El gobierno de Quirino Ordaz Coppel elevó 17 veces más los gastos en Comunicación Social aprobados por el Congreso del Estado en tres años, al pasar de 70 millones 751 mil pesos a mil 180 millones de pesos, reveló un estudio realizado por la asociación civil Iniciativa Sinaloa.
En conferencia de prensa presidida por el presidente de la asociación, Silver Meza y la investigadora Miriam Ramírez quien tuvo a su cargo el estudio, revelaron que el gobierno estatal destinó 11 millones de pesos a gastos de encuestas de popularidad.
Explicaron que el informe que daban a conocer forma parte de una exhaustiva investigación realizada al analizar 3 mil 105 facturas con las que el gobierno estatal amparó el gasto en Comunicación Social por mil 180 millones de pesos entre 2017 y 2019, documentos obtenidos vía solicitudes de acceso a la información pública.
Indicaron que a las empresas foráneas radicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Baja California y Nuevo León, el gobierno estatal le destinó el 60 por ciento del gasto en Comunicación Social; en tanto que a las empresas locales destinó el 40 por ciento.
Las cinco compañías más beneficiadas con los contratos en Comunicación con el gobierno estatal fueron: Grupo Imagen Televisión Nacional, Grupo Imagen Medios de Comunicación, Publicidad e Innovación, LCAM y Larce Drillo, precisaron.
Entre los pagos más elevados destacaron el pago de una factura expedida por la empresa Imagen Televisión por el concepto de difusión de acciones de gobierno del mes de noviembre de 2017 por 41 millones 374 mil de pesos.
Abundaron entre los pagos está también los realizados la empresa Lore se le pagó por servicios profesional de fotografía del Tianguis Turístico 5 millones 162 mil pesos; por el monitoreo de notas periodísticas en México, Estados Unidos, Canadá y Centro América sobre Sinaloa, el gobierno estatal pagó 4 millones 918 mil pesos.
El presidente de Iniciativa Sinaloa destacó la necesidad de regular el gasto en Comunicación Social mediante una ley de la cual ya existe una iniciativa a nivel federal, para reglamentar los criterios que se siguen para evitar la opacidad y el dispendio.
