Con la reestructura, el pago de los créditos que pidió Aguilar Padilla se prolongarán 13 años más y los de Malova 7 años más
La semana pasada, el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal la recontratación, con mejores condiciones financieras, de la deuda de 4 mil 500 millones de pesos, lo que permitiría refinanciar siete créditos de largo plazo que el gobierno estatal había contratado con distintas instituciones bancarias.
Con el refinanciamiento, la deuda que contrató Jesús Aguilar Padilla para indemnizar a los comuneros de la Presa Picachos en 2010, se extenderá por 13 años más, mientras que el Megacrédito de Mario López Valdez tardará en pagarse otros 7 años más de lo pactado.
Y es que esas deudas se habrían terminado de pagar entre el 2025 y el 2031, pero con la reestructura que en días pasados aprobó el Congreso de Sinaloa, ahora se prolongará hasta el 2038, es decir, 13 años más.
El refinanciamiento que anunció en la semana que transcurrió el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y que fue aprobado de inmediato por el Congreso local, plantea la contratación de uno o varios créditos por 4 mil 500 millones de pesos a un plazo de 20 años, para pagar los siete créditos que conforman la deuda pública actual de Sinaloa.
A través de una nueva figura financiera llamada Fideicomiso Público de Contratación, el gobierno de Ordaz Coppel busca contratar nuevos créditos por el mismo monto de la deuda actual pero con tasas de interés más bajas, que podrían darle un ahorro de 500 millones de pesos, aproximadamente.
Actualmente la deuda pública de Sinaloa está conformada por siete créditos con Banorte, Banamex y Bancomer, que suman un saldo pendiente de 4 mil 507 millones 363 mil pesos por créditos contratados en las administraciones de Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.
“Los beneficios que se tendrían: número uno sería un menor costo financiero; dos, consideramos que se pueden liberar participaciones federales, la deuda actual está garantizada con participaciones federales que tiene el Gobierno del Estado y esto nos va a permitir liberar con el nuevo esquema financiero que estamos teniendo; tres, vamos a tener una disminución en los costos de administración de la misma deuda”, enfatizó Ortega Carricarte.
La deuda heredada de Aguilar y Malova
El crédito más antiguo que conforma la deuda pública a largo plazo de Sinaloa se remonta a 2006 durante la administración de Jesús Aguilar Padilla.
En aquel momento, el gobierno de Aguilar Padilla utilizó la misma estrategia que hoy plantea la administración de Ordaz Coppel, una reestructura de la deuda.
De acuerdo con el contrato del 26 de enero de 2006, el gobierno de Sinaloa adquirió una deuda de dos mil 370 millones de pesos para el refinanciamiento de la deuda pública, la cual en ese entonces consistía en dos mil 356 millones 400 mil pesos, el resto se utilizó en los gastos de contratación.
Según el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los 12 años que han transcurrido desde entonces apenas se han pagado 288 millones 350 mil pesos de ese monto.
Actualmente, aún faltaban 18 años para terminar de pagar la reestructura que realizó Aguilar Padilla. Sin embargo, con la nueva reestructura de Ordaz Coppel, a este crédito se le agregarán dos años más de plazo.
Pero en cada crédito la prolongación del plazo varía.
Por ejemplo, en la recta final de su gobierno y ya con Ordaz Coppel como secretario de finanzas, Aguilar Padilla también contrató dos créditos más por 125 millones de pesos, cada uno, para la indemnización de los terrenos expropiados a los comuneros de la Presa Picachos.
El Registro Único de la SHCP permite conocer que luego de ocho años, por esos dos créditos se han pagado apenas 107 millones 452 mil 631 pesos de un total de 250 millones.
Este par de créditos se liquidarían en 15 años a partir de 2010 cuando fueron contratados, es decir en 2025. Pero con la reestructura el plazo para pagarlos se prolongará hasta por 13 años más y se saldará hasta 2038.
Los otros cuatro créditos corresponden al periodo de Mario López Valdez.
En el primer año de su gobierno y con el pretexto de una emergencia tras el Huracán “Manuel”, López Valdez consiguió una autorización de crédito por dos mil 600 millones de pesos, llamado popularmente como “megacrédito”.
Una vez autorizado por el Congreso local, el megacrédito fue contratado en cuatro etapas y con tres bancos distintos. Los cuatro créditos se contrataron con una vigencia de 20 años, cada uno.
El primero se contrató con Banorte por mil 339 millones de pesos, en octubre de 2011. Posteriormente, el 15 de enero de 2012 se contrató un crédito con Banamex por 500 millones de pesos y una semana después, el 27 de enero de 2012 se contrataron 339 millones de pesos con Bancomer.
Para el cierre de 2012, el 8 de noviembre de 2012 se adquirió un último crédito por 422 millones de pesos con Bancomer.
A la fecha, por el megacrédito de Malova de 2 mil 600 millones, apenas se han pagado 316 millones 834 mil 359 pesos.
En el caso de los créditos por el megacrédito, con la reestructura de Ordaz Coppel el plazo se prolongaría seis años más de lo que se tenía pactado.
La reestructura de Quirino
Aprobado por el Congreso local de forma inmediata, en apenas una semana, el refinanciamiento que solicita el gobierno de Ordaz Coppel se fundamenta en una reforma recién autorizada apenas en diciembre pasado, la cual también fue pasada por los legisladores sin ninguna oposición, sin ningún análisis o socialización de los temas ante la ciudadanía.
Se trata de una reforma a la Ley de Deuda Pública de Sinaloa, en la que se introduce el esquema Fideicomiso Público de Contratación y que apenas un mes después de ser aprobado es utilizado de forma inmediata por Ordaz Coppel.
El Fideicomiso Público de Contratación, según el dictamen aprobado por el Congreso del Estado el pasado 25 de enero, tendrá como objetivo que a través de él se contraten financiamientos que serán destinados al pago de la deuda pública.
A través de este fideicomiso también se vincularán las participaciones federales que se afecten como garantía de pago.
“Esta se va a poner bajo los nuevos esquemas que también aprobó la Secretaría de Hacienda a finales del año pasado en un fideicomiso que permite aislar o darle una mayor garantía con participaciones federales a la deuda que se está reestructurando y por ello facilita el mejor manejo de la misma”, explicó Ortega Carricarte en conferencia.
LA DEUDA DE SINALOA
Artículo publicado el 28 de enero de 2018 en la edición 783 del semanario Ríodoce.
