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Acusan a directivos de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad de cobros irregulares

 

 

 

Altos mandos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado se encuentran sujetos a investigación por irregularidades en el cobro de servicios de resguardo.

Elementos de la corporación señalaron que la investigación se inició en enero en la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, pero no prosperará debido a que el titular, Raymundo Bonilla Ibarra, es cercano a uno de los involucrados.

El proceso administrativo se inició debido a que la corporación prestó servicio de vigilancia a una empresa en el sur y norte del estado pero el dinero que pagó nunca entró a las arcas de la corporación.

De acuerdo con los elementos, son alrededor de 5 millones de pesos los que se cobraron por ese servicio.

La investigación involucra al ex Director de Servicios de Protección, César Yunué Santa Cruz Oliden; el coordinador de la zona Centro, David Mendoza Leyva; y el segundo comandante, Rafael Gaxiola Medina.

Los agentes dijeron que fueron llamados a declarar a la Unidad de Asuntos Internos y después de eso fueron amenazados por David Mendoza para que no lo volvieran a hacer.

Los policías señalan al titular de Asuntos Internos, Raymundo Bonilla, de filtrar quiénes son los que están declarando ya que tiene un “compadrazgo” con David.

“Le van a dar carpetazo porque el de Asuntos Internos es amigo de David, va cerrar el caso sin sanción”, expresó un elemento.

Los elementos explicaron que las irregularidades que son investigadas ocurrieron de finales de 2015 a inicios de 2016.

En esos años, la empresa Bonatti pidió agentes de la DSP para que resguardaran las obras que se estaban realizando en los sitios donde pasaría el gasoducto, en las zonas sur y norte del estado.

Uno de los elementos que estuvo en la zona sur, mencionó que el dinero que pagó la empresa nunca ingresó a las cuentas de la corporación, pues el pago se hacía en efectivo y directamente a un comandante de la zona sur, que solo identifican como Bibriesca, y él lo distribuía a los elementos.

 

Cada semana enviaban a un grupo de agentes en autobús a Mazatlán con sus armas de cargo y de ahí del puerto los trasladaban la zona serrana, cuando normalmente los elementos son enviados en unidades oficiales.

Cuando terminaban sus resguardos les pagaban los 11 mil 300 pesos semanales en Mazatlán y enviaban un sobre con dinero hacia la base de la corporación.

De acuerdo con el testimonio la corporación no hace pagos en efectivo, solo depósitos y a través de cheques.

Fueron alrededor de 90 elementos los que estuvieron prestando esos servicios a la compañía del gasoducto.

Los tres acusados, indicaron, eran protegidos por Alfredo Gutiérrez, conocido como el Flaco, quien era Secretario Técnico del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y uno de los hombres cercanos al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Castro.

El Flaco, señalaron, además de cobrar en el SESP también cobraba en la DSP y le siguieron pagando hasta febrero de este año, a pesar de que dejó el servicio público en diciembre, cuando terminó el Gobierno de Mario López Valdez.

A los tres involucrados, dijeron, al interior de la corporación los conocen como “los Tres Reyes Magos”, ya que entre ellos se solapan actos de corrupción.

Ahora que no está el Flaco, están protegidos por el titular de Asuntos Internos, acusaron.

“Si el General (Genaro Robles, Secretario de Seguridad) habla de limpiar las corporaciones del cáncer que actué también en Servicios de Protección”, indicó.

Comentaron que el de la empresa Bonatti no es el único caso.

A la empresa Bachoco, dijeron, el comandante Baudelio González, le cobra por un determinado número de agentes para que presten seguridad pero en realidad envían a menos.

En 2013, David enviaba agentes a resguardar una bodega de granos en Navolato.

En octubre de ese año, se encontraba un elemento en la bodega y murió durante un tiroteo con individuos que pretendían robar.

Señalaron que después de la muerte del policía se descubrió que el servicio era irregular pues no había un contrato.

Los agentes mencionaron que dentro de la corporación los actos de corrupción ocurren de manera frecuente.

Mencionaron que César Yunué fue removido con el cambio de la administración estatal y David y Rafael permanecen en sus cargos.

Cuando César Yunué fue director recibía los uniformes que compraba la SSP y los vendía a los elementos hasta en 2 mil pesos al igual que las balas y las botas.

A David Mendoza lo acusan de cobrar a los agentes para asignarles resguardos extras y de dar el rango de segundo comandante a Rafael Gaxiola, sin tener carrera policial.

Además lo señalan de favorecer a un sobrino que trabajaba en la dependencia, a quien las cámaras de vigilancia de una tienda de plásticos y especias a la que está asignado captaron prestando el arma de cargo a los clientes en dos ocasiones.

Si cualquier otro hubiera prestado el arma, aseguraron, le hubieran iniciado un procedimiento administrativo para darlo de baja.

Los agentes piden al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Genaro Robles Casillas, y al actual director de Servicios de Protección, Eduardo Juárez Rodríguez, que intervengan y limpien la corporación de los mandos que cometen actos de corrupción.

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