Utilizaron el escape de la patrulla como arma de tortura
El jueves ocho de noviembre del 2012, policías preventivos de Ahome adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) detuvieron a una pareja que, según su reporte, viajaban en una camioneta por la carretera a Higuera de Zaragoza, transportando un fusil AK-47 y una cantidad de droga conocida como Cristal.
Unos 14 meses después, los civiles, Abraham Alberto López Yucupicio y su pareja, Claudia María Quiñónez Castro, terminaron libres, sin culpa, y finalmente desaparecieron de su poblado, de la ciudad, del municipio, del estado; mientras que sus captores, los policías Miguel Amador Rodríguez Rodríguez y Julio César Velásquez Cota, terminaban presos, enfrentando cargos graves de tortura.
Durante casi 16 meses, el GOTE, que entonces estaba al mando del “comandante”, Jesús Carrasco Ruiz, cazaba “puchadores” y gatilleros al servicio del clan doméstico de Los Mazatlecos.
“Terminen con esos marranos”, era la orden a cumplir. Por eso, los policías ubicaron a López Yucupicio, quien tenía antecedentes policiales por vender drogas.
Según el parte informativo de los agentes, a la pareja la descubrieron en circulación hacia Higuera de Zaragoza, los pararon, registraron la camioneta y encontraron una mochila. Adentro, estaba un fúsil y algo de Cristal. Los detuvieron y trasladaron a los separos de la Policía; de ahí ante el Ministerio Público y terminaron con el juez de distrito. Les imputaron los delitos de posesión de metanfetamina y de un fúsil en el juicio 200/2012.
El juez comenzó con el proceso de encontrar la verdad histórica y la legal de los acontecimientos narrados por los policías. Y entonces, los GOTE comenzaron a enredarse. Las inconsistencias entre lo plasmado en el informe policial y lo que alegaban los detenidos eran evidentes. Además, el magistrado reparó en que los cuerpos de los detenidos acusaban tortura. Golpes por todos lados, y peor aún, quemaduras.
Preguntó cómo los habían sufrido. Los policías negaron saber, pero Miguel Amador dio detalles. Fue golpeado en todo el cuerpo, hasta desmayarlo. Le metieron agua por la nariz y la boca, para ahogarlo. Lo arrastraron por el suelo. Y luego lo condujeron hasta el escape de las patrullas, y lo quemaron. Se desmayó en varias ocasiones.
Y cuando los policías se llenaron, lo tomaron de los pies y fue arrojado a la caja de la patrulla y llevado a los separos.
Cuando el juez de distrito quiso saber las circunstancias de la detención, los policías dijeron que en tránsito carretero, y por causa, la droga y el arma. Miguel Amador expuso lo contrario. Fue en el ejido La Florida. En una casa. En ella estaban de visita a una mujer recién operada. Entonces llegaron dos patrullas. A él lo llamaron y comenzaron con la golpiza que degeneró a tortura. Allanaron la vivienda. La policía le apostó al miedo comunitario y a que sus capuchas impedirían su identificación, pero se autoengañaban, porque los hechos lo cometieron a la vista de toda una comunidad y por ello se indignaron los pobladores.
Los policías dijeron que el arma y la droga estaban en la camioneta, pero la pareja no lo aceptó. Alegaron que ambas cosas no eran de su propiedad y que nunca las habían visto. Sus testigos dijeron que los policías sacaron del monte la mochila, y no de la camioneta.
Uno a uno los argumentos policiales fueron desvirtuados por los testigos. Los dos policías se hundían en su propia mentira. Nunca pudieron explicar el origen de los golpes de sus detenidos.
Y llegó el cierre de instrucción. El juez validó la presunción de inocencia. Anuló la acción policial y declaró la libertad por las inconsistencias en el informe rubricado por los GOTE. El Ministerio Público Federal (MPF) apeló la sentencia de libertad, y tres meses después, un tribunal la confirmó. El 25 de julio del 2013, Abraham Alberto y Claudia María salieron de la cárcel, y se perdieron para siempre.
Ese día, el juez dio vista al MPF de la supuesta tortura de los policías a los civiles. El expediente 200/2012 era la prueba plena. El caso pasó a la Procuraduría General de Justicia del estado y ésta ejercitó la acción penal, sin poder tergiversar lo actuado por el juez de distrito.
En enero del 2014, los dos policías GOTE fueron detenidos. Ahora están presos.
La detención de los policías torturadores desinfló el halo de impunidad que los policías preventivos tenían y que el gobernador, Mario López Valdez alimentaba con espaldarazos. Bajo anonimato, criticaron al juez que liberó a “los marranos” y hasta consideraron que “estaba arreglado por Los Mazatlecos”.
¿Qué policía terminará preso por hacer su trabajo? Se preguntaron. Y no han encontrado respuesta. Aunque en los tribunales ya se recibieron nuevas acusaciones contra policías preventivos.
Gerardo Amarillas Gastélum, director de la policía, afirmó que no se protegerán a policías torturadores, abusadores.
“Ya saben, que por sus actos van a responder. Por eso deben apegarse a derecho”.
PGJE “tuerce” el derecho
Martín López Félix, abogado crítico y con fama de independiente, afirmó que el someter al marco de derecho a la policía es una obligación que el Gobierno del Estado de Mario López Valdez enterró.
Con su afán de justifica, fomentó la impunidad, los abusos de autoridad, las desapariciones forzadas, y los asesinatos más burdos que se tengan historia, y al exigirle explicaciones de ellas inventó las justificaciones más infantiles y estúpidas que se recuerden.
“Patrullas clonadas, falsos policías, no hay videos”, son explicaciones de película, únicamente.
Las imputaciones de los dolidos ahí están: fueron policías, dan matrículas, días, horas, identifican a Carrasco y a su grupo de agentes ministeriales disfrazados de policías preventivos, pero nada se actúa. La PGJE tuerce el estado de Derecho. Los jueces de distrito lo enderezan, y las consecuencias deberán ser más policías presos, menos impunidad para todos”.
