En los primeros resultados de la investigación realizada al Tiburonario de Mazatlán, pocas cosas cuadran. Una de ellas es que se trata de una obra contratada y ejecutada por el Estado que ahora deriva en sanciones para autoridades municipales que poca o ninguna responsabilidad tienen legalmente.
Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González, ex alcaldes de Mazatlán, lo dicen de forma directa y defienden que las inhabilitaciones en su contra se originan sólo en una argucia política del PRI, el partido rival, con miras al proceso electoral del 2018.
Lo cierto es que los cinco contratos y los siete convenios de ampliación que conformaron la obra del Tiburonario, contratados entre 2010 y 2016, fueron concursados, contratados y ejecutados por el gobierno del Estado con recursos federales, en las administraciones de Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez con las empresas Osuna y Osuna Arquitectos y Grupo Ecosistemas de México en sociedad con Ramiro Burgueño Niebla.
A pesar de ello, el gobierno municipal de Mazatlán, presidido por el priista Fernando Pucheta Sánchez, acusa a los ex alcaldes panistas y a sus ex secretarios de Obras Públicas y Planeación Urbana de omisión y negligencia por no haber expedido licencias de construcción, no realizar una correcta supervisión de obra y porque no se realizó la mecánica de suelos en el Proyecto Ejecutivo.
Pero deja en segundo término y sin reflectores lo que verdaderamente sucedió al interior de la pecera entre octubre y noviembre de 2016, durante la administración de Pucheta Sánchez, y que ahora se revela en un peritaje sobre cómo un buzo intentó remover un sello del acrílico y ocasionó una fisura que finalmente estalló el 1 de febrero de 2017.
Ríodoce consultó a un funcionario público con más de 10 años de experiencia en Obras Públicas municipales, quien explicó que la responsabilidad por la falta de documentación en el Expediente Técnico recae en el Estado, quien en este caso fue el que contrató la obra.
“Es una aberración, la supuesta investigación. Me hace sospechar que es un intento de maniobra política del alcalde Pucheta por deshacerse de dos activos importantes de Acción Nacional en una burda maniobra que no tiene ningún sustento jurídico”, expresó Felton González, en una conferencia conjunta con Higuera Osuna que se llevó a cabo al día siguiente de darse a conocer la resolución de la contraloría municipal.
¿Acusaciones políticas?
Lourdes Sarabia, Síndico Procurador de Mazatlán, sostiene en los fundamentos del Procedimiento Administrativo en contra de los ex alcaldes y seis ex funcionarios municipales, que fueron omisos en sus facultades de vigilar el desarrollo de la obra pública.
El resolutivo cita la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Reglamento de Construcción de Mazatlán, el Reglamento Interno del Ayuntamiento de Mazatlán y la Ley de Protección Civil del Estado, como las normativas que supuestamente violaron los ex alcaldes y sus ex directivos.
Y es que de acuerdo con un Informe Pericial en Ingeniería Civil, el cual forma parte del procedimiento administrativo, el Tiburonario carece de licencia de construcción, estudio de mecánica de suelos, el proyecto original fue modificado en varias ocasiones, los procesos constructivos son deficientes y la obra civil presenta deficiencias estructurales fundamentales.
Al respecto, un servidor público, consultado por Ríodoce, explicó que el cumplimento de todos los conceptos anteriores debieron ser una obligación del Estado, específicamente de la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, como la autoridad que contrató la obra y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como vigilante del proceso de licitación.
“Cuestiones como la licencia de construcción, la mecánica de suelos, forman parte de un Expediente Técnico que se conforma antes del concurso de licitación y el Estado, en este caso, lo debió reunir antes de adjudicar cada uno de los contratos”, explicó.
“Cuando es la Licitación y llega el Acto de Presentación y la Apertura de las Propuestas, al terminar el acto, la Secretaría de Transparenta te pide (al Estado) que le muestres el Expediente Técnico para corroborar que tienes todo en regla y lo puedes adjudicar”, agregó.
Sin embargo, señaló que sí podría haber una responsabilidad del municipio al permitir que estas obras se llevaran a cabo sin los permisos correspondientes. Pero consideró que la responsabilidad administrativa en este caso debiera alcanzar sólo al nivel de los directores de obras y/o planeación urbana.
El resolutivo del gobierno de Pucheta Sánchez acusa que los ex alcaldes son responsables por no haber cumplido con su deber de custodiar y conservar la documentación, así como ser omisos en el control, dirección y organización de los servidores públicos a su cargo.
“Las reseñadas omisiones se materializan en las notorias deficiencias presentadas en la construcción del Tiburonario y en la consistente en la fractura de uno de sus acrílicos, ya inaugurada la obra, incluso abierta al público, con lo cual se ocasionaron daños y perjuicios al patrimonio del municipio de Mazatlán”, señala el expediente del procedimiento administrativo.
Peritaje demostró que Tiburonario carece de:
Licencia de construcción.
Estudio de mecánica de suelos.
Proyecto original modificado reiteradamente.
Procesos constructivos deficientes.
Obra civil con deficiencias constructivas fundamentales
¿Quién concursó y construyó el Tiburonario?
JUNIO 2010 – CONT-SCOP-LP-REM-139-2010
Contrató: Jesús Aguilar Padilla.
Obra: Remodelación del Acuario Municipal (fachada y Tiburonario).
Recursos: Programa de Inversión Pública Estatal y Presupuesto de Egresos de Federación.
Contratista: Osuna y Osuna Arquitectos SA de CV.
Monto: 11 millones de pesos.
Ampliaciones: Convenio de ampliación 1 millón 580 mil pesos.
Dos convenios de ampliación por 170 y 24 días.
DICIEMBRE 2011 – CONT-SDUOP-LP-CONST-238-2011
Contrató: Mario López Valdez.
Obra: Construcción de sistema de refuerzo de cimentación de estructura existente y construcción de pilotes reforzados en la obra del Tiburonario.
Recursos: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (Ramo Administrativo 20.- Desarrollo Social), PEF-2011, y con recursos del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos Turismo-Estado.
Contratista: Osuna y Osuna Arquitectos, S.A. de C.V
Monto: 3 millones 675 mil pesos.
Ampliaciones: Dos convenios de ampliación por 42 días y 53 días.
DICIEMBRE 2011 – CONT-SDUOP-LP-CONST-239-2011.
Contrató: Mario López Valdez.
Obra: Construcción de obra civil, estructuras metálicas en accesos y fachadas complementarias y suministro y colocación de Acrílicos de polímeros transparentes en la obra del Tiburonario.
Recursos: Federales del Programa 24 de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Contratista: Osuna y Osuna Arquitectos SA de CV.
Monto: 16 millones 071 mil pesos.
Ampliaciones: Dos convenios de ampliación por 42 días y 63 días.
AGOSTO 2013 – CONT-SDUOP-LP-CONST-171-2013
Contrató: Mario López Valdez.
Obra: Remodelación del Acuario Municipal (fachada y Tiburonario)
Recursos: convenio Turismo 2013 y Desarrollo Regional
Contratista: Osuna y Osuna Arquitectos, S.A. de C.V.
Monto: 18 millones 665 mil pesos.
Ampliaciones: 971 mil 828 pesos.
MAYO 2016 – CONT-SDUOP-LP-CONST-030-2016
Contrató: Mario López Valdez.
Obra: Construcción —etapa final— del Tiburonario.
Recursos: Convenio para Desarrollo de Destinos Turísticos.
Contratista: Grupo Ecosistemas de México, S.A. de C.V. asociada con José Ramiro Burgueño Sánchez.
Monto: 13 millones 805 mil 166 pesos.
El colapso del Tiburonario alcanza a dos ex alcaldes
Los panistas mazatlecos, “feltonistas” e “higueristas” preparaban los detalles de la cena familiar de fin de año 2017 y aparentemente daban tregua a la agenda política con miras al 2018, cuando la mañana del 27 de diciembre, se congregaron en el patio de las instalaciones del PAN municipal, para cerrar filas con los exalcaldes Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González.
“Es una aberración… este es un tema evidentemente político, el señor (Fernando Pucheta Sánchez) está obsesionado por la reelección y quiere quitar a dos cuadros fuertes de Acción Nacional”, aseguraba Felton González con sus lentes montados en el caballete de su nariz.
En la misma tesitura de Carlos Felton, el expresidente municipal Alejandro Higuera Osuna, argumentó que dicha inhabilitación de la función pública tiene dedicatoria política, pero que a sus adversarios políticos les salió el tiro por la culata, porque el panismo mazatleco cerró filas en torno a ellos.
En ese tenor, tanto Felton González como Higuera Osuna aseguraron que sin descuidar la retaguardia política, iniciarán un procedimiento jurídico ante el Tribunal de Justicia Administrativa que puede tardar hasta dos años de proceso, por lo que no quedarán fuera de la contienda política del 2018.
“Que no nos piquen la cresta”, sentenció Alejandro Higuera Osuna, que en la antesala del Día de los inocentes había dicho que si no tenían pensado participar en el proceso de 2018, la “inhabilitación” los metía en la contienda.
Carlos Felton González dijo a sus acusadores que no los inviten al baile (al ring político), porque a ellos les gusta bailar y nadie lo contradijo, quizá asumiendo que los 2.5 millones de litros de agua derramados de la pecera colapsada dejan una pista propicia para el 2018 con el tema de campaña del tiburonario.
Reportaje publicado el 31 de diciembre de 2017 en la edición 779 del semanario Ríodoce.