Con un marco legal todavía en stand by, están despiertos los apetitos por formar parte de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
La situación de la Ceaipes está en la indefinición más aguda, desde que se fundó. De los tres comisionados que integran el pleno, máximo órgano de decisión del organismo, sólo uno, Rosa del Carmen Lizárraga, tiene asegurada su estancia. Los otros dos comisionados están, pero no deberían estar. Aunque la ley señalaba un plazo para su permanencia, el Congreso del Estado no los ratificó el año pasado y ahora está a punto de entrar en la discusión para su revisión, en medio de un terreno de disyuntivas legales.
El actual presidente de Ceaipes, Abraham Lugo Salazar, ha visto pasar muy cerca la guillotina para separarlo de su cargo. Quien también fue coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Sinaloa de 2003 a 2009, ha luchado en los últimos meses para sostenerse al interior de la Ceaipes. Su mayor fortaleza ha sido su relación cercana con el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Jesús Enrique Hernández Chávez. Demorar la renovación de los comisionados de la Ceaipes ha sido la apuesta a la fecha.
En realidad, tomando como base el periodo original para el que fue electo Lugo Salazar, éste debería salir de su cargo de comisionado hasta septiembre de 2016 para así cumplir su ciclo de siete años, como señala el artículo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Sin embargo, hubo un primer intento para retirarlo antes, pero trascendió su disposición a interponer una controversia jurídica para defenderse, por lo que ha seguido hasta la fecha en su cargo.
El comisionado José Carlos Álvarez Ortega se molestó cuando se enteró del interés de retirarlo del cargo de comisionado antes de su periodo de siete años. La controversia del también maestro en Derecho Constitucional y Amparo llegó a tal grado que se negaba a asistir a las instalaciones de la Ceaipes. Sin embargo, Lugo Salazar le insistió y la convenció para seguir adelante, integrando desde entonces una alianza, muchas de las veces contraria a las posiciones de la nueva comisionada, Rosa del Carmen Lizárraga, quien había fungido en su anterior cargo como coordinadora de Acceso de Información Pública en los gobiernos de Jesús Alberto Aguilar Padilla y luego con Mario López Valdez.
Ahora los tiempos constitucionales están próximos a vencer. En el próximo mes de septiembre se cumplirían los siete años para los que fue nombrado Álvarez Ortega.
En el Congreso del Estado se ve impostergable la necesidad de iniciar los procedimientos para convocar la renovación de los dos nuevos comisionados. Ante el empalme del proceso para elegir a los nuevos comisionados y los tiempos para armonizar la legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la disyuntiva será con cuál marco legal se inicia el procedimiento.
La diputada Imelda Castro Castro, integrante con voz y voto en la Junta de Coordinación Política, declara que será un asunto de consensos definir cuál será el marco legal que servirá para el proceso de elegir a los nuevos comisionados: si el recientemente promulgado a nivel federal en mayo pasado que mandata armonizar todas las leyes estatales, o bien la ley local, la cual no ha sido modificada.
De hecho, en los últimos días se ha trabajado en una agenda sobre los temas de transparencia, expresa la legisladora, también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado. Entre los puntos que han salido en la mesa de legisladores ha estado la integración de una comisión especial para dar curso a la agenda, por ejemplo integrar una comisión plural de expertos, organismos y la propia Ceaipes, para revisar las propuestas tras la convocatoria de los comisionados.
A lo anterior se suma la necesidad de trabajar por Sinaloa una Ley de Archivos, y otra sobre la Protección de Datos Personales.
Aunque incluso ya se planea la creación de una nueva comisión permanente sobre temas de Transparencia dentro de la vida orgánica del poder legislativo, por lo pronto la próxima semana se prevé la integración de una comisión especial para ver en lo inmediato el tema de la renovación de los comisionados.
Otro de los temas que falta consensar entre los grupos parlamentarios será si la actual ley de acceso a información pública se modifica conforme a los preceptos de la ley general expedida en mayo a nivel federal, o bien se elabora una nueva que pueda ser armonizada con el marco federal. Castro Castro se declara de adelantado en favor de una nueva legislación en materia de transparencia conforme al nuevo marco legal federal.
Con la inminente convocatoria para elegir a los nuevos comisionados de la Ceaipes, los nombres de los posibles candidatos empiezan a trascender. A la fecha tres nombres comienzan a escucharse con mayores posibilidades:
César Valenzuela Espinoza, quien fuera el primer titular de la Coordinación de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, en el sexenio de Juan Milán Lizárraga; Arturo Ordoñez, actual coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado y exdelegado de Profeco; y Lizeth Perea Escalante, exfuncionaria de la Ceaipes en la Unidad de Vinculación Ciudadana y quien actualmente se desempeña en la Coordinación Municipal de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Ahome.
RECUADRO 1:
DIENTES PARA LA TRANSPARENCIA
“De vanguardia” es el adjetivo que utiliza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (INAI), para referirse a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Coincidentemente son las mismas referencias que se hacían a la legislación local cuando se expidió en Sinaloa.
Cuando en abril de 2002 se promulgó la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, el entonces gobernador Juan Millán Lizárraga aprovechó todos los foros para pregonar con orgullo que en Sinaloa se había creado una legislación de avanzada en materia de transparencia. Político astuto, sabía que los asuntos de transparencia era un tema que venía a nivel nacional de manera irreversible, por lo que decidió lanzarse por delante.
“Es mejor estar en la cresta de la ola”, había dicho a sus cercanos colaboradores.
El texto del marco legal que se construyó fue producto de los trabajos de un asesor de cabecera en el tema, Ernesto Villanueva, un académico de la Universidad Iberoamericana que se había especializado en temas de transparencia.
A la postre, el marco legal sirvió más para la reserva de información que para la transparencia. Tras 13 años de haber sido expedida esta ley, todavía no es posible que la totalidad de los sujetos obligados cumplan a cabalidad con estas normas, siendo los gobiernos municipales los más renuentes a transparentar sus actos. Por ejemplo en el monitoreo que Ceaipes hizo en el primer trimestre de 2015 a los 18 ayuntamientos en Sinaloa, se encontró que sólo Culiacán cumple con los 40 puntos obligados por la ley. El resto, 17 gobiernos municipales, no lo hacen al 100 por ciento.
Los números de los gobiernos municipales obtenidos en 2015 en materia de transparencia han sido los mejores, comparados con los registros de evaluación y seguimiento de la Ceaipes en trimestres anteriores.
Sin sanciones a los servidores públicos que no cumplen la ley en materia de transparencia, ha reinado la opacidad entre los alcaldes de Sinaloa, quienes ejercieron su propia ley en materia de transparencia. Ha prevalecido el incumplimiento, especialmente en los incisos que se relacionan con el manejo de recursos económicos. Ahí, las entidades se vuelven más opacas y alejadas de la transparencia.
Las entidades cumplen lo que quieren sin acatar las disposiciones contenidas en la Ley Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa ni los señalamientos observados por la Ceaipes.
En entrevistas periodísticas, el comisionado presidente de la Ceaipes, Abraham Lugo Salazar, ha dicho que sea ha buscado apelar a la voluntad de los sujetos obligados, más que entrar en posturas de apercibimiento para exigir el cumplimiento de la ley.
A la fecha no se conoce casos de funcionarios que hayan sido inhabilitados de sus cargos por incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pese a la existencia de múltiples casos de no acatamiento y reincidencia.
EL NUEVO MARCO LEGAL
El nuevo marco legal nacional se ha anunciado como una herramienta para que el ciudadano tenga un instrumento para buscar la rendición de cuentas y combatir la corrupción.
Con la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se cumplió con uno de los primeros plazos legales tras haber entrado en vigor el decreto del nuevo marco legal.
El siguiente plazo legal será que a más tardar en mayo de 2016, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley.
El Congreso del Estado de Sinaloa tendrá también por su parte hasta mayo de 2016, para armonizar la legislación local con la Ley General, aunque los legisladores planean que para finales de 2015 la nueva legislación quede lista para la entidad.
