Conservadores y progresistas

 

 marcha

 

 

La derecha democrática es una defensora de derechos humanos, mientras la derecha no democrática busca conculcarlos. He ahí la paradoja. El vértice del debate entre las derechas. Más allá el que sostienen éstas en el campo democrático con partidos y ciudadanos. Aquel que parte del reconocimiento de principios constitucionales y reglamentarios en materia de derechos.

Bien lo establece el artículo primero constitucional, que fija con absoluta claridad su rechazo a todo tipo de discriminación social. Sea por razones de raza, color o preferencia sexual.

Acorde con el pensamiento liberal que parte de los principios de la Revolución Francesa que pregonó a finales del siglo XVIII: libertad, igualdad y fraternidad y fue la base de las constituciones latinoamericanas que igualmente reivindicaron el principio de que “mi derecho termina donde empieza el derecho de otro”.

Y en México no fue la excepción. La reforma liberal juarista y más tarde la Constitución de 1917, reivindicaron estos principios.

Sin embargo, los grupos y la iglesia católica más conservadora atizó entonces y ahora contra todo intento de ejercer la potestad individual. La educación pública, el aborto o el matrimonio igualitario es parte de su agenda política y busca imponer su punto de vista a una sociedad diversa.

No valen para ellos que hay realidades para las que el Estado debe tener respuestas racionales.

Una educación pública que fomente el desarrollo de hombres y mujeres preparadas y libres. El derecho humano de que cada mujer decida sobre su cuerpo. Y ahora, reconocer lo que ya en el DF se conoce como las llamadas “sociedades de convivencia”, un recurso de protección e institucionalización de las relaciones entre homosexuales o lesbianas.

Y en esa misma línea, favorecer los matrimonios igualitarios mediante la aprobación de una iniciativa presidencial que ampliaría el reconocimiento de derechos. Esto fue la gota que derramó el vaso.

El llamado de los grupos conservadores y la iglesia para marchar bajo la consigna: “En defensa de la familia”, que busca evitar la discusión y aprobación de la iniciativa, provocó movilizaciones de mayor o menor grado en las principales ciudades del país.

La reivindicación de la llamada “familia natural”, cuando la realidad en los países con identidad liberal democrática muestra realidades distintas, lo menos que debe hacerse es reconocerlo ante la ley. No hacerlo significa que estas comunidades cada día más amplias están desprotegidas legalmente.

El Estado al reconocer esos derechos solo actúa en consecuencia. El país ya cambió. Tenemos un mosaico diverso en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Y eso reclama un estado más omnicomprensivo y garante de derechos.

Volver a las cavernas ideológicas del siglo XVI y sus discusiones exhibe atraso y falta de voluntad política. Por eso, cuando escucho hablar de una clasificación en términos de “natural” me remite a la discriminación y exclusión de segmentos sociales.

Más, todavía, cuando el diputado Manuel Clouthier las clasifica de la siguiente forma: ¡Hay familias felices, otras disfuncionales, otras desintegradas, pero todas integradas por seres humanos necesitados de amor, de perdón, de comunicación y de ayuda!, que provocó reacciones críticas, algunas de ellas muy severas en las redes sociales.

En ellas existe la percepción de que la llamada familia nuclear de padre y madre es una más entre otras fórmulas. Y que necesitan ser reconocidas por el Estado con leyes específicas. El llamado matrimonio igualitario es el principio de una mayor integración social. Ir al reconocimiento de derechos. Evitar que a las otras expresiones se les siga asociando al pecado y el libertinaje.

Incluso, para los conservadores extremos, resulta urgente un saneamiento moral en la sociedad. Cierto, el tema es complicado, los políticos están pensando cómo les podría afectar un voto en contrario en la siguiente elección y buscan evadir pronunciamientos.

Ya lo decía Francisco Labastida, el ex gobernador de Sinaloa, cuando vio los resultados electorales pasados que fueron un desastre para el PRI y éste lo atribuyo a la posición del Presidente sobre el matrimonio igualitario. No lo creo. Lo que provocó el abstencionismo y el realineamiento electoral fue la percepción fundada de corrupción que permea a gobiernos y partidos.

En definitiva, la derecha debe ser respetuosa del juego democrático y hacerlo reconociendo el valor del debate público en el fortalecimiento de una sociedad diversa.

 

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