“Hubo una especie de presión poniendo una realidad catastrófica”, expresa la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Graciela Domínguez Nava, al explicar el contexto en el cual se acordó restringir el acceso a las instalaciones del Poder Legislativo.

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Ese lunes 29 de abril, el tema no estaba entre los asuntos que se trataría en la reunión de la JUCOPO, pero de última hora el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, planteó que se tocara el asunto y adelantó también que en la siguiente sesión del Pleno registrarían un posicionamiento sobre el tema de violencia política.

“Nosotros actuamos de buena fe”, acota la líder de Morena al mencionar que desde hacía varias sesiones la diputada Karla Montero Alatorre como Jacobo Gutiérrez habían planteado el tema de inseguridad que sentían.

“En ese contexto Karla y Jacobo empezaron a decir qué estábamos esperando, que pasara algo más grave, que pasara de los insultos a otras acciones”, relata.

“Admito que eso fue lo que nos llevó a decir, ok, que se arme un documento que se pueda documentar qué es lo que ha estado sucediendo, y que se les comunique a ellos, en ese momento no contábamos con esta parte jurídica”, señala la diputada de Morena.

En la versión estenográfica del  acta de la sesión de ese día quedó asentada la discusión:

El secretario general: Son muy difíciles.

Sergio Jacobo Gutiérrez: Hay que vetarlos.

Secretario general: Yo propongo eso Karla, vayan mañana e interpongan eso.

Sergio Jacobo Gutiérrez: Limitarles el acceso.

Secretario general: Lo que ustedes acuerden. Quiero decirles que vamos a seguir teniendo problemas con ellos, me dijeron una lista, sobre otros más.

Karla Montero Alatorre: Pues ahorita ya tienen tres semanas conmigo.

Sergio Jacobo Gutiérrez: Hay que tomar medidas.

Que se tome nota de todo lo que he se ha planteado y que se documenten los motivos por los cuales se les va a prohibir la entrada, pero que quede asentado.

Y asumimos, todos, la responsabilidad.

Se estaba tomando de hecho un acuerdo al interior de la JUCOPO, aunque en términos estrictos el tema no se sometió a votación.

“Estoy de acuerdo en que aquí se haga todo un documento, de que quede asentado por qué y cuáles han sido los motivos tanto internos como externos del por qué pues ellos no pueden seguir estando aquí”, dijo la diputada Graciela Domínguez, en la reunión de JUCOPO, en tanto que el secretario general del Poder Legislativo, José Antonio Ríos Rojo, se comprometió a comunicar el acuerdo al área de Seguridad.

“Todos no valoramos la parte jurídica, todos creo que soslayamos esa parte. Y mi responsabilidad me llevó a valorar esa parte”, expone Domínguez Nava, quien posteriormente se reunió con el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral.

La inquietud era que pese a que habían tomado una decisión al interior de la JUCOPO al calor de una serie de presiones, presuponiendo que pudiesen pasar cosas más graves al interior del recinto legislativo, debía revisarse la parte jurídica.

La presidenta de la JUCOPO sostuvo una reunión con los activistas de la organización Centro de Unidad Ciudadana (CUCS ) que habían estado entrando al recinto legislativo en las últimas sesiones con mantas que pegaban en la sala de sesiones con ataques a diversos diputados.

Comenta que informó al coordinador de diputados del PRI sobre la reunión que sostuvo con los ciudadanos que habían acudido a protestar en los últimos días, y encontró que había una actitud de apertura y positiva. “Después le informé que habíamos revisado jurídicamente el que íbamos a incurrir en una ilegalidad si nosotros manteníamos el acuerdo de que les prohibiera la entrada, y el diputado me dijo: está bien no hay problema”.

El acuerdo en realidad no se aplicó, porque en la sesión siguiente entraron sin problemas, cargando un par mantas, dos integrantes del  CUCS, entre ellos Gabriel Campos Beltrán una activista a quien se les restringió el acceso en la Legislatura pasada, cuando Irma Leticia Tirado, coordinadora del PRI, era la presidenta de la JUCOPO.

El argumento jurídico da la marcha atrás al acuerdo

Con los argumentos jurídicos a la mano, en la siguiente sesión dela JUCOPO, realizada el día 6 de mayo, la diputada Graciela Domínguez Nava planteó que al acuerdo de restringir el acceso de la sesión anterior, debía quedar sin efecto.

A esa reunión no asistió el coordinador de la bancada del PRI, pero envió como representante a la diputada Cecilia Morena. Tampoco acudió el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Iván Villalobos, quien delegó su representación en la diputada Roxana Rubio. Ausentes también el perredista Édgar González Zataráin, la diputada postulada por el PES, Karla Montero Alatorre y el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez.

Como quedaría asentada en el acta de la sesión, de acuerdo con el artículo 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo toda persona tiene derecho a asistir a presenciar el desarrollo de las sesiones públicas del Congreso.

Otro argumento sería que la ley señala que para garantizar el curso y orden de las sesiones, solo tienen facultades para restringir la entrada, el presidente de la Mesa Directiva y el Pleno, por lo tanto un acuerdo en este sentido por parte de la JUCOPO era una extralimitación.

Un elemento adicional planteado fue que incluso había amparos resueltos a favor de los derechos de los ciudadanos por no permitirles la entrada sin fundar ni motivar causa, ya que no existían acuerdos de la Cámara ni documento por escrito del presidente de la Mesa Directiva.

A los argumentos jurídicos se adjuntó una copia del amparo que protegió los derechos de Alán Alfonso Pérez Ramos, notificado oficialmente a la JUCOPO por parte del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, Eduardo López Cabanillas, el 18 de diciembre de 2018.

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La solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal fue presentado por Alán Alfonso Pérez Ramos el 11 de agosto  de 2017, pero también por los ciudadanos Héctor R. González Peña, Rezza Pehavlevy Terán Rodríguez, Atanacio Loza Bazán, Gabriel Campos Beltrán, Abel Jacobo Miller, la hoy diputada Karla Montero Alatorre y Ernesto Saldaña García.

El acto reclamado precisamente era que le impedían el acceso a las instalaciones del Congreso del Estado.

El juez segundo de Distrito desechó de plano la demanda de amparo por estimarla notoriamente improcedente, pero inconforme con esta decisión, Alán Alfonso Pérez Ramos interpuso recurso de queja ante el órgano colegiado, el cual resolvió en sesión plenaria del 16 de noviembre de 2017, declarar fundada la queja. En cumplimiento a ese fallo, el juez de Distrito admitió el amparo el 4 de diciembre de 2017, y el 29 de enero de 2018 dictó la sentencia a favor del ciudadano quejoso.

Alán Alfonso Pérez Ramos no estuvo satisfecho con la sentencia y presentó el 13 de febrero de 2018 un recurso de revisión ante el Juzgado Segundo de Distrito, y tras un largo proceso jurídico logra el amparo, con el voto unánime de los magistrados, contra las autoridades del Congreso del Estado de Sinaloa por no permitirle estar presente en las sesiones.

La exigencia de aplicar el acuerdo

“Todos debemos tener una actitud de privilegiar lo que dice la ley. Los coordinadores tenemos que buscar acuerdos, pero alrededor de la legalidad, no podemos estarlo haciendo al margen”, señala la líder de Morena, cuando se le cuestiona sobre la exigencia del PRI, PAN y PT de aplicar el acuerdo de restricción que ya se había tomado.

Señala que en la anterior Legislatura se tomó una decisión equivocada de prohibirle la entrada a una persona, y el resultado fue que se ganó un amparo y el derecho a que se les dejara entrar.

Ahora que el PRI demanda que existan mayores filtros para el acceso a las instalaciones del Poder Legislativo, cuestiona porque el Grupo Parlamentario del PRI, no promovió cambios en la legislación para aplicar esas medidas que ahora se señalan.

Recodó que la única toma violenta que ha tenido durante esta Legislatura ha sido la que promovió la CNC y los diputados del PRI.

“Nuestra postura ha sido de tolerancia y de apostarle al diálogo”, pese a que ha habido actitudes violentas como el despojo de su silla al presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral.

“Los derechos no se negocian y el ciudadano tiene un derecho establecido en nuestra ley”, remata.

Artículo publicado el 12 de mayo de 2019 en la edición 850 del semanario Ríodoce.