La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, rechazó que se haya regateado el apoyo a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria, así como la existencia de 44 millones de pesos como producto de ahorros, como lo declaró el líder de los diputados del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez.
La también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, conminó al diputado del PRI a ser responsable y asumir su rol como diputado velando por los ciudadanos en lugar de pretender proteger los intereses del Gobierno del Estado.
La diputada morenista aseguró que es falso que en la actualidad el Congreso del Estado cuente con 44 millones de pesos producto de los ahorros por la política de austeridad.
Enfatizó que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, como integrante de la Junta de Coordinación Política tiene acceso a toda la información y se le entregó un informe detallado de todos los recursos aplicados previo a la aprobación el presupuesto para el ejercicio 2020.
Precisó que desde el inicio de la actual Legislatura se ha trabajado con austeridad y puso como ejemplo que en el último trimestre de 2018 cuando llegaron como diputados, el Congreso del Estado operó con tan solo 2 millones de pesos, cuando el año anterior había operado la anterior Legislatura con 23 millones de pesos.
Gutiérrez Jacobo estaba al tanto de la existencia de ahorros del Congreso producto de la política de austeridad., tanto así que propuso regresar ese dinero al Gobierno del Estado, argumentando que ya no se podía ejercer legalmente desde el Congreso, aseguró.
La diputada de Morena recordó que existió el antecedente de un recurso producto de ahorros que se destinó a la construcción de vivienda a damnificados de lluvias que fue canalizado a Gobierno del Estado, pero los recursos se aplicaron un año después, a pesar que el Poder Legislativo había hecho la donación.
Defendió que la JUCOPO tomó el acuerdo de construir espacios físicos con los recursos obtenidos por ahorros en la operación del Congreso del Estado, para atender el cumplimiento de una nueva Ley de Archivos, la creación de la nueva unidad técnica de fiscalización, así como la elaboración y manejo de nómina para dotar de mayor autonomía al Poder Legislativo.
