julio 18, 2019 11:46 am

Una Guardia Nacional con contrapesos

guardia nacional amlo

Los sinaloenses, y también los paisanos de decenas de estados, saben directamente el significado que tiene la militarización del país porque los problemas de inseguridad persisten.

Lo sabe además porque han estado desde hace buen tiempo en las tareas de lucha contra el narcotráfico y a cargo del sistema de seguridad estatal, incluso la de los municipios.

Y los resultados están a la vista: el narcotráfico sigue galopando sin que parezca tener freno de ningún tipo; los asesinatos y guerras entre cárteles están a la orden del día; los penales, aunque formalmente hay control, en realidad lo tienen los miembros de los cárteles y explican mucho las fugas de reos que se presentan.

Sin embargo, se ha argumentado desde el gobierno de Felipe Calderón que los militares están desprotegidos jurídicamente para realizar sus tareas y que necesitan mayores garantías constitucionales para hacer su trabajo, lo que resulta un contrasentido si las cuentas no son las mejores.

No se aprobaron las reformas constitucionales y su ley reglamentaria durante el gobierno panista, como tampoco en el del priista Enrique Peña Nieto, y eso se explica por las reacciones que provocaba esa “mayor protección”, luego del rol que las fuerzas armadas tuvieron en la llamada guerra contra el narco, y los casos emblemáticos de los 43 estudiantes levantados en Iguala, los crímenes en Tlatlaya y Tanhuato… y también, hay que decirlo, por la oposición de izquierda que siempre vio en ello un riesgo para la seguridad pública.

López Obrador, en su largo caminar por el país, recordemos señaló que los militares deberían volver a los cuarteles y cumplir con sus tareas constitucionales, mientras las policías deberían hacer un mejor trabajo para proteger a los ciudadanos.

Esa fue su oferta electoral y muchos ciudadanos compraron esa idea porque percibían que las fuerzas armadas eran parte del problema, que cualquier rediseño de la seguridad pública pasaba por quitar al ejército y la marina responsabilidades policiales y no dar mayores competencias para que siguieran haciendo lo mismo.

Sin embargo, algo pasó en aquella entrevista que AMLO sostuvo con la cúpula de las fuerzas armadas ya como presidente en funciones, muy probablemente se le presentó un diagnóstico persuasivo que lo convencieron de la necesidad no sólo de que éstas continuaran con las tareas policiales, sino que habría que protegerlas jurídicamente.

Y sorpresa, entonces, la izquierda que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas dio el primer paso cuando esta semana votó a favor en alianza con el PRI y el partido Verde; falta el Senado de la República donde Morena tiene mayoría y es probable que la dosis se repita tanto en esta cámara como en los congresos de los estados.

Se dirá, bueno, se logró quitar el mando al Ejército que venía en la iniciativa original gracias entre otros, a la lucha mediática que sostuvo la diputada Tatiana Clouthier, y ahora la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que tendrá la responsabilidad del programa operativo, las políticas, estrategias y acciones que desempeñe el nuevo cuerpo de seguridad, en tanto el ejército y la marina tendrán a su cargo las tareas de organización y disciplina militar de los miembros de la Guardia Nacional.

Para los más críticos de la militarización, hay que distinguir entre los que simulan y buscan sacar tajada política, y quienes de buena fe perciben que el ejército y la marina no deben tener otras tareas más que las que hasta ahora tienen asignadas por la Constitución.

Sin embargo, los 363 votos de 500 que ha recibido la última versión en la Cámara de Diputados, nos indica que tendremos Guardia Nacional con mando civil, que es un avance y es de esperar que eso espante un poco los fantasmas que rodean la actuación de las fuerzas de seguridad.

Nunca más un ejército disparando contra los civiles indefensos.

Al tiempo.

Artículo publicado el 20 de enero de 2019 en la edición 834 del semanario Ríodoce.

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