Se presume que sus propios compañeros, policías ministeriales, le dieron muerte

La tarde del 22 de abril de 2013, el Policía Ministerial del Estado, Alonso, murió después de un supuesto enfrentamiento a balazos. Casi cinco años después, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer que no hubo ningún tiroteo; las evidencias señalan que un agente de la PME disparó de manera injustificada contra el joven, quien ni siquiera estaba armado.

El organismo acusa que sus compañeros lo encubrieron y cambiaron el parte policial, incluso, en el informe señalaron que elementos del Ejército eran los que habían disparado.

Desde entonces la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una averiguación previa por el delito de homicidio doloso contra quien o quienes resulten responsables y hasta la fecha no la ha concluido.

El joven era originario de la colonia 22 de Diciembre y tenía 30 años de edad. La tarde del 22 de abril, Alonso ingresó al hospital del Seguro Social de Cañadas con heridas de bala y momentos después falleció.

Agentes policiales dijeron que había resultado lesionado en un enfrentamiento contra elementos de la Base de Operaciones Mixtas Urbanas, cuando circulaba en una camioneta Nissan, junto con otra persona que resultó ilesa.

Según el parte de la entonces Policía Ministerial del Estado, cuatro agentes de esa corporación y elementos del Ejército, Policía Federal, Estatal y Municipal realizaban recorridos de vigilancia, cuando escucharon disparos de arma de fuego. Los disparos presuntamente los realizaron Alonso y otra persona que viajaba con él en un vehículo.

De acuerdo con los ministeriales, los elementos del Ejército fueron quienes dispararon contra el vehículo. Ese día, después de la agresión, la comandancia de la Novena Zona Militar concentró a los agentes que participaron en el presunto tiroteo.

Peritos de la Procuraduría General de la República practicaron pruebas de balística y de rodizonato de sodio a los soldados y a las armas y todas dieron negativas.

“Se advierte claramente, elementos castrenses no efectuaron ningún disparo contra la integridad corporal del hoy occiso, por lo que el contenido del parte informativo de referencia, carece de veracidad y credibilidad, no obstante, la modificación premeditada de su contenido, es un intento de los elementos de la Policía Ministerial del Estado de deslindarse de responsabilidades en la muerte de V1 (Alonso)”.

“Por lo que este documento constituye por sí mismo un primer elemento para suponer que fue personal de esta corporación, quien realmente efectuó los disparos de arma de fuego contra V1, mismos que ocasionaron su muerte”, señaló la CEDH.

El parte policial indicaba que el agente involucrado solo había disparado al aire, lo que para la Comisión es un intento por desvincularse del fallecimiento.

El organismo mencionó que el policía dio positivo a plomo en ambas manos y las pruebas realizadas a su arma dieron positivo, lo que permite concluir que fue él quien disparó. La persona que viajaba con Alonso, establece la CEDH, en su declaración sobre la agresión dijo que los disparos los habían efectuado desde una patrulla cuyas características coinciden con las de la PME.

A la víctimas no le aseguraron ninguna arma de fuego ni hay evidencia de que hayan disparado, menciona la CEDH.

“No pasa inadvertido que de las constancias que obran agregadas a la presente investigación, no se desprende que a V1 se le haya asegurado algún arma de fuego, mucho menos que éste hubiese efectuado disparos contra los agentes ministeriales, por lo que el empleo y uso de arma de fuego que se implementó contra V1 fue por demás injustificada y excesiva, al considerar que se encontraba desarmado e indefenso contra las multicitadas agresiones”.

“Es con base en todo lo antes expuesto, que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos puede señalar que AR2 (policía) violó el derecho humano a la vida de V1″.

Por el homicidio de Alonso, la Agencia Segunda del Ministerio Público Especializada en el Delito de Homicidio Doloso inició una averiguación previa contra quien o quienes resulten responsables, pero hasta la fecha continúan la integración.

El organismo acusa que durante la agresión estuvieron presentes otros tres agentes de la PME, que presenciaron de manera directa que su compañero disparó de manera injustificada su arma y no lo arrestaron a pesar de que se configuraba la flagrancia delictiva.

“Lo que es de gran preocupación para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es que dichos agentes no sólo no garantizaron los derechos fundamentales de V1, sino que además, al suscribir el informe policial sin número, de fecha 23 de abril de 2013, encubrieron, apoyaron y validaron los actos arbitrarios realizados por su compañero; existen evidencias contundentes que lo asentado en el informe policial, particularmente que el Agente no disparó contra la integridad física del hoy occiso sino al aire y quienes supuestamente sí efectuaron esos disparos, fueron elementos castrenses, son sólo un intento por parte de AR2 de justificar el mal empleo y uso del arma de fuego con que quitara la vida a V1”.

El organismo estableció que los agentes violaron el derecho a la vida de Alonso. La CEDH pidió a la Fiscalía General del Estado repare el daño causado y ofrezca una disculpa pública a los familiares de la víctima. También solicita que a la mayor brevedad posible realice las diligencias procedentes para la integración de la carpeta de investigación y emita una resolución.

Para los agentes ministeriales pide se impongan las sanciones correspondientes. “Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, considera que la privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad”, indica el organismo.

“Todo servidor público de nuestro Estado y sus municipios, tiene la obligación inexcusable en el desempeño de sus funciones, de respetar y garantizar en todo momento el derecho humano a la vida de cualquier persona”, señala.

Artículo publicado el 11 de febrero de 2018 en la edición 785 del semanario Ríodoce.