Para el Sector Salud del gobierno federal es caso cerrado la muerte de ocho bebes en la unidad de cuidados intensivos de neonatales del hospital general “Jesús Kumate García” al no encontrarse indicios de que éstas fueron producto de una contaminación por bacteria.
Pero para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para la Vice Fiscalía zona norte, el asunto no está muerto sino más vivo que nunca, con investigaciones en proceso de desarrollo.
Los bebés fallecieron entre el 13 de julio y 22 de julio en forma consecutiva. Familiares de estos alertaron en redes sociales que las muertes fueron producto de alguna infección en quirófanos o en la sala de neonatos.
Siete días después, el 29 de julio, el secretario de salud del gobierno de México, José Narro Robles anunció: “Hasta el momento no existen datos de que el fallecimiento de los ocho bebés en el Hospital General de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, haya sido por una bacteria, de acuerdo con el informe de resultados de la investigación realizada por expertos de la Secretaría de Salud federal”.
La conclusión se tomó tras revisión de las condiciones de operación y supervisión de las medidas tomadas por el equipo de expertos en materia epidemiológica (DGE), de calidad en salud (DGCES-CCINSHAE) y regulación sanitaria (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud federal, que desde el pasado 25 de julio se encuentra en el nosocomio coordinados por el titular de la COFEPRIS, Julio Sánchez y Tépoz.
Narro explicó que con base en el informe de resultados, las defunciones de los ocho neonatos se debieron a las condiciones físicas de las madres y a las circunstancias físicas en las que nacieron los bebés.
En cuatro casos, la causa de muerte está relacionada con sepsis neonatal; sin embargo, en dos de ellos la infección fue adquirida en útero; una más fuera del hospital y sólo en uno de los cuatro casos, el cuadro clínico corresponde a una infección nosocomial.
En consecuencia, se puso en marcha un programa integral a corto, mediano y largo plazos, para la adecuada prestación de servicios en el Hospital General, que consiste en el reforzamiento de la capacitación del personal becario, residente y adscrito del establecimiento, abasto de insumos y vigilancia sanitaria, entre otros.
COFEPRIS entregará al Hospital las recomendaciones derivadas de los estudios y la segunda semana de agosto hará la primera visita para constatar el cumplimiento de las recomendaciones.
No obstante las conclusiones médicas, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de salud estatal, anunciaron que el personal médico no ha salvado la situación y aún se analizan la actuación en el protocolo de atención a neonatos a fin de deslindar responsabilidades. “Tengan por seguro que si alguien falló, tendrá las consecuencias del acto. Este es un caso doloroso”.
En tanto el sector civil exonera al personal médico del caso de la muerte de los ocho bebés, Anara Aracely Sepúlveda Sauceda, visitadora zona norte de la Comisión de Derechos Humanos afirmó a medios de comunicación que se había abierto una investigación oficiosa de oficio y de que en este sólo una familia había interpuesto queja.
Argumentó que la lejanía de los lugares de residencia de los padres de los bebés fallecidos es el obstáculo para profundizar en la investigación, pero aseguró que se agotarán los medios de localización.
Hasta ahora, el caso no está cerrado.
En tanto, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vice fiscal zona norte, confirmó también que de los ocho casos sólo en uno se interpuso denuncia de hechos.
Se reservó ahondar en el asunto, argumentando secrecía obligatoria.
LAS MUERTES MASIVAS
22 de julio: mueren ocho bebes en el Hospital General “Jesús Kumate”.
25 de julio: llega comisión de expertos sanitarios e inician investigación.
29 de Julio: El secretario de Salud, José Narro, aclara las defunciones masivas.
