Detuvieron a cuatro sicarios después de que fueron asesinados dos jóvenes en una farmacia del Tres Ríos, incautaron armas y parque, pero no se dieron cuenta que en un vehículo también asegurado, se escondía un arsenal… hasta un mes y medio más tarde, luego de que una llamada anónima alertó a la FGR

La Fiscalía General de la República falló en el intento abrir un nuevo proceso penal a dos de los cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa detenidos con un arsenal en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, el año pasado.

Después de la captura, la FGR localizó otro arsenal que los investigadores no encontraron cuando revisaron el vehículo asegurado el día que los detuvieron, sino hasta después de que una llamada anónima alertó que un grupo armado iría por el automóvil porque tenía armas en compartimentos ocultos.

Por la acusación que la FGR presentó por esas armas, el Tribunal Colegiado ordenó dictar auto de no vinculación.

Los imputados fueron capturados el 21 de mayo de 2019, en un operativo policial implementado por el asesinato de dos personas con más de 300 balazos en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Los detenidos son Francisco Javier, José Antonio, Alejandro y José María.

En la vivienda en la que fueron detenidos y en vehículos que había en el lugar, aseguraron 3 mil 790 cartuchos, un fusil calibre 50, un lanzagranadas, una ametralladora, siete granadas calibre 40 milímetros, dos granadas defensivas, tres armas AK-47, una arma corta, un cubeta con poncha llantas, 90 cargadores y un fusil Barret calibre 50.

Los cuatro fueron vinculados a proceso penal y quedaron en prisión preventiva el 28 de mayo.

Semanas después la FGR encontró otro arsenal en un Toyota Corolla.

Según documentos judiciales en el automóvil había mil 382 cartuchos de calibres 7.62×39, 5.56 y .223 milímetros, tres fusiles calibre 5.56, tres rifles calibre 7.62, un lanzagranadas calibre 40 y 36 cargadores.

El vehículo fue revisado por personal de la Agencia de Investigación Criminal el 22 de mayo, un día después del aseguramiento, y no encontraron ninguna irregularidad.

Un mes y medio después, el 5 de julio, la Policía Federal Ministerial recibió una llamada anónima.

“Quiero denunciar que irán por un carro que tiene armas en un clavo por atrás y en medio del carro, allá en las grúas unos batos armados, ese carro es donde agarraron a unos batos afuera de una casa y que estaban armados y después les encontraron más armas dentro de la casa, de unos vehículos, una Van y un pickup, allá por el Tres Ríos”, dijo el hombre que presuntamente denunció.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 6 de julio, investigadores y peritos acudieron a la pensión vehicular para revisar el automóvil.

Al inspeccionar el Corolla localizaron las armas, cartuchos, cargadores y municiones.

El material estaba en un doble fondo en la cajuela y compartimentos ocultos en los laterales traseros.

La FGR inició la carpeta de investigación y acusó por esas armas a José María y José Antonio debido a que ellos dos llegaron en ese vehículo a la casa donde fueron detenidos.

El 15 de octubre fueron vinculados a proceso por los delitos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, posesión de cargadores para armas de fuego del uso exclusivo.

La semana pasada el Tribunal Colegiado anuló la resolución y ordenó al Juez dictar auto de no vinculación a proceso.

Los magistrados señalaron que se trata de los mismos ilícitos por lo que fueron acusados en la primera causa penal.

“Aun cuando el nuevo armamento se localizó aproximadamente mes y medio después del primer hallazgo de los instrumentos de la misma naturaleza, todas las armas de fuego, las portaban en el mismo vehículo en el que fueron detenidos e igualmente poseían todos los cargadores y cartuchos afectos, en dicha unidad motriz, desde la fecha de su detención”, señala la sentencia.

Detalla que “no puede considerarse que se trata de un delito distinto del que inicialmente se sigue a los imputados”.

El Tribunal señala que esas armas pudieron servir para agravar los delitos de la primera acusación.

El Tribunal ordena al Juez que “deje sin efecto la sentencia reclamada y en su lugar, emita una nueva sentencia en la que, atendiendo las consideraciones legales expuestas en esta resolución, determine que en el caso, no se actualizan los delitos” y “deberá decretar auto de no vinculación a proceso a dichos imputados por lo que se refiere a los mencionados ilícitos”.

Los imputados seguirán solo el primer proceso penal iniciado el año pasado.

Los cuatro fueron detenidos en mayo del año pasado en una casa ubicada en la calle José Clemente Orozco, en el sector Tres Ríos.

Antes de la detención, a dos cuadras de la vivienda asesinaron a dos hombres, afuera de una farmacia ubicada sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

Tras los homicidios agentes policiales implementaron un operativo en la zona y un grupo de elementos de la PEP observó un automóvil Corolla con las puertas abiertas afuera de una casa.

Los elementos se dirigieron hacia el vehículo y cuando se acercaban bajaron José Antonio y José María y apuntando con pistolas a los policías, corrieron hacia la casa.

Cuando abrieron la puerta de la vivienda salieron Francisco Javier y Alejandro, armados.

Tres de ellos se rindieron y bajaron las armas y José Antonio corrió hacia el interior del inmueble pero fue alcanzado por uno de los agentes.

Los cuatro fueron detenidos y el Corolla quedó asegurado esa noche.

Dos días después, el agente del Ministerio Público cateó la casa y aseguró una camioneta Van Express y una Cheyenne con blindaje artesanal; y los más de tres mil cartuchos, armas, cargadores y cartuchos.

Fueron vinculados a proceso por posesión y portación de armas, posesión de cartuchos y cargadores y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Artículo publicado el 8 de noviembre de 2020 en la edición 928 del semanario Ríodoce.