abril 14, 2021 5:49 PM

Policía antisecuestro, acusada de plagio y desaparición forzada en El Fuerte

 

UEA

Familiares del joven convicto Sergio Orlando Miranda Gómez, conocido como el Keko, involucraron a la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) en un caso de desaparición forzada perpetrada a mediados de mayo en la colonia Cachimbas, sindicatura de San Blas, en el serrano municipio de El Fuerte, al norte de Sinaloa.

La familia que pidió anonimato por considerar que sus vidas están en peligro —ante la impunidad con que los cuerpos policiales desaparecen a personas en Sinaloa—, basó su imputación en investigaciones propias que han iniciado para encontrar con vida al joven que trabajaba como repartidor de tortillas en motocicleta, cuando fue detenido.

Familiares del joven desaparecido temen que haya sido asesinado, pues a más de dos meses de los hechos, en toda dependencia gubernamental relacionada con la procuración de justicia les niegan la atención. Y en las corporaciones policiales que han indagado sencillamente los ignoran.

Afirmaron que los vehículos que a mediados de mayo en víspera de la investigación y operativos terrestres del secuestro de José Miguel Ruiz, hijo del regidor priista, Mario Arturo Ruiz Soto, en el cabildo de El Fuerte, llegaron a la vivienda y fueron encontrados estacionados en la sede de la Unidad Especializada Antisecuestros en Los Mochis, aunque los encargados del destacamento negasen toda relación con el caso.

La familia incluso fotografió las unidades y las placas policiales que portaba, y asegura que se trata de la misma camioneta.

También, afirmó, están en condiciones de identificar a los agentes aprehensores, pero nadie les presta atención. Mediante fotografías periodísticas, la familia identificó al coordinador zona norte de la Policía Ministerial del Estado, Gerardo Amarillas Gastélum, como uno de los jefes de la operación.

Pese al evidente desdén oficial, ellos mantienen su terca fe en encontrar a Keko.

Sergio Orlando fue privado de la libertad en el patio de su casa por agentes que verbalmente se identificaron como elementos de la Policía Ministerial del Estado, pero cuyo uniforme no coincidía con los negros de operaciones cotidianas.

Los policías que allanaron la vivienda no agredieron a la madre, hermana, hermano y sobrinos que atestiguaron la operación.

El Keko era trabajador de los hermanos Santos, Enrique y Emigdio Rosalío Beltrán Beltrán, todos residentes de los barrios la Loma y la Chuleta. Los tres también se encuentran considerados como desaparecidos ya que fueron privados de la libertad por sujetos que se trasladaban en camionetas de color blanco y quienes a balazos los obligaron a detenerse cuando se trasladaban a Los Mochis sobre la carretera Los Mochis-San Blas. Estos también se dijeron ser policías, pero no portaban uniformes.

Los hermanos desaparecieron cuando acudían a reclamar la entrega del cadáver de Julio César Beltrán Ramos, hijo de Santos, y de su primo, Jesús Alberto Pérez Beltrán, cuyos cuerpos fueron encontrados por pobladores en las inmediaciones del poblado Jiquilpan Dos. Ambos habían sido torturados antes de ser ejecutados. Los muchachos desaparecieron en un retén policial que se había instalado en la intersección de la carretera Los Mochis-San Blas-ramal Ocoroni-Sinaloa.

Después de la ola de desapariciones y de asesinatos, la osamenta de un sujeto fue encontrado en las inmediaciones del poblado Los Tablones, Sinaloa. Según los informes de policía, los restos resultaron ser del secuestrado José Miguel Ruiz. Los restos óseos ya fueron entregados a los deudos, para la sepultura.

En la sindicatura de San Blas, los familiares de los desaparecidos en lo que llamaron “Operación exterminio; tolerancia cero a involucrados en secuestros”, abandonaron el poblado, dejando al garete sus propiedades, excepto la de Sergio Orlando, que aún espera su retorno.

Óscar Loza Ochoa y Leonel Aguirre Meza, dirigentes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), afirmaron que con los cuerpos de seguridad combatiendo el delito con un delito mayor generan mayor desconfianza social y una estela de impunidad. Y en el reparto de culpas se la colgaron a los congresos, pues éstos han sido incapaces de forjar y aprobar una ley de desapariciones forzadas.

“La actual está parchada”, consideró Loza Ochoa.

Aguirre Meza dijo que se requiere de una mayor severidad en las leyes y aplicar las que se tienen a la mano para evitar que las policías se sigan involucrando en la desaparición de personas, por combatir el delito o prestarse a otras intenciones.

 

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