mayo 8, 2021 7:02 AM

Bonos para ex funcionarios de Sinaloa suman 9.5 mdp

Gómer Monárrez Lara, presidente de la Comisión de Fiscalización
Gómer Monárrez Lara, presidente de la Comisión de Fiscalización

En ocho municipios de Sinaloa, las administraciones pasadas repartieron bonos e incentivos por fin de trienio para sus regidores, síndicos procuradores, alcaldes y funcionarios, una jugosa recompensa que en total suma 9 millones 471 mil pesos del erario público.
Luego de la revisión al primer paquete de cuentas públicas municipales correspondiente al segundo semestre del 2013, la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa anunció que los bonos entregados a regidores, síndicos y alcaldes deberán ser regresados a las arcas municipales, ya que la acción fue ilegal al tratarse de representantes populares que no pueden recibir bonos o liquidaciones al concluir su mandato.
Según detalló el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gómer Monárrez Lara, los municipios que cayeron en la irregularidad son: Ahome, 2 millones 982 mil pesos; Escuinapa, 804 mil pesos; Concordia, 440 mil pesos; Salvador Alvarado, 325 mil pesos; Badiraguato, 240 mil pesos; Elota, 210 mil pesos y Cosalá, 194 mil pesos.
En el caso de los funcionarios que recibieron finiquitos, el esquema sí está contemplado en la Ley Federal del Trabajo pero siempre que el recurso se etiquete en el presupuesto de egresos, lo cual no se realizó en ninguno de los casos.
Para los funcionarios que recibieron finiquitos sólo se emitirá un pliego de responsabilidad administrativa sancionatorio pero no se les podrá obligará a regresar el recurso.
Los municipios que liquidaron a sus funcionarios, sin programar el recurso en el presupuesto de egresos, son: Navolato, 976 mil pesos; Ahome, 940 mil pesos; Escuinapa, 901 mil pesos; Badiraguato, 489 mil pesos; Concordia, 291 mil pesos; Elota, 250 mil pesos y Salvador Alvarado, 75 mil pesos.
Los bonos para regidores, alcaldes y síndicos procuradores suman los 5 millones 196 mil pesos, mientras que las liquidaciones para funcionarios públicos alcanzan 4 millones 275 mil pesos.
Monarrez Lara enfatizó que esta es la primera vez que el Congreso del Estado ordena una acción resarcitoria de este tipo y aseguró que en caso de no regresar el dinero se procederá penalmente.
“Ya se le hizo saber a la ASE que en esa observación se actúe en consecuencia a la brevedad posible, que proceda ante autoridades administrativas e inicien procedimientos de regresar el recurso”, dijo.

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