La jornada de trabajo de Laura comienza a las 8:30 de la noche, y a veces se prolonga de 11 hasta 14 horas, dependiendo de las labores. Es enfermera, una más de las que buscan que su situación contractual en la Secretaría de Salud se formalice y obtener su base.
Con 13 años laborando y madre de tres hijos, es una de las 2 mil personas que buscan su basificación al interior de la Secretaría de Salud; por ello, desde septiembre del año pasado sus manifestaciones han ido incrementándose.
“Tengo 13 años laborando en la Secretaría de Salud. Cuando yo iba y preguntaba que si por qué no llegaba contrato para mí, me decían que no había y yo veía que entraba gente. Yo entré a intendencia antes de ser enfermera y me brincaron nueve contratos; hasta que pasé a enfermería me llegó mi contrato, después de nueve años”.
En el movimiento no sólo hay adscritos a enfermería, sino médicos, administrativos, de conservación, y de prácticamente todas las áreas.
El 22 de julio de 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto autorizó la basificación de 63 mil plazas a empleados de las secretarías de salud de todo el país que se daría en tres etapas, y Sinaloa se vería beneficiado con 2 mil de ellas. A la fecha, únicamente se han autorizado 635 bases en dos etapas.
Para el ejercicio de 2014, la federación autorizó un recurso por 158 millones de pesos, de los cuales se ejercieron únicamente 38 millones para el proceso de formalización, monto que benefició solamente a 349 trabajadores.
En el ejercicio fiscal de 2015 la cifra descendió a 101 millones 746 mil 161 pesos, de los cuales 29.9 millones de pesos fueron utilizados para la formalización, beneficiando a 286 trabajadores. Ya para 2016, la cifra cayó a 73 millones 553 mil 616 pesos, con los cuales se beneficiaría a alrededor de 260 empleados de la Secretaría de Salud.
Según datos de los trabajadores, con los montos de 2014 debieron haber sido regularizados mil 600 empleados y en 2015, 950.
Por ello, el pasado lunes, cientos de trabajadores de la Secretaría de Salud acudieron a la capital del estado a manifestarse, y ahí Laura, al igual que la mayoría de sus compañeros, solicita omitir sus datos generales por temor a represalias.
“Ahorita ya voy a cumplir cuatro años con el contrato apenas, pero tengo una compañera que tiene 20 años laborando y lo mismo que yo. Ella tenía su contrato, le levantaron un falso y la despidieron. Ella metió pleito y le regresaron su trabajo mas no le regresaron ni contrato ni nada, ella está laborando así como suplente”, dijo Laura.
Como antecedente, en agosto de 2015, cerca de 140 trabajadores de la salud en el estado se manifestaron en Mazatlán y para septiembre de ese mismo año, la inconformidad se propagó por todo el estado, estallando en un plantón en la Unidad Administrativa.
Ahí, una comitiva se reunió con Ana Patricia Manjarrez, jefa del departamento de Recursos Humanos, y con el subdirector de atención hospitalaria, Omar Meléndez, en la que acordaron revisar caso por caso en una mesa de trabajo.
La queja continuó siendo la poca claridad en el proceso y las acusaciones de incluir a empleados que no tenían la antigüedad suficiente para obtener la base. La promesa fue revisar caso por caso.
La queja de Laura y de otros trabajadores de la Secretaría de Salud es la misma.
“No se me hace justo que siempre entre gente nueva y más gente nueva y nosotros aquí esperando. El año pasado se supone que nos iban a homologar y pues ¡oh sorpresa, no veníamos en la lista! Nos decían: no hagan nada, no muevan nada, ustedes van a ser los primeros”.
Sin embargo, el lunes durante la manifestación amenazaron incluso con cerrar el Hospital General de Culiacán, situación que culminó con una discusión entre el director del nosocomio, Miguel Aguilar, y algunos representantes de la manifestación. Después, los manifestantes trasladaron la protesta y obtuvieron una nueva promesa de solución.
 
Dinero manoseado
 
La explicación oficial se remonta a un párrafo de un documento de tres páginas dirigido al titular de la Secretaría de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, en el que se le da instrucciones de ejercer los 101 millones 746 mil 161 pesos etiquetados para Sinaloa en 2015 en tres partes.
Y el secretario Ernesto Echeverría, señala que él sólo administra lo que dicha comisión le ordena, señalando que no se trata de un desvío de recursos sino una “reetiquetación” de los mismos.
“Es un tema nacional porque lo que estamos viendo no es un tema de Sinaloa, a los 32 estados nos llega esta carta, entonces he aquí la molestia y la duda que traen los trabajadores de que los dineros que se asignen para esa etapa de formalización sean realmente usados en su totalidad, no como en estos dos o tres años que han sido reetiquetados, es muy diferente a ser desviados. Aquí no, aquí se etiquetaron para distribuir el dinero pero para pagar dinero de la primera y la segunda etapa”, dijo.
 
El documento, firmado por la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas y emitido el 15 de noviembre de 2013, explica en su Anexo 30, la “distribución del programa de apoyo para fortalecer la calidad de los servicios de salud”. Dicha comisión está integrada por miembros de la Secretaría de Salud y del sindicato nacional.
Esta distribución para la formalización de 2015 según el documento oficial, se dio de la siguiente manera:
 
1- Para los trabajadores formalizados en el ejercicio 2014, se asignan 39.7 millones de pesos, que se distribuyen de la siguiente forma:
a)- 33.3 millones de pesos, corresponden al complemento de la anualidad para el periodo enero-junio de 2015.
b)- 3.3 millones de pesos, para cubrir el incremento salarial 2014 el periodo enero-diciembre 2015, recursos que están calendarizados a partir del mes de julio.
c)- 3.1 millones de pesos, que conciernen al incremento salarial 2015, que en su momento se autoricen por parte del gobierno federal.
2- Para los trabajadores regularizados (2007-2009) se asignan 32.1 millones de pesos para el pago del incremento salarial 2015, recurso que se canalizará a ese Estado, una vez que dicho incremento se autorice por parte del gobierno federal.
3- Para los trabajadores que se beneficiarán de la fase II del proceso de formalización laboral, el presupuesto asignado para el pago del calendario julio-diciembre de 2015 asciende a 29.9 millones de pesos.
La explicación de esta comisión sostiene que el presupuesto deberá cubrir el pago de las diferencias salariales, prestaciones de ley, de seguridad social, así como las seis prestaciones básicas del trabajador (día del trabajo, de las madres, de reyes, ayuda para gastos de titulación, licencia de manejo y ayuda para anteojos), y estímulos que otorga la Secretaría de Salud.
Sin embargo, según el diputado federal por el PAN, Jesús López Hernández, esta comisión no tiene la facultad de hacer ese reajuste en el presupuesto.
“¿Por qué esa comisión tuvo el poder para determinar que los 100 millones de pesos se distribuyera en diferentes rubros? Esa comisión no tenía por qué haber distribuido ese recurso económico puesto que no era su función, su función era buscar cuáles eran los mecanismos para que equitativa y trasparentemente se le diera las bases a los trabajadores dependiendo de la antigüedad”, explicó.
Su función, agregó, “no era decir que el recurso económico que se asignó para la formalización ellos no tenían por qué distribuirlo”, añadió.
Jesús López hizo hincapié en que este documento no cuenta con ningún aval de la Secretaría de Hacienda. Entrevistados por separado, los diputados federales de Sinaloa sostuvieron una reunión hace 20 días con el secretario Ernesto Echeverría Aispuro, con Arcelia Prado, líder sindical, así como con comisionados de los manifestantes, en la que solicitaron un encuentro con el titular de la Secretaría Nacional de Salud, José Narro, para buscar solución.
Durante esa reunión, tanto Echeverría como el diputado Jesús López confirmaron que buscarían una explicación del por qué la comisión hizo uso de facultades que supuestamente no le corresponden.
 
El antecedente
 
En Michoacán, en un contexto similar al que vive Sinaloa, trabajadores denunciaron violaciones al criterio de antigüedad y beneficios para personas cercanas a funcionarios de la dependencia, lo cual propició que la Cámara de Diputados en San Lázaro emitiera un punto de acuerdo, por medio del cual exhortó al gobernador y al secretario de Salud a que respetaran los lineamientos del proceso establecidos a nivel federal.
También, su Congreso local el 9 diciembre de 2015 mandató al titular de la Secretaría de Salud respetar la libertad sindical y que permitiera a las representaciones gremiales supervisar la tercera etapa de formalización.
Y en Sinaloa, tras la reunión entre diputados federales de esta entidad con las partes involucradas, solicitaron hacer un balance, e incluso, que sea la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise el caso en busca de supuestas irregularidades.
“Yo mismo hablé con Juan Manuel Portal (titular de la ASF) y me dijo, ‘doctor, diputado, si ese dinero lo utilizaron para otra cosa, el gobernador tendrá que descobijar otros rubros pero regresar ese dinero porque ese pertenece a la formalización’, esa fue la respuesta de él”, dijo el diputado federal Jesús López.
Mientras tanto, la formalización para este año se tendrá que dar entre junio y julio. Mientras, Laura, con 13 años de servicio, aún no tiene base, y con 6 mil pesos mensuales, debe hacerse cargo de su familia.