Obra pública: legislar por consigna

 
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El Congreso del Estado de Sinaloa insiste en ir a contrapelo de las demandas de la sociedad en materia de transparencia, compromiso social y rectitud en el manejo de los recursos públicos.
El dictamen que preparó para crear la nueva Ley de Obra Pública, lo han dicho los propios constructores, significa un retroceso que, de concretarse tal como fue planteado, profundizaría en nuestra entidad prácticas de corrupción que, por el contrario, debieran erradicarse por completo.
Dos de los principales impulsores del dictamen son el diputado panista Francisco Solano Urías —dedicado toda su vida a la construcción— y el priista Manuel Osuna Lizárraga, miembro del llamado grupo Culiacán, que lidera el candidato a diputado por el distrito 13, Aarón Rivas, quien, como se sabe, tiene fuertes intereses en el ramo de la construcción.
El dictamen, como se publicó en la edición pasada de Ríodoce y se complementa en la presente edición, es una alfombra roja a la discrecionalidad en la apertura de propuestas en las licitaciones, a la ampliación de excepciones para que la dependencia contratante decida no convocar a licitación pública, a la opacidad en el momento de abrir las propuestas de los participantes y en las distintas etapas del proceso de contratación, a la posibilidad de contratar obra sin estar justificada…
Es decir, que si esta nueva ley pasara así como lo han propuesto los diputados, los niveles de corrupción en estas áreas del gobierno subirían inevitablemente, porque ahora el mugrero estaría justificado legalmente. Afortunadamente los constructores organizados en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se han opuesto al proyecto y el dictamen ya se fue a revisión, pues fueron expuestos con contundencia los puntos que significan un retroceso en la materia. Se pretendía presentar el jueves pasado para darle primera lectura y el punto no fue incluido.
Antes de que el dictamen fuese elaborado, los diputados de las comisiones involucradas en el tema se reunieron en varias ocasiones con los constructores organizados, pero a la hora de elaborar el documento no tomaron en cuenta sus opiniones. Se trataba de un ejercicio de interacción de los legisladores con la sociedad organizada, que al final convirtieron en basura por seguir las directrices de los interesados en que la nueva ley sea más laxa porque así les conviene.
¿Dónde quedan, diputado Solano, los postulados de su partido contra la corrupción? ¿No es el PAN, a través de sus legisladores en las cámaras federales quienes han estado impulsando leyes más estrictas contra la corrupción y por mayor transparencia? ¿Dónde está la congruencia?
Del diputado priista Manuel Osuna ni qué decir. Él era síndico procurador cuando se operó en el Ayuntamiento de Culiacán uno de los atracos más descarados contra el patrimonio de la comuna, a través de aquellas permutas que escandalizaron la capital, donde terrenos agrestes se cambiaron con lotes urbanos —uno de ellos en Colinas de San Miguel—, causando un daño por cientos de millones de pesos.
El gobierno es insaciable. Cuando la anterior legislatura aprobó un crédito de 2 mil 600 millones de pesos, se creó un consejo ciudadano para la transparencia. Eran casi todos representantes de organismos empresariales. Estarían para vigilar la aplicación de los recursos aprobados. Había un padrón de obras. Sobre eso se discutió y aprobó el crédito. Cuando el consejo dio su primer informe, el resultado fue nefasto. Muchos de esos recursos se desviaron hacia otras áreas, muchas obras no se licitaron como debían, los precios se inflaron y se distorsionaron los datos. Por ejemplo, se estableció, a través de auditorías de campo, que si una carretera se programó a 17 kilómetros, en realidad solo se hicieron 15, porque ese era el tramo real. Pero se autorizaron y cobraron 17. Un robo descarado.
El consejo terminó peleado con el Gobierno de Mario López Valdez, porque cuando éste se dio cuenta que realmente estaba investigando el uso del megacrédito, le obstruyó el paso. En un desplegado de junio de 2014, el consejo reclamó que se les hubieran cerrado las puertas de la información para concluir su trabajo.
 
Bola y cadena
 
NO SE HA DICHO LA ÚLTIMA PALABRA respecto a la pretendida nueva Ley de Obra Pública y es seguro que los poderes de facto y los constituidos pugnarán porque se apruebe de una forma en que se quiten trabas al saqueo, a la corrupción y al manejo turbio de los recursos públicos. Pero ya hay mucha claridad de lo que se pretende, y lo que resta es hasta dónde una y otra fuerza estirará la cuerda. Por lo pronto, no se prevé que se apruebe en medio de un proceso electoral. Pero vendrán otros tiempos, los de la retirada de la legislatura y del actual Gobierno. Y ahí ya no hay pudor.
 
Sentido contrario
SIEMPRE SE HA SABIDO QUE el gran administrador del negocio de las drogas en el mundo occidental es el gobierno de los Estados Unidos. Ellos deciden cuánta cantidad de droga entra a su país —el mercado más grande del mundo—, qué cargamentos dejan pasar, con qué cárteles de la droga negociar, a quién aprehender, cómo, cuando… a quién abatir. Ahora se sabe, por una investigación del diario The Dallas Morning, que un acuerdo entre la justicia norteamericana y el capo, Osiel Cárdenas, en 2007, desató una de las guerras más cruentas de la historia del narco en México. Como de ficción, pero sangrientamente cierto.
 
Humo negro
TODO INDICA QUE ESTA ELECCIÓN SERÁ DE TRES, que el resultado se repartirá entre el PRI, el PAN y e PAS y que los otros partidos y candidatos, serán parte de la fiesta, pero como invitados de palo. Eso parece hasta ahora. Pueden cambiar los escenarios porque en política nada está escrito, pero esta es la tendencia. Y entre los tres, parece que, por ahora, sus aspirantes navegan sobre el voto duro de sus partidos. ¿Cuánto se moverán los números? Dependerá de qué hagan y dejen de hacer.
 
 
 

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