Al menos 25 personas murieron, entre ellas un periodista, 67 resultaron heridas, 43 desaparecieron y 20 han sido detenidas por la policía durante los cuatro días de protestas en Nicaragua, reportaron ayer organizaciones humanitarias, mientras el gobierno únicamente notificó el “fallecimiento de 10”.

El recuento preliminar fue realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos (Inddh), explicó la abogada y activista Mónica López a la agencia de noticias internacionales Dpa.

La Jornada publicó que de acuerdo con un informe, 17 víctimas (entre ellos un agente de la policía) murieron durante los incidentes violentos en Managua y en dos municipios vecinos. Tres fallecieron en Masaya, dos en León, dos en Estelí y una en Sébaco. La televisión local reportó el deceso del periodista Ángel Eduardo Gahona cuando cubría las protestas en la ciudad de Bluefields.

Además de los 67 lesionados (53 hombres y 14 mujeres), el texto subraya la destrucción de la emisora Radio Darío, en la ciudad de León, que fue incendiada el viernes por presuntos simpatizantes del gobierno.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abrió ayer un diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para reformar los aumentos decretados al sistema de seguridad social, que provocaron las violentas protestas desde el pasado miércoles.

El gobierno está totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz y la estabilidad para el trabajo, para que nuestro país no esté en medio del terror que se está viviendo en estos momentos, afirmó Ortega en cadena nacional.

El mandatario no fijó fecha para comenzar el diálogo, propuesto el viernes por el gremio empresarial, pero dijo que sus representantes están listos para discutir ese decreto –entró en vigor el miércoles– y hacer ajustes o redactar uno nuevo si es necesario, pues la reforma entrará en vigor el primero de julio.

Denunció, sin ofrecer nombres, que las protestas son alentadas por políticos críticos de su gobierno, quienes reciben financiamiento de sectores extremistas de Estados Unidos. Lo hacen para sembrar el terror, la inseguridad y destruir la imagen de Nicaragua tras 11 años de paz y tomar el gobierno.

Tras el discurso del mandatario, primero desde que comenzaron las movilizaciones, cientos de jóvenes nuevamente chocaron de manera violenta con policías antimotines en la capital de Nicaragua y otras urbes. Con los rostros cubiertos con camisetas, levantaron barricadas en las calles y lanzaron piedras a los policías, quienes los reprimían con gas lacrimógeno.

También había focos de tensión en la Universidad Politécnica, bastión de los manifestantes, mientras cientos de ciudadanos se concentraron al sur de la capital para protestar. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, indicó por la madrugada que la movilizaciones dejaron 10 personas muertas y decenas de heridos.

Las protestas, de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, comenzaron el miércoles anterior, un día después de la publicación, en el diario oficial La Gaceta, de un paquete de reformas que aumentó hasta 22.5 por ciento las cuotas de trabajadores y patrones al seguro social y dispuso una disminución de 5 por ciento a las pensiones de miles de jubilados para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, llamó al gobierno a dialogar para detener la violencia, que también ha dejado destrucción por vandalismo en edificios públicos, viviendas y comercios.

Exhortamos a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes y la voz de otros sectores que se han pronunciado sobre las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social y derogar las reformas a las políticas de esta institución, subraya un mensaje de la conferencia episcopal del país.

El gobierno de Costa Rica pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nicaragua, debido a la ola de violencia que sacude esta nación por las protestas.

La cancillería costarricense, en un comunicado, también hizo recomendaciones a las personas que indefectiblemente deban visitar la vecina nación y a quienes residan allá.