Niegan a ex funcionario de SAyF suspensión del proceso penal en su contra

Herrera Felix

Una Jueza de Control rechazó suspender el proceso penal en contra del ex Director de la Tesorería del Gobierno del Estado, Ernesto Herrera Félix, imputado del presunto desvío de 260 millones de pesos.

En una audiencia celebrada esta tarde, el abogado del ex funcionario propuso a la Fiscalía y al Gobierno Estatal un acuerdo para reparar el daño con el que evitaría ir al juicio oral.

El abogado mencionó que según un peritaje contable de la FGE el monto de reparación del daño asciende a 209 mil 193 pesos.

Propuso pagar esa cantidad en tres exhibiciones de 69 mil 731 pesos durante seis meses; y que el imputado residiera en un domicilio determinado y se sometería a la vigilancia que la Jueza determinada durante seis meses.

La Fiscalía respondió que no estaban de acuerdo debido a que era una cantidad irrisoria, además no es idónea, ni pertinente ni suficiente para resarcir el daño.

La cantidad que menciona el abogado, dijo el Ministerio Público, es la que se fijó en el peritaje como multa, no como reparación del daño.

El monto por reparación del daño se había fijado en 293 millones 479 mil 200 pesos, que luego la Auditoria ajustó a 260 millones 937 mil 582 mil pesos, debido a que el resto se solventó.

El asesor víctima y el representante legal del Gobierno del Estado también se opusieron al plan de reparación del daño.

La Jueza rechazó aprobar la suspensión del proceso debido a que no había condiciones.

Explicó que considerando que la afectación es de 260 millones de pesos, los 209 mil pesos que propone la defensa es una cantidad sumamente desproporcionada.

El funcionario volverá a la sala de audiencias en enero para la audiencia intermedia en la que darán  conocer las pruebas que presentarán durante el juicio.

Herrera Félix está acusado junto con el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez, de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

La FGE acusa que realizaron 112 transferencias por 260 millones de pesos de cuentas de recursos federales a cuentas de recursos estatales.

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