PAN pide destituir a embajadora de México en España por dar “atención preferencial” a Moreira

 
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El grupo parlamentario del PAN en el Senado pidió al presidente de la República que destituya aRoberta Lajous Vargas como embajadora de México en España, “por el uso irregular de los recursos de dicha representación para brindar atención preferencial a Humberto Moreira, a sus familiares y abogados”.
Además, el senador Luis Fernando Salazar Fernández exigió a la procuradora Arely Gómez González que cese de sus funciones a la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la PGR con sede en Madrid, Érica Cervantes Albarrán, por el apoyo y la asesoría que funcionarios de esa dependencia brindaron al ex gobernador de Coahuila cuando estuvo en prisión en España.
“En el primer caso, el legislador panista explicó que movilizar al personal adscrito a la embajada para proteger a un individuo que está siendo procesado, fuera de sus actuaciones convencionales, es un acto de flagrante violación de sus funciones, pues responde a intereses de particulares y no a los del Estado mexicano“, indicó el grupo parlamentario en un comunicado.
“Afirmó que si la embajadora Lajous se volcó de esa manera para salvar a un político acusado de malversación de fondos, lavado de dinero y cohecho por autoridades de otros países, sólo hace más evidente la complicidad del gobierno federal con los delitos cometidos por Moreira, responsable de endeudar a Coahuila por más de 36 mil millones de pesos”, acusó.
El PAN lamentó “que en el gobierno actual la impunidad es tal que usa los esfuerzos y recursos de sus representaciones diplomáticas para proteger a Moreira, cuando se trata del mayor representante de la corrupción en Coahuila”.
Respecto a la exigencia de cesar a la titular de la Agregaduría Legal, Salazar Fernández aclaró que éste se daría en tanto la Contraloría Interna de la PGR realice una investigación que determine las consecuencias jurídicas del actuar de Cervantes Albarrán.
Señaló que las conductas que realizó la funcionaria están encuadradas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como faltas a las obligaciones que deben guardar éstos.
“A saber –dijo— su actuar implicó el abuso de su cargo y el uso de recursos públicos, ya que desplegó al personal y a los bienes a su cargo con una finalidad partidista y parcial. El punto de acuerdo que contiene ambas peticiones fue turnado para dictamen a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, con opinión de la Comisión de Justicia”, finaliza el comunicado.

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