Mocorito y la lucha contra la corrupción

 

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Para cuándo aparezca este texto publicado habrá terminado el congreso que felizmente organiza el Ayuntamiento de Mocorito bajo la batuta de Jesús Guillermo Galindo Castro, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la iniciativa de Mauricio Merino, sobre “Transparencia, rendición de cuentas municipales: hacia gobiernos locales cercanos y modernos”, y en el que participaron académicos y funcionarios de varios estados de la República. El evento cobra especial relevancia por el rezago que existe en la materia, tanto en el nivel federal como en el estatal.

Si bien el pasado 3 de abril se instaló el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la representación oficial y de organismos de la sociedad civil, lo cierto es que este sistema que tiene cuatro ejes fundamentales, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justica Administrativa no está completo, pues le falta poner en funcionamiento la recién creada Fiscalía Anticorrupción, que debería ser el “brazo ejecutor” y es ahí donde se ha presentado el problema político de fondo en el Senado de la República, que por ley es la instancia encargada de designar y esto debió ocurrir desde finales de 2015.

La explicación de este rezago obviamente se debe a la falta de acuerdo político en algo sustantivo, pues significa elegir a quien habrá de perseguir a servidores públicos que desde la política, cometen delitos contra el patrimonio de todos los mexicanos.

Hoy, esta ausencia cobra especial importancia cuando el propio Presidente de la República y varios gobernadores, presidentes municipales y ex funcionarios de estos gobiernos enfrentan denuncias graves de corrupción, y esto exige un fiscal anticorrupción dotado de independencia y todos los recursos técnico-jurídicos para hacer este trabajo a favor de la sociedad mexicana.

En esa línea de purificación de la vida pública es importante destacar las formas que está adoptando la armonización del SNA en los estados, como es el caso de Sinaloa, donde el Congreso del Estado ha designado Fiscal General a Juan José Ríos Estavillo, quien en el anterior gobierno se desempeñó como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y su cargo depende de la voluntad del gobernador, pero con una prerrogativa extraordinaria, que es la de designar y en su caso remover al fiscal anticorrupción.

De este tamaño es el despropósito que tenemos como nación y en los estados. Por un lado el Senado no se pone de acuerdo para nombrar al Fiscal de la Nación y por el otro, en forma económica, se le brinda este derecho a un funcionario que se encuentra bajo las órdenes del gobernador en turno, pero lo peor es que no lo ha designado.

En Sinaloa, el gobierno de Mario López Valdez dejó en bancarrota las finanzas públicas y no sólo eso ha comprometido recursos a futuro que repercuten en la prestación de servicios esenciales para la población. Hay denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR y en lo local, se presentaron por parte de la Auditoría Superior del Estado y la CEAIPES en contra de funcionarios malovistas.

Sin embargo, aun cuando estas denuncias se han visto acompañadas en los medios de comunicación por sectores activos de la sociedad, no ha provocado las decisiones correspondientes en el Poder Ejecutivo.

Se ha dejado correr el tiempo a favor de la impunidad aun cuando el gobernador, todavía hace unos días, salió a decir a los medios de comunicación que están en curso las auditorías de la administración pública pasada y que con él no habrá impunidad por los delitos que se hayan cometido contra las finanzas estatales.

Pero pasan los días y las semanas sin que llegue a su término y se proceda en contra de los presumiblemente delincuentes de cuello blanco.

Quirino Ordaz Coppel fue invitado de honor en este Congreso y como tal se supone que asume el espíritu del mismo, que es avanzar en la transparencia y la lucha contra la corrupción, que nos sitúa como uno de los países más corruptos en el mundo y con las más elevadas cuotas de impunidad.

Hoy mismo, podemos afirmar que para muchos sinaloenses el desempeño de Ordaz Coppel va a ser evaluado al final de su mandato de cuatro años y diez meses, por lo que haya hecho o no en los temas de este evento trascendente, así que el tiempo dirá si escucho estas voces de futuro en nuestro país.

Es su oportunidad aprovechar el foro.

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