Las bodas que vienen

 
matrimonios gay 1
El Congreso de Sinaloa, obligado a aprobar matrimonio entre personas del mismo sexo
La iniciativa sobre una reforma constitucional y otra al Código Civil Federal para reconocer el  matrimonio igualitario presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, le dio la estocada que la faltaba a la resistencia del Congreso del Estado de Sinaloa a legislar en favor de las bodas de personas del mismo sexo.
Lo anterior se suma a las señales jurídicas que ya había enviado la Suprema Corte de Justicia en fechas recientes, sobre las resoluciones a favor de los amparos que se habían presentado contra el Código Familiar de Sinaloa, el cual solamente reconoce al matrimonio y concubinato el realizado entre un hombre y una mujer.
Desde enero de 2013, cuando se discutió en el poder legislativo un nuevo Código Familiar para Sinaloa, había resistencias para incluir en la legislación local el reconocimiento  de las uniones de personas del mismo sexo.
En tribuna, el entonces  diputado local, Manuel Cárdenas Fonseca, dijo que el Código Familiar de Sinaloa se habían quedado corto, porque no se había querido traer el tema de las familias del mismo sexo, pese que había criterios y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que en el texto del nuevo Código Familiar, actualmente vigente en Sinaloa, en sus artículos 40 (relativo al matrimonio) y 165 al concubinato, están acotadas las uniones entre un hombre y una mujer, por lo que se consideraron inconstitucionales.
Desde entonces, activistas en favor del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, han enfrentado una batalla jurídica para lograr que en Sinaloa se reconozca legalmente el matrimonio y el concubinato, sin limitarlo únicamente a las parejas heterosexuales.
Ana Lidia Murillo, presidenta de la Asociación Sinaloense de Universitarias, llama a la negativa que se ha tenido en Sinaloa por reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo como una “homofobia institucionalizada”.
La Primera Sala de la SCJN advirtió en marzo del presente año al Congreso del Estado de Sinaloa, la existencia de dos sentencias que señalan que son inconstitucionales los artículos del Código Familiar que no contemplan el matrimonio de personas del mismo sexo.
La lucha legal inició con la presentación de tres controversias jurídicas en 2013, pero como no hubo resoluciones favorables, se optó por buscar la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual requiere del registro de cinco casos con sentencias  similares.
Fue entonces que se emprendió la presentación en  2014 de la presentación de amparos colectivos de las zonas centro, norte y sur de Sinaloa. Los primeros amparos se presentaron en abril de 2013, a un mes de entrar en vigencia el Código Familiar de Sinaloa.
Para la SCJN, la presentación de amparos contra legislaciones que restringen el matrimonio a parejas heterosexuales no era novedad, ya que se tenía como antecedente que en diciembre de 2012 ya había resuelto sobre casos en Oaxaca.
Inicialmente en el proyecto inicial del Código Familiar de Sinaloa, que tomó como base la iniciativa que habían presentado José Luis Urías y Claudio Gámez Perea, se habían contemplado las uniones de personas del mismo sexo, pero fue parado en seco en el interior de poder legislativo a la hora de emitir el dictamen, a pesar de que había antecedentes de inconstitucionalidad en Oaxaca.
“Yo no sé por qué, habiendo inclusive criterios y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quisieron traer a este tema lo que sucede en las familias de México, las familias que se conforman por la relación de parejas del mismo sexo, en función del tiempo en el que se constituye esa relación, independientemente de que tengan o no el contrato de matrimonio”, quedó consignado en el Diario de los Debates, cuando intervino en la discusión el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
Cuando se discutió el Código Familiar de Sinaloa ya era del dominio público que la SCJN había dado por válido el derecho a contraer matrimonio a ciudadanos del mismo sexo, con implicaciones legales como la protección de seguridad social a los cónyuges.
La primera resolución  a favor de los amparos contra el Código Familiar de Sinaloa se registró en septiembre de 2013. En el documento de la SCJN, la ministra Olga Sánchez Cordero reconocía la inconstitucionalidad del código sinaloense. Luego vendría otro recurso registrado en Mazatlán.
La activista Ana Lidia Murillo recuerda que en uno de los amparos registrados, el Juez de Distrito sobreseyó el caso con el argumento de que no había un interés jurídico porque la solicitud no había sido presentada  por una pareja. En consecuencia se interpuso el recurso de revisión y la solicitud de atracción ante la SCJN.
Otro recurso presentado en Los Mochis se resolvió favorablemente a favor del amparo por la inconstitucionalidad del  Código Familiar, en octubre de 2013, pero inmediatamente el Congreso del Estado promovió el recurso de revisión.
Jurídicamente la lucha se emprendió, apoyada en la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 junio de 2011, en la cual se señala puntualmente la prohibición de discriminación por “preferencias sexuales”.
“El Gobierno del Estado desde que se legisló en 2013, pudo presentar una iniciativa o acatar el artículo primero constitucional y hacer valer el derecho a la igualdad y la no discriminación, pero no lo quisieron hacer”, sentencia Ana Lidia Murillo.
Pese a las resoluciones de la SCJN, el Congreso del Estado ha preferido no legislar en el tema y esperar a que se dé un mandato expreso. Incluso en los amparos colectivo de 2014, cuando la SCJN resuelve el amparo nuevamente, el poder legislativo interpuso de nuevo el recurso de revisión.
En el poder legislativo no se ha emprendido ninguna reforma a los artículos 40 y 165 del Código Familiar de Sinaloa para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque sí existen iniciativas en ese sentido. Una fue presentada en septiembre de 2014 por la hoy diputada con licencia, Sandra Judit Lara Díaz, en el sentido de reformar el artículo 40 y establecer textualmente la definición de matrimonio como la unión celebrada entre dos personas con el objetivo de realizar una vida en común, y el 165 en los mismo términos relativo al concubinato.
La iniciativa de Lara Díaz no es la única; también existen registros de una iniciativa en el mismo sentido, presentada en octubre de 2014 por los diputados  perredistas Imelda Castro y Ramón Lucas, hoy legislador independiente.
Ambas iniciativas se almacenaron en la congeladora legislativa y no han sido consideradas para su discusión al pleno.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, había dicho recientemente en una rueda de prensa que esperaba las notificaciones de la SCJN para acatar su disposición en el caso del matrimonio igualitario. Ante los medios externó que tiene una formación cultural y católica como la mayoría de los mexicanos, pero que también juró cumplir la ley, por lo que acataría lo mandatado por la Suprema Corte.
Desde antes de que el presidente Enrique Peña Nieto presentara la reforma constitucional para hacer posible el matrimonio igualitario en todo el país, la diputada María del Rosario Espinoza, integrante de la Comisión de Género y Familia, al igual que Sylvia Miriam Chávez Castro, expresaban que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya debería reconocerse en Sinaloa. Sin embargo en ambos casos, aseguraban que ese tema se abordaría después del  proceso electoral.
“Yo creo que hay que esperar para no tensar una situación que por derecho ya está dada y que la lucha que se ha dado está ya en el marco de la coronación”, expresaba la diputada pasista, cuando se le preguntó sobre la necesidad de legislar en Sinaloa sobre el matrimonio igualitario, sin esperar a que la SCJN lo mandatara.
“Este no es un tema fácil, es un tema complejo y de demasiadas aristas porque entran en juego los valores y los niveles de convivencia”, expresa.
“No es un tema que quisieran debatir”, confiesa al referirse a sus compañeros legisladores.
 
 
La lucha contra los prejuicios
A Leo le preocupa no poder darle servicios de seguridad social a su pareja. Cuenta con una carrera profesional y tiene un empleo estable, pero está imposibilitado de brindarle servicios de salud porque en Sinaloa no es todavía válido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Junto a otros compañeros del Comité de la Diversidad, pide a los diputados locales legislen para que se reconozca en Sinaloa el matrimonio no solo entre un hombre y una mujer.
“Aquí el poder legislativo no está haciendo su trabajo como debe de ser”, señala sentado en una de las butacas del salón de sesiones del poder legislativo. Acudió junto con otros compañeros de la agrupación para insistir en la necesidad de que se legisle en Sinaloa acorde a las resoluciones de la Suprema Corte.
“Desgraciadamente aquí la gente no está educada, no criada para tratar a las personas gay, lesbianas, transexuales. Tenemos que educar nosotros mismos a que la gente no tenga prejuicios, no tenga problemas, o esté  preocupada por el que dirán. Somos personas, no somos diferentes, solo que nos gusta una persona de nuestro mismo sexo”.
 

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