La Coordinadora Estatal de Desplazados (CED) toca puertas a la Alta Comisionada de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos, al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“El problema del desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa (como en otras regiones de México) ha tomado dimensiones muy preocupantes, motivo por el cual tocamos hoy a sus puertas, con el fin de que conozcan la gravedad que el fenómeno tiene y que, de acuerdo a sus facultades y ámbitos, se involucren en nuestra situación para buscar una salida a la desesperante coyuntura que vivimos”, sostiene.
En el verano de 2017, añade, la violencia de las bandas delincuenciales en Concordia desplazó a cientos de familias de sus pueblos en la sierra hacia la cabecera municipal del municipio de Mazatlán, y la criminalidad persiste en esa región.
Destacan que La Rastra, Matatán y Santa María, comunidades ubicadas en la sierra del municipio de El Rosario, contienen las coordenadas donde la violencia asesina ha expulsado a decenas de familias y mantiene a otras como rehenes, sin que la acción de las autoridades lleve la tranquilidad y la paz a dicha región.
“La presencia de destacamentos de las fuerza armada y de policía en esos lugares no ha ido más allá de garantizar una tensa calma, que puede abortar en cuanto se retiren o a la menor provocación de alguna de las partes”, advierten.
En un documento dirigido a los organismos antes mencionados, los desplazados claman a Michelle Bachelet, Paolo Abrao y Luis Raúl González Pérez, respectivamente: se acuerde el reconocimiento y la atención urgente al tema del desplazamiento interno en México y en especial en el estado.
También piden que se resuelva investigar y documentar in situ la situación que se vive en los puntos geográficos críticos en materia de desplazamientos forzados internos.
Asimismo se direccionen propuestas concretas, luego de la mencionada documentación ante el Estado mexicano, con el fin de que la atención a los desplazados a lo largo y ancho del país sea integral en correspondencia al marco de los Principios Rectores de los desplazamientos Internos.
Lo anterior, enlazado con las Recomendaciones de los organismos públicos y de la sociedad civil de derechos humanos, el punto de Acuerdo del Senado de 2011 y las medidas colaterales que se han hecho en situaciones urgentes.
E igualmente, se considere los puntos críticos de violencia recurrente de Sinaloa, para incluirlos como parte de la regionalización que es Estado mexicano ha hecho en miras a las actividades de pacificación que llevará la Guardia Nacional.
Historia adversa
Para algunas entidades federativas, explican, el desplazamiento interno por causas de la violencia es un problema relativamente nuevo, pero para el estado de Sinaloa es una adversidad con data desde los años setenta del siglo pasado.
“Todos lo sabemos, el desplazamiento de grupos de personas no va solo, siempre marchan a la par acciones que atentan contra la vida y la libertad de los ciudadanos”.
Recuerdan que el desplazamiento interno de personas por motivos violentos durante mucho tiempo se remitió al marco de la Revolución de 1910-17, hasta que los años setenta del siglo pasado irrumpió la llamada Operación Cóndor en Sinaloa.
“Es una verdadera complicación social, vieja por sus orígenes y profunda por sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida en nuestro estado”, enfatizan.
Critican que las fuerzas armadas fueron el primer frente en el combate al narcotráfico, su accionar sin ningún control social ni del Estado y la violencia delincuencial arrojaron un saldo demasiado doloroso.
Refieren que durante la guerra contra el narcotráfico capitaneada en 2006-2012 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, generó nuevos desplazamientos masivos en los municipios de El Fuerte, Choix, Badiraguato, Culiacán, San Ignacio, Concordia y Mazatlán, entre otros.
“Y municipios colindantes de Chihuahua y Durango, abundan, sufrieron el éxodo de unos 27 mil desplazados que buscaron refugio en los municipios de Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán; la expresión fuerte de dichos desplazamientos fue entre 2009 y 2012”.
Aseguran que en el marco de la campaña para aprehender a Joaquín el Chapo Guzmán, donde la Secretaría de Marina tuvo un papel central, el desplazamiento forzado interno resurgió en el municipio de Tamazula Durango.
“Y Cosalá, Sinaloa, continúan, se convirtió en el santuario de las familias desplazadas: unas 250”.
Argumentan que la atención parcial de las emergencias de la violencia mediante la utilización de las fuerzas públicas en la sierra, evidencia que las autoridades no han instrumentado un programa integral de protección a las víctimas y la prueba es que la demanda más sentida de 418 familias es la vivienda.
“El Congreso del Estado aprobó una partida de 30 millones de pesos para vivienda de los desplazados, que, aunque lentamente, se aplican en la adquisición de terrenos en Mazatlán, Culiacán y Guamúchil, y en acciones parciales de apoyo a desplazados del centro y norte del estado”, reconocen.
En ese contexto, consideran que nada de lo hecho es suficiente y el fenómeno demanda una acción integral que permita detenerlo y dar una verdadera alternativa a los desplazados.
“El espejo de Colombia y su réplica mexicana son demasiados contundentes para cerrar los ojos ante una realidad que empeora a cada momento”, alertan.
Artículo publicado el 9 de junio de 2019 en la edición 854 del semanario Ríodoce.
