Los órganos internos de control se han convertido en figuras decorativas contra la corrupción, si se juzga su actuación por sus resultados.
De 2 mil 982 acciones de responsabilidad administrativa que le turnó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las cuentas públicas de 2017, sólo fueron atendidas el 2 por ciento, es decir, 68 casos.
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Son los datos más recientes registrados por la ASE en el informe que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas al corte del 15 de octubre de 2019.
Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestiona la prácticamente nula actuación de los órganos de control, los cuales tienen un costo al erario sin ser un freno al ejercicio irregular del servicio público.
Para asegurar su independencia, considera el legislador morenista que los titulares de los órganos internos de control de los municipios debiesen ser nombrados por el Congreso del Estado para asegurar su auténtica independencia de los alcaldes.
De acuerdo con la Ley de Gobierno Municipal, los órganos internos de control tienen a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares vinculados a faltas graves.
La ley además los faculta para presentar denuncias de hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En la actualidad, los titulares de los órganos internos de control son nombrados por los cabildos a propuesta del síndico procurador con las dos terceras partes de los presentes.
En el caso de las cuentas públicas de los municipios del año fiscal del 2017, la auditoría detectó la misma situación que ha registrado en los años anteriores, lo que evidencia que los órganos internos de control no han ejecutado sus sanciones y correcciones necesarias.
En el caso específico de los municipios se repitió que los 18 gobiernos tienen deficiencias en los controles internos. En un total de 11 alcaldías se encontraron omisiones en el incumplimiento de carácter fiscal, en tiempo y forma del pago de retenciones y contribuciones por pagar.
En las cuentas de los municipios los órganos de control internos no han sancionado ni corregido que existan casos de saldos de deudores diversos o cuentas por cobrar pendientes de comprobar o recuperar.
Tampoco los titulares de los órganos internos de control han sido capaces de resolver que en los 18 municipios se omita documentación comprobatoria y justificativa en el ejercicio del recurso, principalmente en las partidas de Honorarios Profesionales, Reparaciones de Vehículos y Maquinaria, Capacitaciones, Apoyos Económicos, Uniformes al Personal, consumo de Energía Eléctrica, Mantenimientos de Edificios, entre otros.
Pese a que la ASE ha señalado que es ilegal el pago de sueldo al personal comisionado al Sindicato, y la observación ha sido enviada al órgano interno de control, esta anomalía no ha sido corregida y se repita cada año, en una clara omisión para deslindar responsabilidades y corregir ese desvío de recursos.
Aunque se presupone que en los 18 municipios existen órganos internos de control, en la totalidad de municipios persisten las deficiencias en los registros administrativos, presupuestarios y contables.
Con impunidad, ante la falta de sanción, los alcaldes y tesoreros continúan cada año aplicando recursos de fondos federales para fines distintos a los autorizados por Ley o Reglas de Operación, como son mantenimiento de alumbrado público, adquisiciones, pago de diesel y listas de raya, incluso en 2017, un Ayuntamiento lo destinó para la adquisición de camión.
En el escenario de los organismos paramunicipales, los órganos internos de control tampoco tienen resultados halagadores, al menos es lo que mostró los resultados de la ASE, cuando revisó las cuentas de 2017 del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y las juntas de agua de Culiacán, Ahome y Mazatlán.
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En todas los organismos paramunicipales auditados se detectaron deficiencias de control interno, omisiones de documentación comprobatoria y justificativa en el ejercicio del gasto en las partidas Combustibles y Lubricantes, Alimentos y Utensilios, Servicios Oficiales, Congresos y Convenciones, Servicios de Traslado y Viáticos, Honorarios Profesionales, Becas, Capacitación, Ayudas Económicas, entre otros. O bien en el pago de compensaciones sin contar con documento que las autorice.
Entre otros, puntos, los órganos internos de control omitieron investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos que omitieron pagar impuesto como el ISR, el no recuperar cuentas por cobrar, el permitir pago extras a los especificados en el contrato al personal, así como el pago de salarios al personal comisionado al sindicato.
Los hallazgos de la auditorías, señala la ASE, deben ser usados como una fuente de información objetiva y neutral que puede dar lugar a modificaciones operativas, vinculadas con el control interno y políticas de integridad. Sin embargo, los órganos internos de control, ignoran las recomendaciones y eliminan los efectos disuasivos contra el incumplimiento de disposiciones normativas que pudiesen obtenerse en el corto y mediano plazo.
Artículo publicado el 27 de octubre de 2019 en la edición 874 del semanario Ríodoce.
