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  • Dias de Impunidad

El ex alcalde de El Fuerte Eleazar Rubio, con orden de aprehensión por peculado

 

eleazar

 

Los últimos cinco días de su administración como Alcalde de El Fuerte en 2013, José Eleazar Rubio Ayala y el Tesorero Marco Vinicio Vega Herrera, supuestamente desviaron más de un millón de pesos del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Federal.

Los recursos federales fueron destinados a pagos distintos a los que estaban autorizados y ahora los ex funcionarios cuentan con orden de aprehensión por el delito de peculado.

En total es un millón 40 mil 391 pesos con 20 centavos que debían ser usados para pagar mano de obra en 31 proyectos de limpieza de caminos, pero fueron gastados en pagos de combustible, gastos médicos, nómina y apoyos económicos.

De acuerdo con el expediente del Juzgado, la orden de aprehensión fue dictada por el Juez Sexto de Distrito con sede en Los Mochis, el 23 de noviembre de 2015.

El ex Alcalde y el ex Tesorero habían mantenido suspendida la ejecución de la orden de aprehensión por un juicio de amparo.

Al ex Presidente Municipal le fue negada la protección de la justicia federal por lo que puede ser detenido en cualquier momento; mientras que el juicio que promovió el ex Tesorero aún no concluye.

 

Sedesol quiere su dinero

El mandamiento judicial derivó de una denuncia presentada por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa, José Regino López Acosta, el 19 de enero de 2015.

De acuerdo con los documentos, el 20 de febrero, 12 de mayo y 26 de junio de 2014, la dependencia federal envió al actual Alcalde del El Fuerte, Marco Vinicio Galaviz, oficios en los que pedía que entregara la documentación comprobatoria que ampara la ejecución de los proyectos o reintegrara el dinero a la Tesorería de la Federación.

El Municipio no respondió los oficios, por lo que el delegado de Sedesol presentó denuncia e intervino el Agente del Ministerio Público de la Federación.

Fue hasta que el Ministerio Público solicitó la información, cuando el Presidente Municipal notificó el destino de los recursos que habían entregado a su antecesor.

Según los informes, el dinero fue usado entre el 27 y el 31 de diciembre de 2013, los últimos cinco días de la administración de Rubio Ayala.

Los recursos se gastaron en pago de combustible, gasto corriente, sueldo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y mantenimiento de vehículos.

Entre los gastos también se encuentra un reembolso por gastos médicos de 30 mil pesos y uno de 11 mil 179 pesos; un reembolso a gastos de 55 mil pesos y compra de combustible por 278 mil 530 pesos.

El recurso federal fue depositado a la cuenta del Ayuntamiento en tres operaciones en noviembre y diciembre de 2013.

El primer depósito fue el 25 de noviembre por 520 mil 195 pesos con 60 centavos y el 18 de diciembre fueron, uno por 300 mil 211 pesos con 50 centavos, y otro más por 219 mil 984 pesos con 10 centavos.

El dinero fue retirado mediante traspasos electrónicos, uno de ellos el 27 de diciembre de 239 mil pesos y otros tres el 31 diciembre, uno de 400 mil y dos de 200 mil pesos.

El juez señala: “Con los dictámenes en materia de contabilidad, de fechas diecinueve de febrero y doce de octubre, ambos de dos mil quince, suscritos por el perito oficial en la materia, en los que concluyó, que una vez estudiadas y analizadas las documentales que integran el expediente de averiguación previa, determinó que la afectación económica que sufrió la Secretaría de Desarrollo Social, con motivo de los recursos otorgados al municipio de El Fuerte, por el Programa de Empleo Temporal para la rehabilitación de caminos rurales, es por la cantidad de $1’040,391.20”.

Los recursos tenían que ser ejecutados por el Departamento de Planeación y Desarrollo Social del municipio pero nunca se los entregaron.

Por medios de dos oficios, esa área solicitó al Tesorero, el 10 y el 19 de diciembre de 2013, la entrega de esos recursos pero no hubo respuesta.

El dinero estaba depositado en una cuenta mancomunada para la que se requerían las firmas del Alcalde y el Tesorero para disponer efectivo, o para hacer transferencias era el Tesorero quien tenía los dispositivos electrónicos.

 

Rechaza disponer del dinero

El ex Alcalde Eleazar Rubio Ayala, fue llamado a comparecer ante el Agente del Ministerio Público Federal en tres ocasiones, pero solo lo hizo en una.

El 13 de abril de 2015 presentó su declaración por escrito ante el fiscal y negó haber cometido el delito.

La declaración señala: “Que en relación a los hechos que se me imputan, los niego en su totalidad, toda vez que entre las actividades y funciones como Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, estaban entre otras cosas las de ser gestor ante las instancias estatales y federales, así como en el congreso estatal y federal, la ejecución de los acuerdos de cabildo.

“Llevar acciones dentro del mismo Ayuntamiento de todos los funcionarios de primer nivel, atender las necesidades de los ciudadanos y tener una relación muy estrecha con las fuerzas vivas del Ayuntamiento como son síndicos, comisariados ejidales, los sectores productivos y organismos civiles, por lo que nunca ejercí sobre el recurso”, añade.

Rubio Ayala aseguró que por la naturaleza de su cargo de ninguna manera tenía jerarquía para que el recurso se le encomendara en administración, guarda o tutela y poder disponer jurídicamente de él.

El 15 de abril y el 20 de agosto fue citado otra vez por el Ministerio Público, pero en ambas ocasiones se reservó su derecho a declarar.

 

Juez niega amparo

Eleazar Rubio Ayala estuvo apunto de ser detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), pero acababa de salir de su domicilio.

Alrededor de las 9:00 horas del domingo 29 de noviembre, aproximadamente ocho agentes de la PME llegaron a la casa del ex funcionario en Los Mochis con la orden de aprehensión.

La esposa de Rubio Ayala fue quien los atendió y a ella le dijeron que iban por el ex Alcalde porque tenía un mandamiento judicial.

Un día después acudió a un juzgado a solicitar un amparo, pero según el escrito de demanda, creía que la orden de aprehensión había sido librada por su participación en un accidente en mayo de 2013.

Durante el juicio, resultó que el mandamiento judicial era por la presunta comisión del delito de peculado.

Cinco días después, el Juez Sexto de Distrito le concedió la suspensión definitiva tras el pago de una fianza de garantía de 113 mil pesos por lo que no podía ser detenido hasta que se dictara sentencia en el juicio de amparo.

Tras analizar las pruebas, el Juez determinó que la orden de aprehensión estaba sustentada y negó el amparo al ex funcionario.

“Se considera que la orden de aprehensión emitida por el juez federal es correcta ya que con el  material probatorio que obra en el proceso penal es suficiente para acreditar, hasta este momento procesal, que el indiciado hoy quejoso, en su carácter de servidor público, como Presidente Municipal del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, estando obligado legalmente a la custodia, administración y aplicación de los recursos públicos federales otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, de manera conjunta, distrajo de su objeto, para usos propios o ajenos, la cantidad de $1’040,391.20”, estableció el Juez.

 

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