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Armando Villarreal tiene orden de aprehensión por desvío de 293.5 mdp

CULIACAN SINALOA, 18AGOSTO2016.- Entrevista con el Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

FOTOS:CRISTIAN YARELY DÍAZ/RÍODOCE
ARMANDO VILLARREAL. Orden sin ejecutar.

Los tribunales esperan a Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas con Mario López Valdez.

Contra él hay una orden de aprehensión vigente desde el 30 de agosto de 2018, en la que también se incluye a Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero del Estado, y a José Carlos López Ramírez, Jefe del Departamento de Caja General.

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La Fiscalía General del Estado hizo la solicitud de la orden de aprehensión a la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien la aprobó por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública, pues en el expediente se señaló que los tres funcionarios desviaron 293 millones 479 mil 200 pesos.

En el expediente que se presentó se incluye que esa acusación se formuló por el resultado 118, de la auditoría financiera y de cumplimiento 007/2017, efectuada a la Secretaría de Administración y Finanzas en el segundo semestre de 2016.

“Transferencia y destino indebido de dineros en cuentas bancarias, cuyo manejo es para fines específicos, por disposición expresa de la ley, a cuentas bancarias de manejo de ingresos propios del Estado de Sinaloa por un monto de 293 millones 479 mil 200 pesos con daño a la hacienda pública federal y al interés público”, indica el expediente.

Esta es una de las denuncias que elaboró la Auditoría Superior del Estado en contra de la administración de Villarreal Ibarra, pero que no había sido efectiva para la Fiscalía General del Estado.

De hecho, la solicitud de la orden de aprehensión se hizo a cargo de la Fiscal Anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela, a través de Dámaso Castro Saavedra, director de la Unidad de Litigación Oral.

Sin embargo, aunque se encuentra autorizada, la orden no ha sido utilizada, pese a que los tres exfuncionarios se encuentran aún en Sinaloa y no cuentan con solicitudes de amparo, de acuerdo con los estrados del Poder Judicial de la Federación.

Villarreal Ibarra reside en Los Mochis y atiende su empresa de muebles que lleva su apellido.

Además, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, es socio de la firma Meprosa, Integradora Nacional de Agronegocios, la cual forma parte del grupo de empresas que conforman el mismo corporativo que actualmente construye el estadio de futbol en Mazatlán.

El ex secretario vive de sus activos empresariales, más no políticos, teniendo un modo de vida habitual público y despreocupado.

 

“No sabemos nada”: Villasana Falcón

La orden de aprehensión se confirmó con el oficio 6243/2018, que corresponde a la causa 880/2018, con la que se planteó llevar a los tribunales a Villarreal Ibarra junto a Ernesto Herrera Félix y a José Carlos López Ramírez.

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Hasta hoy, ninguno de los tres tiene siquiera una solicitud de amparo, y la razón, según lo planteó Humberto Villasana Falcón, quien fuera el abogado de la Secretaría General de Gobierno con Gerardo Vargas Landeros y después titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas con Mario López Valdez, es porque desconocen que están siendo perseguidos por la justicia.

—¿Por qué no tienen amparos?

—No hemos tenido notificación de ningún tipo de autoridad, tan es así que siguiendo cualquier proceso de investigación, checando la página del Poder Judicial, no existe la presentación de ningún tipo de amparo de parte del señor Armando Villarreal.

Tras la entrega recepción del Gobierno, Villasana Falcón se convirtió en uno de los asesores jurídicos de distintos ex funcionarios públicos, entre ellos el ex Secretario General de Gobierno.

Durante el proceso de acusaciones y sanciones administrativas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el abogado ha estado pendiente de los expedientes para emitir opiniones jurídicas.

“Hay un juicio de nulidad que se promovió ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ante la nueva sala ahora especializada en materia de irregularidades de servidores públicos, y está pendiente de resolución, es lo que tengo entendido hasta el día de hoy”, dijo.

El acompañamiento de Villasana Falcón no es desestimado, pues el ex secretario de Administración y Finanzas dejó un desaseo importante en las finanzas del Estado.

Por ejemplo, cuando se hizo el cambio de administración, se reveló que la deuda pasó de 8 mil millones de pesos a más de 13 mil millones.

Eso solo son señalamientos estatales. Tras de ellos hay una serie de denuncias penales y administrativas promovidas por las Auditorías Superiores de la Federación y del Estado.

Solo en la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación, se recordó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que se tienen más de 6 mil millones de pesos sin aclarar.

Por ejemplo, en ese reporte, que solo abarcó seis programas y se documentó la administración estatal entre 2012 y 2016, se tiene un pendiente por aclarar por 592.8 millones de pesos, cuyo indicador principal es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con 293.1 millones de pesos.

También se sumaron 6.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); 21.3 millones de pesos por Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; y del FORTASEG con 3.1 millones de pesos.

Los otros pendientes son 14 millones de pesos sin comprobar por el programa PROSPERA, y 255 millones de pesos de Seguro Popular.

 

Sanciones pendientes

Por los señalamientos que se han hecho por la Auditoría Superior del Estado, la Procuraduría General de la República cuenta con ocho denuncias penales por el mal uso de los recursos federales.

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En el caso local, la Fiscalía General ha llevado a tribunales a funcionarios de las secretarías de Turismo, Salud, Obras Públicas y ahora tiene pendiente de presentar a tribunales a los ex funcionarios de Salud.

Aunado a esas sanciones penales, también se suman las administrativas, las cuales se han promovido, en su mayoría, por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Durante 2017 se dieron a conocer 18 sanciones administrativas: 16 fueron inhabilitaciones, 2 suspensiones temporales y 6 multas económicas que suman 545 millones 465 mil pesos.

Entre los ex funcionarios amonestados están Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, quien debe pagar dos multas, una por 31 millones 900 mil pesos y otra por 447 millones 100 mil pesos.

También resalta Clodomiro Espinoza García, ex subsecretario de Ingresos, amonestado con 14 millones 284 mil 276 pesos, así como Jesús Alanís Cháidez, ex director de Fiscalización de la SAF, quien debe pagar 21 millones 426 mil pesos.

A ellos le sigue Everardo Ayala López, exdirector de Política Tributaria, con una multa por 17 millones 855 mil pesos.

De igual forma, a Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo, se le multó con 12.9 millones de pesos.

Entre las sanciones administrativas se incluyó a Armando Villarreal Ibarra y Ernesto Herrera Félix, quienes ahora tienen un proceso penal con orden de aprehensión.

El 10 de noviembre de 2017, la Secretaría de Transparencia informó que Villarreal Ibarra fue amonestado con una inhabilitación por siete años, debido a que omitió enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos.

El ex Secretario impugnó la inhabilitación ante la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, donde a la fecha no se tiene un resultado.

En el caso de Herrera Félix, la Secretaría de Transparencia informó que fue inhabilitado por tres años, luego de que se encontró una irregularidad en los saldos iniciales de las cuentas bancarias del gobierno.

Durante la administración de Mario López Valdez se reportó un saldo de mil 88 millones 671 mil pesos, cuando en realidad se recibió la cuenta con 421 millones de pesos, es decir, una diferencia de 667 millones de pesos.

De acuerdo con la subsecretaría de Responsabilidades, que depende de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, hay dos investigaciones abiertas en las que el principal implicado es Villarreal Ibarra.

Los datos de las investigaciones fueron reservadas, pero estas se mantendrán pese a que inicie un juicio en su contra.

 

Delitos probados

Armando Villarreal Ibarra, Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez, aunque no han sido detenidos, tendrán un juicio por delitos ya probados por la Fiscalía Anticorrupción.

El primer caso por  Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública que se llevó a tribunales fue el de un posible desvío por 8 millones 651 mil 798.52 pesos en la Secretaría de Turismo, que debieron utilizarse para el pago de las campañas de publicidad llamadas “Campaña Delta Vacations 2016”, “Campaña Canwest 2016”, y “Campaña Continental Airlines”.

Por el caso se presentó ante el juez a Rafael Lizárraga Favela, ex Secretario de Turismo; José Luis Martínez Romero, ex jefe de la oficina de administración de Turismo; y a Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría.

De ellos, la fiscalía anticorrupción estimó que solo Pineda Ochoa tenía responsabilidad en el desvío, y ahora, a través de un juicio oral, quieren solicitar una pena mayor a los 16 años.

Antes de eso, se deberá resolver una solicitud de amparo que se solicitó por la defensa, tras acusar que hubo inconsistencias desde que se le vinculó a proceso.

El segundo caso fue el de una contratación irregular en la Secretaría de Salud, en favor de la empresa Herramientas Médicas, firma de la familia Salido, ex socios de Echeverría Aispuro.

La contratación se hizo, según el expediente número SS/20/2016, por 18 millones de pesos para los servicios de imagenología para los hospitales generales de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, además del hospital integral de Sinaloa de Leyva.

El contrato se firmó por el ex Secretario de Salud Echeverría Aispuro y la ex directora administrativa de Servicios de Salud, María Alejandra Gil Álvarez.

Sin embargo, la oficina que dirigió Gil Álvarez solo firmó y pagó cheques por 14 millones 775 mil pesos sin justificar con la solicitud del ex Secretario.

Por el caso, la Fiscalía Anticorrupción dio a Echeverría Aispuro el derecho de recurrir a la figura jurídica denominada suspensión condicional del proceso, que le permitió pagar 7 millones y después de seis meses quedar en libertad.

El próximo 7 de febrero, según los estrados del Poder Judicial de Sinaloa, se celebrará una audiencia para informar si el ex Secretario de Salud cumplió con el pago y con haber permanecido en el país durante seis meses.

El caso sigue abierto, pues la Fiscalía solicitó juicio oral en contra de Gil Álvarez.

Un tercer caso es por licitaciones a modo por el Tiburonario de Mazatlán que colapsó el 1 de febrero de 2017.

La Fiscalía presentó a cuatro ex funcionarios implicados: Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; y Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos. Todos de la Secretaría de Obras Públicas.

Sin embargo, la Fiscalía no pudo demostrar que tenía suficientes datos para iniciar un proceso en contra de Carlos Ramón López Castro, por lo que quedó absuelto.

Ahora se suma un cuarto caso, pero contra ex funcionarios de Administración y Finanzas, el cual pudo haberse presentado desde el 30 de agosto, cuando se liberó la orden de aprehensión, solo que la Fiscalía no ha hecho las detenciones correspondientes.

Sin embargo, el organismo tiene al menos cuatro años para hacerlo, o que los ex funcionarios se amparen, pues estarán obligados a presentarse ante juez para iniciar un proceso penal.

Artículo publicado el 20 de enero de 2019 en la edición 834 del semanario Ríodoce.

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