Dependencias quieren 200 mdp para combatir corrupción en Sinaloa

 

 

El recién nombrado magistrado Ricardo Aguilasocho Rubio, quien encabezará la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas en el Tribunal de Justicia Administrativa, no tiene oficinas ni personal para comenzar a operar.

A pesar de que el Congreso del Estado ya le tomó protesta, la Secretaría de Administración y Finanzas apenas analiza la autorización de un recurso emergente para que el Tribunal rente nuevas oficinas, adquiera equipo de cómputo, materiales y suministros y contrate a una treintena de nuevos empleados que integrarán la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.

En condiciones similares se encuentra la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado, ambas integrantes del Sistema Local Anticorrupción, quienes legalmente deberán modificar sus facultades y estructura para el combate a la corrupción y para ello requerirán por lo menos más de 200 millones de pesos.

 

Nuevo magistrado, sin presupuesto

La instalación del Sistema Local Anticorrupción en Sinaloa va cumpliendo con los tiempos legales pero no así con los presupuestos para que cada uno de los involucrados en el sistema pueda operar, señaló Héctor Samuel Torres Ulloa, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

Torres Ulloa cuestionó que los legisladores hayan cumplido con las adecuaciones legales pero no advirtieron la modificación presupuestal. Y es que con las nuevas facultades y obligaciones que ahora tiene el Tribunal de Justicia Administrativa, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su presupuesto para el 2018 deberá duplicarse.

Detalló que tan sólo para la Sala Anticorrupción, en lo inmediato se requieren 13 millones y medio de pesos, mientras que en el 2018 el presupuesto del Tribunal deberá incrementarse de 36 millones de pesos a 80 millones de pesos al año.

“De lo que nosotros recibimos del presupuesto prácticamente requerimos el doble y un poquito más. El Congreso está cumpliendo con los tiempos pero nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una reunión para recordarles que el Tribunal ya debiera tener esto (presupuesto)”, enfatizó Torres Ulloa.

La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas o Sala Anticorrupción que presidirá Ricardo Aguilasocho Rubio, será la encargada de recibir las investigaciones en materia de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos y de particulares que le turnen la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) y deberá emitir o descartar una sanción.

Antes de la creación del Sistema local Anticorrupción, según explicó Torres Ulloa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sólo se encargaba de validar la sentencia y era la STRC del Estado la que emitía la sanción, facultad que ahora se le ha eliminado.

Para la ASE el reto es similar. Emma Félix Rivera, titular de la dependencia, explicó que el nuevo sistema implica una reestructura integral en la forma cómo venía trabajando la ASE.

Señaló que se deberá crear una nueva Unidad Investigadora y Sustanciadora, un Órgano Interno de Control, reestructurar el Área Jurídica de la Auditoría y la contratación de más auditores.

“Nosotros ya presentamos un proyecto de programa operativo y ahí ya se prevé cómo es la reestructura. Hubo acciones que desaparecieron y se crearon unas nuevas, va a haber una modificación integral”, explicó Félix Rivera.

Actualmente la ASE tiene un presupuesto anual de 91 millones 458 mil 660 pesos, pero la titular de la dependencia rechazó dar un estimado de cuánto ocupará adicional para las nuevas atribuciones que le exige el Sistema Anticorrupción.

 

La Fiscalía procura 70 mdp

Aunque aún no se nombra al titular de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal general Juan José Ríos Estavillo ya sacó cuentas de cuánto costará poner en marcha la nueva área especializada en castigar los delitos de la corrupción.

Ríos Estavillo explicó que se tomaron en cuenta los parámetros de presupuesto de otras fiscalías en el país y a partir de ahí se ajustaron a un proyecto de presupuesto de 70 millones de pesos para la Fiscalía Anticorrupción.

“Como se habla de una oficina de reciente creación que guarda todo un diseño y toda una modalidad que va desde un edificio propio, material humano y toda una serie de materiales estamos generando una propuesta de alrededor de los 70 millones de pesos para el próximo año”, detalló  el fiscal.

Ríos Estavillo señaló que al igual que la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, para la Fiscalía Anticorrupción se deberán buscar oficinas, equipo de computo, vehículos y personal nuevo.

El Fiscal adelantó que aunque no forman parte del Sistema Anticorrupción, otros temas como los delitos electorales, la ley de trata de personas y la alerta de género, también requerirán que el presupuesto actual de 747 millones de pesos se incremente en 2018.

 

 

 

 

 

 

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