Atacan jornaleros a indígenas en El Fuerte

 

 

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La disputa de tierras de uso común del empresario Antonio Aníbal Miranda López a indígenas del ejido El Pochotal, en el serrano municipio de El Fuerte dio un giro violento al recurrir el aspirante a terrateniente a la contratación de jornaleros para provocar un zipizape con sus detractores, y peor aún, reveló la cofradía de funcionarios priistas que comercializan sus funciones al mejor postor.

La componenda oficialista para legitimar documentos apócrifos otorgados mediante el tráfico de influencias involucra al recientemente designado delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Pablo Moreno Cota y a la supuesta defensora de los derechos indígenas, Maira Gisela Peñuelas Acuña, delegada de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros funcionarios agrarios.

“Son basuras, mentirosos, hipócritas, ruines, mercenarios, pues a sabiendas que van a traicionar a quienes les asiste la razón, el derecho y la justicia, maquinan y se confabulan para fregar al jodido; todavía los saludan, los palmean, les sonríen y se ofrecen a solucionar sus problemas, con aquel dejo de justicieros”, coincidieron Anselmo Vega y Martín López Félix, ambos representantes de los indígenas de El Pochotal.

Habiendo regresado de una reunión con Gonzalo Gómez Flores, en el despacho de la Secretaría de Gobierno de la administración de Quirino Ordaz Coppel, los representantes afirmaron que salieron asqueados por el hedor a cloaca que emana la dependencia y demás funcionarios porque sólo “nos jugaron el dedo en la boca” y a los indígenas les dieron “atole con el dedo” para favorecer a la contraparte, Miranda López, haciendo el papel de comparsa.

Y es que en la asamblea confabulada se reveló que Miranda López tiene certificados agrarios de un predio que se encuentra en disputa desde el 2012, y aunque los documentos no se mostraron, sí se exhibió un plano de aparcelamiento de 160 hectáreas de tierra de uso común fechado en mayo del 2017, en la víspera en que Moreno y Peñuelas asumían los cargos.

El plano presenta dudas más allá de lo razonable y no se acredita que fue presentado para su reconocimiento ante una asamblea ejidal.

Al plano, lo anteceden actas de asamblea que fueron invalidadas por el comisariado ejidal vigente por falsas y, aun así, la Promotoría Agraria y el Tribunal Agrario las validaron.

Los documentos de Miranda López serán combatidos en tribunales, hasta su cancelación, afirmaron Vega y López Félix.

En tanto, en la comunidad ejidal, la acción violenta intentada el pasado lunes fracasó al custodiar la Policía Municipal de El Fuerte a los nativos. No obstante, estos fueron agredidos con insultos, lengüetazos sarcásticos e imputaciones de robo de dinero que el empresario habría pagado como renta de cien hectáreas a la comisaria ejidal, María de los Ángeles Usacamea Valenzuela, depósito que fue rechazado por la dirigente en agosto del 2017 mediante escrito anexado al expediente 402/2017 que se desahogó en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de El Fuerte para concluir el contrato de arrendamiento del 21 de diciembre del 2014cuando se apersonaron en las tierras para evitar.

Los jornaleros por ser ajenos al conflicto e ignorar el desarrollo del mismo continuaron con sus provocaciones. Incluso fueron equipados con machetes y se les permitió cubrirse los rostros para montarse como guardias blancas en el predio “El Capricho” e impedir que sus legítimos propietarios tomasen el terreno para iniciar la preparación para la siembra, dado que el módulo de riego Nohme había aprobado el riego a Miranda López sin existir contrato de renta de por medio y negado el derecho a los indígenas.

Pese a la provocación, los nativos mantuvieron la tranquilidad y no respondieron a las bravatas, cumpliendo con la palabra dada al secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores de que mantendrían las cosas en calma mientras se buscaba una salida al conflicto.

Usacamea Valenzuela y la ejidataria, Paula Buchía, afirmaron que no caerán en las provocaciones de Aníbal y sus empleados pues el conflicto data de cinco años atrás, y aunque ya ha sido vencido en todos los juicios que aquel ha intentado, las agresiones no serán respondidas, aunque sí las demandas en tribunales.

Cornelio Quijano, miembro del contingente agresor, aceptó que estaban en el predio para defender los intereses de Antonio Aníbal Miranda López pues este los alquila como jornaleros además de que les renta la tierra. “Quiero los 30 mil pesos que me corresponden de la renta de las 100 hectáreas que Aníbal me dijo que ya pagó. Esos tienen el dinero y no lo quieren repartir. No van a entrar a la parcela hasta que me den lo que me corresponde”, dijo

Usacamea dijo que en el grupo que los hostigó, sólo hay cinco ejidatarios, y todos ellos “mal vendieron” sus derechos de uso común a Miranda López.

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