Los engranes del sistema

juicios orales 3
Estoy en Jojutla paisano, en Morelos, en medio de jardines, flores y laberintos. Aquí se celebra la Octava Reunión Nacional de Órganos Implementadores de la Reforma Penal. Es la segunda que se realiza este año. La preside María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
Ella, todas las letras de su cargo y su equipo de colaboradores trabajan para la Secretaría de Gobernación. Nos traen fritos con reunión tras reunión. No es para menos, es su responsabilidad coordinar a todos los estados y a las autoridades federales para que arranquen y operen el nuevo sistema de justicia penal. Sí paisana, ese que hemos terminado por simplificar como juicios orales.
En nuestro estado ya empezó el pasado 15 de octubre en los municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Guasave y Sinaloa. A fines de este año serán veintiocho las entidades federativas que, al menos parcialmente, operarán el sistema acusatorio en México. En Aguascalientes inició el 7 de noviembre, la Federación comienza el próximo 24 en los estados de Durango y Puebla.
Pero quien inicia la operación del sistema no ha terminado de ponerlo en funcionamiento. Por eso es importante no bajar los brazos. Todavía nos falta mucho para que el nuevo sistema de justicia penal trabaje en pleno apego a su diseño constitucional.
¡Ah paisano! Pero para que funcione hay mucha gente que debe ponerse de acuerdo. Deja te pongo un ejemplo. Para construir un juzgado de oralidad deben medirse la incidencia delictiva, el volumen de expedientes de averiguación previa y causas penales. Debe tomarse en cuenta la población que pretende atenderse, la existencia de vías de comunicación o la cobertura de servicios.
Hay que tener un terreno propio, visitar las entidades que tengan experiencia en el tema, elaborar el diseño arquitectónico, generar el proyecto ejecutivo, someterlo a la aprobación de las autoridades federales, gestionar los recursos, licitar la obra y asignar su ejecución al contratista ganador. Todo eso antes de poner un sólo ladrillo.
Además, hay que cumplir con las leyes federales y estatales. En este proceso intervienen los tribunales, fiscalías, defensorías, policía procesal, administradores de sala, informáticos, obras públicas, oficialías mayores, secretarías de finanzas, SETEC y la Secretaría de Hacienda.
Estos son los engranes del sistema. Con uno que se detenga nos retrasa todo el proyecto. Por eso es tan importante que todos entiendan la importancia de la implementación y operación del sistema acusatorio. Si los administrativos o los informáticos o los arquitectos o los financieros no comprenden los principios que rigen la oralidad, la maquinaria no camina.
Ya no es cosa sólo de abogados. Ese reino ya se acabó. Nos lo acabamos, lo llenamos de rigidez, formalidades, formatos y ritos sacramentales. Nos regodeamos en la forma y dejamos el fondo para lo último. Hicimos al sistema tradicional como pensamos que debe ser la ley. Lo condenamos a la esclerosis.
Olvidamos el componente humano. Un problema de personas lo convertimos en un tema de papeles. Ignoramos lo que el maestro Carrancá y Rivas llamó el drama penal, es decir, el conflicto de pasiones y acciones en el que personas reales se ven envueltos. Creímos que todo eso era un mero problema de abogados. Y ahora estamos pagando el precio.
Ahora vemos que el nuevo sistema de justicia penal trae consigo a procedimientos, personajes y oficinas que no conocíamos. Módulos de atención temprana, mediadores, conciliadores, unidades de justicia alternativa, acuerdos reparatorios, suspensión del proceso a prueba. Y ellos pueden ser encabezados o realizados por profesionistas que no necesariamente tienen que ser abogados.
El sistema acusatorio es multidisciplinario, requiere de psicólogos, criminólogos, sociólogos, antropólogos, administradores. Los juristas no desaparecen. No sería posible prescindir de ellos. Pero se aprovecha al máximo su formación y experiencia dejándolos a cargo sólo de los aspectos jurídicos.
Y todos ellos son también engranes. Gracias a su disposición los procesos funcionan, o ante su ausencia, dejan de funcionar. Si los medios alternos de solución de conflictos no operan, el número de casos que pasan a los juzgados aumentan y el ideal de celeridad en la justicia se colapsa. Todos los operadores son importantes. Ninguno sobra.
Tal vez el reto más importante en este momento es no dar marcha atrás. No caer ante los que apuestan al fracaso, quienes sostienen que el sistema es una imposición del extranjero, que se excusan aduciendo que no corresponde a nuestra cultura o lo rechazan simplemente porque no es lo que estudiaron en la escuela.
No ceder frente a quienes olvidan que la Constitución de 1917 estableció las bases de un sistema penal diferente al del siglo XIX, que introdujo como elemento de un sistema adversarial al Ministerio Público.
Para ello es importante la determinación de todos los operadores, pero lo fundamental es la voluntad política. Tal como ocurre con los temas de seguridad, en materia de justicia la responsabilidad política es de los gobernantes. ¡No lo olvides Mario!

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