencias con el síndico Julio César Sosa Villalvazo, quien apoyó a un grupo de ciudadanos que tomó el palacio municipal por varios meses, como medida de presión para reinstalar a trabajadores despedidos.

El grupo de inconformes presentó ocho denuncias ante la FGE en contra de Ríos Delfín y su equipo de trabajo, entre ellos su esposo, Fernando, presidente del sistema municipal para el Desarrollo integral de la Familia, por presuntos malos manejos. La edil solicitó juicio político contra el síndico.

El 4 de noviembre las autoridades giraron orden de arresto contra Fernando; el director de obras públicas, Carlos, y la tesorera, Aurora. Los dos últimos fueron detenidos; el esposo de la edil huyó.

Las dirigencias nacionales de PAN y PRD condenaron el asesinato de Florisel Ríos y pidieron al gobierno del estado garantizar la seguridad de los ciudadanos y de munícipes en lugar de estar asediando a los alcaldes de oposición.

Demandaron que se castigue a los responsables intelectuales y materiales del crimen. La violencia en México no puede continuar sumergida en la impunidad, puntualizó el blanquiazul.

El PRD estimó que en Veracruz el crimen organizado ha rebasado al gobierno, por lo cual las autoridades federales deben asumir las funciones de seguridad.