Autoriza Cabildo de El Rosario exención de pago por licencia de costrucción en Presa Santa María

“Si el gobernador se va a llevar todo, que no nos deje con las manos vacías, que se establezca lo que queremos”, asentó Gilbero García Echeagaray, regidor del Partido Acción Nacional (PAN), minutos antes de que fuera aprobada la firma de un convenio para exentar al gobierno del estado el pago por la licencia de construcción para la presa Santa María.

Luego de más de dos meses de jaloneos internos y presiones desde el gobierno estatal para que el Cabildo aprobara la exención del pago, finalmente fue aprobada por mayoría con el aval de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La sesión extraordinaria se celebró luego de un intento fallido una semana antes, en la que el consenso no le alcanzó al primer edil para obtener la mayoría, pues persistían las dudas sobre la posibilidad de que se les fincara responsabilidad al terminar la administración.

Con tres votos en contra, el Cabildo autorizó la firma del convenio de colaboración entre gobierno del estado y el Ayuntamiento de El Rosario para la exención de pago por  la expedición de la licencia de construcción de la presa Santa María.

La polémica desatada por el edil panista Gilberto García Echeagaray reveló la inconsistencia de las solicitudes hechas al Cabildo, pues primero se les pidió, por parte del alcalde Arturo Flores, que se le exentara a la constructora ICA, después se corrigió y la petición fue para favorecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y finalmente, una vez analizado, al gobierno del estado.

El alcalde aclaró que en las juntas de aclaraciones de Conagua, los contratistas que concursaron cuestionaron si los permisos y derechos de construcción necesarios eran responsabilidad de la constructora que ganara la obra, a lo que la paraestatal informó, en reiteradas ocasiones, que el único permiso que deberían tramitar es el del uso de explosivos, sin cargo a esta institución.

El gobierno del estado hizo llegar el 16 abril 2015 un documento donde solicita la licencia de construcción para la presa bajo el argumento del 115 constitucional, fracción IV inciso C.

El presidente municipal mostró durante la sesión de Cabildo copias del convenio de ocupación previa que existe ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Procuraduría Agraria, firmado con comuneros de la comunidad de Santa María.

De este documento la regidora Francisca Torres Mora solicitó copia para verificar el nombre de los comuneros firmantes, pero le fue negada por el alcalde, bajo el argumento de que existe un acuerdo de secrecía entre el ejecutivo estatal y los comuneros para resguardar los documentos que firmen.

En la cláusula uno, la comunidad autoriza al gobierno del estado ocupe por el plazo que sea necesario, contando a partir del 22 febrero del 2014, la superficie de 2 mil 309.59 hectáreas de tierra de uso comun para la construccion del vaso y embalse de la presa Santa María.

El Ayuntamiento solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) en dos ocasiones, mayo y junio, opinión respecto a si el municipio tenía facultad o no de hacer la exención y con qué fundamento legal, explicó el alcalde.

En su respuesta, la ASE indicó que el municipio sí  tiene facultades porque la construcción se realizará en terrenos de dominio público.

Para Francisca Torres Mora, regidora del PRD, es mas saludable que haya una asamblea con comuneros, para que haya más certidumbre de que la autorización es tal, pues el riesgo de un brote social como el ocurrido en la presa Picachos podría estar vigente.

Martín Alcaraz, edil del PRD, cuestionó la falta de información y transparencia, por lo que votó en contra, igual que su compañera de partido.

Aunque García Echeagaray fue insistente en su petición de que el gobierno estatal se comprometa a pagar las indemnizaciones a los comuneros, y no permitir que siga con las dádivas de 762 mil pesos anuales para que no herede problemas a la comuna, su petición no tuvo eco.

“No queremos que vengan mañana a tomarnos o quemarnos el palacio municipal, no quisiera derramamiento de sangre, como con la Picachos, somos la primera instancia de gobierno y los primeros a los que nos van a reclamar”, advirtió.

El síndico procurador Amilcar Crespo Chavez, expuso que el Municipio no está conveniando nada con los comuneros, pero sí el gobierno del estado.

Gobierno estatal, sin obligaciones tangibles

El edil Martín Alcaraz aclaró que se está a favor de la presa, pero no con la forma como se está resolviendo el tema de permisos, pues el gobierno estatal no pone nada sobre la mesa.

“¿A qué se está obligando al gobierno del estado?, ¿ellos qué nos están dando?, hay problemas de agua potable, electrificación, servicios públios, de pavimentación. Creo que el recurso que podría aterrizarse es que el gobierno haga compromiso de lo que va a hacer y que compense lo que está quitando (al municipio por ingreso de impuestos)”, señaló.

Gilberto García expuso que El Rosario, de acuerdo al plan del Intituto Municipal de Planeación (Implan), tiene muchas debilidades, como déficit de hospitales, inadecuadas condiciones del rastro, no hay relleno sanitario ni vialidades adecuadas, y en el sector salud se carece de la especialidad de emergencias.

Asimismo , señaló, no hay una reserva territorial para construir viviendas, hay un nivel topográfico que genera inundaciones y falta una central de autobuses.

“Lo que estamos pidiendo, es lo que se va a demandar en los próximos años”, asentó.

ICA no se detiene

Mientras las mesas de análisis y las revisiones de la exención del pago se hacía, ICA ya estaba trabajando.

Según el edil Martín Alcaraz, la constructora ya estaba realizando trabajos en la presa.

“La constructora no se ha detenido”, aseveró.

La reunión previa en Mazatlán

En una reunión privada de más de tres horas, celebrada el martes 16 de mayo en Mazatlán, donde José Luis López Montiel, titular de la Unidad de Inversiones del gobierno del estado, expuso ante los regidores rosarenses el procedimiento para exentar del pago, se aclaró que no sería para ICA, ni para Conagua, sino para el gobierno estatal.

“Creo que muchas de las dudas han sido despejadas; había comentarios de que el permiso era a favor de ICA, a favor de Conagua; ya se aclaró y es para el gobierno del estado”, declaró López Montiel.

El sustento, dijo, es el artículo 115 constitucional fracción cuarta, inciso C, con lo que se descarta que sea a través de Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (Ceprofies).

La declaración de López Montiel y la autorización del Cabildo contradicen la declaración que el 21 de mayo dio el gobernador Mario López Valdez, en el sentido de que sería a través de Ceprofies la exención del pago.

De igual manera lo expuesto por Aarón Rivas, Secretario de Desarrollo Económico, quien lo secundó diciendo que si el gobernador ya lo había dicho, entonces así sería.

Artículo 115 Constitucional

Fracción IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

Inciso C) los ingresos derivados de la prestacion de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Solo los bienes del dominio público de la federacion, de los estados o de los municipios estarán exentos de dichas contribuciones.

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

El aval de la ASE

“…Esta auditoría a mi cargo emite opinión positiva para efecto de que lleve a cabo los trámites administrativos correspondientes en los términos solicitados por José Luis López Montiel”.