Grupos civiles históricamente aislados del gobierno oficial, ya le tomaron la medida al Gobierno de Sinaloa para obligarlos a actuar: bloquear el cobro de peaje en la caseta de San Miguel Zapotitlán y afectar el negocio.

Dos clanes: productores de granos de maíz y trigo del Valle del Carrizo e indígenas de los altos del norte de Sinaloa lo hicieron, y obtuvieron respuesta.

Primero, más mujeres que hombres llegaron a la caseta el pasado 21 de julio. Extendieron sus mantas en las que demandaban al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel no desprotegerlos y otra en la que acusaban al industrial Carlos Ramírez de haber despojado a 200 familias de sus cosechas del ciclo 2019.

El aparente líder del colectivo no se quiso identificarse y ocultó su rostro tras un cubrebocas. “Somos todos los productores. No tiene caso decirte quien soy. Si quieres escribir algo, dilo así: somos todos”. Él estaba sentado en una silla playera, bajo la sombra. Frente a él, un grupo de mujeres jóvenes “boteaban”.

Explicó que se quedarían en la toma de la caseta el tiempo que fuese necesario hartos de que el fraude de que fueron sujetos no tenga solución.

Acusó que su lucha fue vendida por Faustino Hernández, diputado local y líder de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA).

Aseguró que es de todos conocido que se va a firmar un fideicomiso de pago, pero en realidad nadie muestra una prueba contundente. “Todos mienten, el gobierno, los líderes, el empresario y a nosotros nos sigue llevando la chingada con tantas deudas, pidiendo prórrogas con maquileros, a camineros y las financieras. Estamos por perder las garantías y el cabrón que nos robó las cosechas bien a toda madre, protegido por este gobierno que nada más no actúa”.

El incógnito aseguró que mientras no tengan una respuesta a su demanda de pago, el grupo continuará en la caseta de peaje.

Inesperadamente, la protesta desapareció, junto con el anónimo individuo.

No se sabe si la protesta tuvo sus reacciones a favor, pero como llegó el grupo, así desapareció.

Solo tuvieron una reprimenda dada a conocer por ellos mismos, ya que la Policía Estatal Preventiva llegó para evitarles que “botearan” entre los conductores.

Días después, el 28 de julio el Instituto Estatal de Pueblos Indígenas se apropió de la misma caseta de peaje. El grupo procedía de Vallejo, Bacorehuis, Lázaro Cárdenas de Ahome; San Javier, Nuevo Huites, Baymena, Baca, Choix, y de Jahuara Segundo, Tehueco y Mochicahui de El Fuerte. Los acompañaban más de un centenar de yoremes. Todos estaban decididos a quedarse días en el lugar, hasta ser escuchados.

Su protesta era contra la pasividad del Gobierno del Estado en solucionar sus demandas añejas y contra políticos advenedizos como Gildardo Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Sexagésima (LXIII) Tercera Legislatura y de Rosario Peñuelas como Comisionado para la Atención de las Comunidades indígenas de Sinaloa.

Ellos han dividido a las comunidades indígenas porque están empecinados en no reconocer los nombramientos de los nuevos cobanaros que sustituirían a Simón Ruiz Lerma, en Choix, Emeterio Torres Gámez, en El Fuerte, Librado Bacasegaua Elenes y Reynalda Leyva Urías en Ahome, acusó Mario Valenzuela Bacasegua, vocero del movimiento.

Dijo que los nombramientos dados por el Consejo de Ancianos y por designación de los yoremes-rarámuris no se ha respetado por los yoris en el gobierno, porque están acostumbrados a manipular a los pueblos originarios a través de los líderes corruptos que sólo gestionan beneficios para su persona, pero que no llegan a las comunidades porque se tranzan los subsidios.

Indígenas entrevistados en el lugar aseguraron que estos líderes han desaparecido diversos apoyos como despensas, responsos, asistencias médica, subsidios para siembra y cosecha en la agricultura de subsistencia, entre otros beneficios que incluyen la asistencia médica emergente.

Pocos minutos después, el subsecretario general de gobierno, José Joel Boucieguez Lizárraga y el Director General de Gobierno, Julio César Romanillo Montoya acordaron interceder por el grupo ante el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel y agendaron dos reuniones para la discusión de las solución, una el 29 de julio y otra el 3 de agosto.
Con el acuerdo, los indígenas liberaron la caseta de peaje.

Boucieguez reconoció como legítimas las demandas y aseguró que estas y otras requisiciones de la población vulnerable de la entidad serán atendidas.

Y dejó en claro que ninguna manifestación será reprimida.