Atrapadas en la “congeladora” legislativa, las iniciativas ciudadanas son castigadas con la indiferencia de los diputados del Congreso del Estado. No las rechazan, tampoco las aprueban, menos las discuten, simplemente quedan archivadas para formar parte del rezago legislativo.

En apego al artículo 45 de la Constitución del Estado de Sinaloa, el ciudadano tiene el derecho de iniciar leyes y decretos, o promover sus reformas, al igual que compete a los diputados, al gobernador, al Supremo Tribunal de Justicia, los Ayuntamientos y los grupos legalmente organizados en el estado.

La transición de una Legislatura a otra sirve en algunos casos de criba, ya que la Ley Orgánica del Congreso del Estado estipula que aquellas que quedan pendientes de resolución deben ser ratificadas ante la nueva Legislatura durante el primer periodo ordinario de sesiones, de lo contrario se desechan.

Hay casos de ciudadanos tenaces que han insistido en su propuesta y han ratificado su iniciativa ante cuatro Legislaturas, sin haber sido tomados en cuenta. Un caso, por ejemplo, es del doctor en Derecho Gonzalo Armienta Hernández, quien a título personal presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa desde el 14 de febrero de 2008, luego la ratificó el 13 de enero de 2011, lo volvió hacer de nueva cuenta en diciembre de 2013, una vez más recientemente en noviembre de 2016.

La propuesta de Armienta Hernández, quien sigue en espera desde hace 10 años a que se tome en cuenta su iniciativa, consiste en una Ley de Protección y Apoyo al Migrante que pretende reconocer un mínimo de derechos en su calidad de seres humanos, y establecer un mínimo de facultades y obligaciones para las autoridades estatales y municipales. El abogado aclara en su exposición de motivos que no buscar regular aspectos migratorios y de inmigración porque está consciente que dicha temática es de competencia federal.

Ramón Palacios Polanco, es otro ciudadano que ha buscado hacer uso de su derecho de presentar iniciativas ante el Congreso del Estado, pero que está insatisfecho con el resultado obtenido. Por ello acaba de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Estatal Electoral contra el Congreso del Estado, para obligarlo a que se dictamine una de sus iniciativas presentadas recientemente.

El logro obtenido por diversas agrupaciones ciudadanas que, mediante una resolución del Tribunal Estatal Electoral obligaron al Congreso del Estado a que dictaminara y sometiera a la discusión del pleno una iniciativa para transformar las reuniones de las comisiones permanentes de secretas a públicas, motivó a Palacio Polanco a seguir el mismo camino.

A la fecha ha presentado 12 iniciativas ciudadanas, 10 reformas a un artículo y dos iniciativas de ley, sobre seguridad vial y otra sobre movilidad, esta última presentada desde hace tres años y medio, y la primera hace dos años. “¡Dónde están! En un congelador muy grande del Congreso”, expresa.

A la fecha se le han decretado seis de sus propuestas, pero lamenta que cuando un ciudadano propone una iniciativa, se vive un proceso burocrático en el Congreso que provoca el enfado y no prosigue. A la hora que se toma en cuenta alguna propuesta, se aprueba quitando mucho el sentido original. “Queda una iniciativa totalmente mocha”, cuestiona, por ello precisamente ahora propuso una iniciativa para que se reforme la Ley Orgánica del Congreso para que el ciudadano promovente pueda participar en el análisis con voz, pero sin voto, en las comisiones.

Desde hace 10 meses presentó la iniciativa, por lo que buscó al actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Godoy, así como al secretario general del Congreso del Estado, Rafael Betancourt, para que le diera trámite, pero no logró que avanzara.

“Es una vergüenza, se lo dije a la diputada Irma Tirado y a Chuquiqui, que no podamos los ciudadanos defender una iniciativa”, lamenta el ciudadano que ha estado muy interesado en la presentación de iniciativas sobre seguridad vial para prevenir accidentes.

No será la primera vez que recurre a un amparo para que el Congreso tome en cuenta una de sus iniciativas; ya lo hizo en el pasado cuando lo obligó mediante ese recurso jurídico a que discutiera una iniciativa sobre la expedición de la licencia de conducir que incluía 12 artículos, pero los diputados sólo aprobaron uno.

Las iniciativas ciudadanas, sostiene, deben turnarse a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que se señale cuáles proceden, pero también cuáles no.

Otro ciudadano que está a la espera de que se discuta su propuesta es Jesús Estrada Ferreiro, quien presentó por escrito la iniciativa el 28 de enero de 2014, y como no se discutió la tuvo que ratificar ante la actual Legislatura el 12 de octubre de 2016.

En el documento de su ratificación Estrada Ferreiro, quien es actualmente candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán, consignó: “Vale aclarar que insistí en reiteradas ocasiones para que se dictaminara y se turnara al Pleno, sin embargo a la mayoría de Diputados de esa Legislatura no les importó proteger los intereses del pueblo de Sinaloa, traicionando la confianza que se depositó en ellos”.

La iniciativa contempla una reforma a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa para que no sea causa de limitación de los servicios el que los usuarios de cuota fija dejen de pagar uno o más meses o bimestres, por ser el acceso al vital líquido un derecho consagrado en la Constitución, para establecer en cambio que solamente pagarán recargos conforme a la Ley de Hacienda Municipal.

Entre las nuevas iniciativa ciudadanas recibidas durante la presente legislatura está la de Santos Guillermo López Aguirre, que propone adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios, que busca proteger con una indemnización a las familias y comercios que se ven afectados cuando una construcción o infraestructura pública no se realiza en el tiempo contratado o no se concluya.

“Tan devastador como habitual se ha convertido dicho panorama a lo largo del estado, que las autoridades lo toman con la mayor parte de las naturalidades, sin buscar soluciones para proteger a la ciudadanía afectada”, plantea en su exposición de motivos. La propuesta está recibida el septiembre de 2017.

En teoría no debiese existir “la congeladora legislativa”. El protocolo parlamentario establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado contempla que una vez que se recibe una iniciativa se turna a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico para determinar si cumple con todos los requisitos, luego pasaría a la mesa de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para programarla en la agenda del pleno, el cual las enviaría tras las primera y segunda lectura a comisiones, para que en un plazo de seis meses regrese al pleno para su discusión, aprobación o rechazo.

La estadística parlamentaria oficial del proceso legislativo indica que en el más reciente reporte que comprende del primero de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2018, 255 iniciativas presentadas por ciudadanos sinaloenses se han aprobado 52. En realidad la estadística oficial es imprecisa, ya que en su mayoría se trata de propuestas presentadas por diputados de la anterior legislatura, pero se contabilizan sus iniciativas como presentadas como ciudadanos porque cuando las ratifican ante la nueva Legislatura ya concluyó el cargo para el cual fueron electos.

La situación de las iniciativas presentadas por los grupos de ciudadanos legalmente organizados muestra también la indiferencia de los legisladores para discutir, aprobar o rechazar sus propuestas, y no queden olvidadas en la “congeladora legislativa”.

Un caso emblemático de la “congeladora legislativa” a iniciativas de grupos ciudadanos organizados es el de la Coordinadora Ciudadana Pro-Municipalización de Juan José Ríos A.C. , la cual ratificó su iniciativa en octubre de 2016, la misma que ya habían presentado en 2014.

El grupo de ciudadanos que buscan convertir a Juan José Ríos en municipio inició su gestiones ante el Congreso del Estado desde la LVIII Legislatura, es decir desde hace cinco camadas de diputados.

Un caso más es la iniciativa de Ley para el Pago de Aguinaldo a los Jubilados y Pensionados de los Servicios de Educación Pública Descentralizada (SEPDES), presentada por el profesor Carlos Ramón López Torres, vicepresidente de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Elpidio Domínguez Castro A.C.”, presentada desde el 18 de junio de 2013, que incluso recibió primera y segunda lectura y fue turnada a comisiones para la elaboración del dictamen correspondiente. El 10 de diciembre de 2013 la volvió a ratificar con la nueva legislatura para continuar con el proceso parlamentario, y una vez más en noviembre de 2016. La iniciativa sigue sin llevarse al pleno para su discusión.

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa presentó desde el 29 de septiembre de 2015 una iniciativa sobre una Ley de Movilidad de Tránsito Terrestre para armonizar las demandas de movilidad de personas y mercancías, para sentar las bases del desarrollo regional con una visión estratégica y una política planificada. CODESIN la ratificó con la actual Legislatura en enero de 2017. La propuesta no ha sido rechazada ni aprobada ni discutida. Sólo está archivada como recibida.

Al rezago de las iniciativas pendientes se suman nuevas propuestas de ciudadanos y grupos organizados sobre temas electorales como la segunda vuelta, la elección individual y no en planilla de regidores, así como de síndicos procuradores, la modificación de la elección de diputados plurinominales mediante asignación de candidatos de mayoría de segunda fuerza, el financiamiento público a partidos bajo el criterio del porcentaje de votación y no del padrón electoral, entre otras propuestas. Todos los planteamientos tienen el riesgo de quedar también en la “congeladora legislativa”.

Iniciativas ciudadanas con suerte

—Reformas a la Ley de Protección Civil y Ley de Hacienda Municipal para brindar financiamiento a los cuerpos de Bomberos. Fue presentada por Jorge Julián Chávez Murillo, presidente de la Asociación Estatal de Bomberos. Para lograr que fuera tomada en cuenta su propuesta, durante un año —de octubre de 2016 a noviembre de 2017— tuvieron que apostarse con los camiones de los tragafuegos frente al edificio del Poder Legislativo cada vez que había una sesión del Pleno.

—Iniciativa presentada por Beatriz Rodríguez Pérez para reformar la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar.

—Reformas a los artículos transitorios para reformar la Ley de Profesiones de Sinaloa, presentadas por Alma Leticia Montoya, presidenta del Consejo Directivo Estatal de la Asociación de Colegios de Profesionistas del Estado de Sinaloa A.C.

Artículo publicado el 10 de junio de 2018 en la edición 802 del semanario Ríodoce.