mayo 6, 2021 1:04 AM

Hospitales crean un déficit de 240 millones de pesos en el gobierno de Sinaloa

HOSPITALES. Otra papa caliente.
HOSPITALES. Otra papa caliente.

“Las cosas se complicaron”, escribía una legisladora panista en un mensaje vía celular. Alrededor de ella, un grupo de más de 20 ciudadanos, empresarios y dirigentes de organizaciones civiles, reclamaban a los legisladores, integrantes de la Comisión de Hacienda, Salud y Planeación, la forma en cómo se ha manejado el tema de los hospitales generales en Sinaloa.
Unos minutos antes, el presidente de la comisión de Hacienda, Óscar Valdez López, informaba que no habría dictamen hasta enero pero el anuncio no era suficiente para los ciudadanos. Los cuestionamientos se prolongarían por media hora más.
El lunes a las 9 de la mañana, los legisladores se reunieron para votar el dictamen de la iniciativa para modificar los decretos 976 y 977 para los hospitales generales de Sinaloa, enviada por el gobernador Mario López Valdez.
A la cita llegaron, además de los diputados, los integrantes del organismo empresarial COPARMEX y las organizaciones civiles Parlamento Ciudadano y Congreso Abierto, que buscaron su ingreso a la reunión desde temprana hora.
La solicitud para convertir la reunión en un ejercicio público y transparente se les hizo personalmente a los diputados Óscar Valdez López, Francisco Solano Urías y Héctor Melesio Cuen Ojeda, pero ninguno puso el tema sobre la mesa. Fueron Víctor Díaz Simental, del PRI y Ramón Lucas Lizárraga, del PRD, quienes con esfuerzos vanos trataron de abrir las puertas a los ciudadanos pero de igual forma, el intento fracasó.
Durante dos horas y media, el grupo de empresarios y activistas esperaron frente a una puerta cerrada. Adentro, la discusión subía y bajaba de tono, mientras los números para lograr el consenso parecían no cuadrar.
Para lograr que el dictamen se subiera al pleno antes de cerrar el año, las comisiones unidas requerían los votos de por lo menos tres integrantes de cada una de las comisiones, un total de nueve votos de entre 15 legisladores presentes.
Instantes antes de abrir las puertas, un mensaje de texto salió desde la reunión privada: “la Comisión de Salud votó en contra”.
Los priistas Víctor Díaz Simental, Luis Fernando Sandoval Morales y Flor Esther Gastélum Vértiz; la panista María de la Luz Ramírez Rodríguez y el pasista Héctor Melesio Cuén Ojeda, integrantes de la Comisión de Salud, lograron frenar la intensión de dictaminar antes de que iniciara el periodo vacacional.
“Tomamos la decisión de llevar el tema hasta enero por alguna información que todavía estamos analizando en el tema de las garantías”, anunció Valdez López frente a los micrófonos de decenas de medios de comunicación y las miradas de los ciudadanos aglomerados en la pequeña sala de juntas.
¿Usted está a favor o en contra?, se le preguntó al legislador priista.
“Ya lo va a saber en el momento que lo discutamos si yo voto a favor, todavía no termina el tema, por eso estamos llevándolo a enero”, dijo.
¿Cuál fue su postura en esta reunión?, se le inquirió de nuevo.
“Que lo lleváramos a enero, fue la decisión de la mayoría”.
¿Alguien propuso que se dictaminará antes?, se cuestionó.
“No, nadie, es una decisión de todos”, respondió Valdez López al tiempo que varios diputados lo secundaron con un “todos, todos, fue decisión de todos”.
Y entonces, las voces comenzaron. Gilberto Ceceña, cartonista e integrante del colectivo Congreso Abierto, señaló la falta de socialización del tema que implica una inversión millonaria del Gobierno de Sinaloa, durante 25 años.
Criticó que hasta el momento, el Ejecutivo se ha mantenido ajeno a la discusión y ha dejado la polémica en manos de los legisladores.
“Es la segunda vez que yo veo que les mandan una papa caliente y ustedes la tienen que resolver aquí, el otro se llamó 51 bis, por qué permiten ustedes que les envíen de parte de gobierno esas papas que ustedes simplemente tratan de sacar adelante. Ustedes como Congreso tienen el derecho legítimo de decirle espérame, ¿ya la socializaste? ¿la sociedad ya está de acuerdo?, ¿ya te acercaste a los que van a pagar los impuestos para esta obra o quieres que yo resuelva todo?”, expresó el cartonista.
Y cuestionó “¿por qué en este proyecto, que es tan importante para Sinaloa, no se ha dicho una sola línea?, ¿por qué las planas que han aparecido en los periódicos son preguntando, solicitando información, pero no ha habido planas de gobierno del Estado diciendo miren las cosas son así, se trata de un hospital de esta naturaleza, tiene estos beneficios?”.
A la intervención se sumó la empresaria y regidora mazatleca Esperanza Kazuga, quien retó a los legisladores a poner en garantía sus propios ingresos si realmente cuentan con la certeza de que el proyecto será viable.
Kazuga destacó la fuerte crisis económica que atraviesa el país, ante lo cual se incrementa el riesgo de que en determinado momento el Estado no cuente con los recursos suficientes para financiar dos hospitales con rentas de casi 600 millones de pesos anuales.
“En este país no sabemos ni que va a pasar mañana y menos en la situación económica, nosotros como empresarios ya hemos sufrido tres, cuatro debacles y nos ha costado mucho salir adelante. Hay que analizar muy bien toda la situación y hay un tema muy sencillo, la garantía es dejar tus bienes en garantía, si estamos dejando esta garantía a 25 años, que también ustedes dejen sus bienes en garantía si están tan seguros que este proyecto va a funcionar “, señaló.
Jaime Pun y Valeriano Suárez, integrantes de la Comisión de Cabildeo de COPARMEX, fueron enfáticos en los resultados que arrojó el análisis financiero realizado por el organismo empresarial.
Recordaron que al evaluar las cifras reales y no las estimadas por la Secretaría de Salud del Estado, se detectó un déficit de 240 millones de pesos en el gobierno de Sinaloa para hacer frente al compromiso que pretende asumir.
“Si bien, no es un tema de la legislatura la construcción de los hospitales, si es un tema de nuestros representantes en el Congreso cuidar el patrimonio de los sinaloenses, les pedimos que cuando ustedes revisen los números que les presentamos sean conscientes de que si los proyectos siguen adelante va a haber un agujero de 240 millones de pesos”, expuso Valeriano Suárez.
El empresario Jaime Pun ejemplificó la insuficiencia presupuestaria en cada uno de los hospitales, al señalar que el proyecto para Mazatlán es el que más alto déficit presenta, por lo que propuso renegociar los proyectos y construir solo un hospital.
“El déficit de los hospitales es de 240 millones de pesos mínimo. Mazatlán trae un déficit de 160, el de Culiacán sería un déficit de 80, si logramos detener, renegociar con el proveedor, parar el de Mazatlán porque el agujero está muy grande, renegociar el de Culiacán, es perfectamente viable”.
Y agregó “En el esquema de las asociaciones público privadas, el gobierno y la sociedad no tenemos experiencia ¿por qué hacer dos?, podemos hacer uno, en hacer dos vemos altísimo riesgo, es muy caro”.
La iniciativa con carácter preferente que López Valdez envió al Congreso del Estado en julio de 2014, destinada a otorgar el 25 por ciento de las participaciones federales como garantía de crédito para las empresas que construirán dos hospitales en Culiacán y Mazatlán, quedará detenida por lo menos durante las dos semanas que dura el periodo vacacional en el poder legislativo.
¿Es un triunfo de la sociedad organizada?, se le preguntó a uno de los ciudadanos presentes en la reunión. “Es un gran logro, pero no podemos celebrar antes de tiempo, falta ver que sucederá el año que entra”.

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