Transparencia simulada

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Diputados deciden que los funcionarios declaren sus bienes patrimoniales… si quieren
Mientras que el candidato del PRI a la gubernatura, Quirino Ordaz Coppel, presentó su declaración 3 de 3 como una muestra en campaña de su compromiso con la transparencia, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI se convirtieron en un dique para evitar que las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal, se incluyeran en las obligaciones de los servidores públicos en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa.
Ni en la propuesta de iniciativa presentada por el gobernador Mario López Valdez ni en el dictamen puesto a consideración del pleno, elaborado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Acceso a la Información Pública, se había incluido la obligatoriedad a los servidores públicos de presentar las tres declaraciones.
En la propuesta de la Ley de Transparencia de Malova se había incluido en el artículo 95, dentro del capítulo de las obligaciones de transparencia comunes, que “se hiciera pública la declaración patrimonial de los servidores públicos que así lo determinaran”.
Sin embargo, en el dictamen que puso a consideración del pleno, tras el trabajo de análisis de las comisiones legislativas, el artículo 95 ya no consideraba la declaración patrimonial como un asunto voluntario que podría decidir el funcionario público, sino obligatorio, e incluso se le agregó precisiones de que la información debería referir la cantidad y valor de los bienes muebles e inmuebles, valores e inversiones, y gravámenes o adeudos declarados.
Tras haberse aprobado por mayoría la nueva legislación, el artículo 95 fue incluido dentro de los artículos que quedaron reservados a una votación por separado a petición de Laura Galván Uzeta, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, y de César Fredy Montoya Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada panista propuso que la redacción del artículo 95 debiese quedar: “La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales en los últimos cinco años, de los servidores públicos que así lo determine la normatividad aplicable”.
La propuesta fue desechada por los diputados priistas, quienes son mayoría en el Congreso.
Luego siguió la propuesta del priista Montoya Sánchez, quien puso a consideración del pleno la redacción del artículo 95, textualmente como la envió el gobernador, para que quedara a voluntad del funcionario hacer pública su declaración patrimonial. La propuesta fue aceptada con el voto del Grupo Parlamentario del PRI.
“Los diputados del PRI se rajaron”, expresaría el diputado experredista Ramón Lucas Lizárraga, uno de los tres legisladores que votaron en contra de la nueva Ley de Transparencia y quien reconoció que en comisiones se había avanzado mucho en esta disposición. Desde su perspectiva los diputados priistas prefieren esperarse hasta ser obligados por la anunciada Ley Anticorrupción.
La panista Laura Galván lamentó que su propuesta no haya obtenido el voto de la mayoría, y que la bancada priista haya preferido privilegiar el “copy paste”, de la Ley General de Transparencia para realizar la armonización local.
“Entonces para qué nos pagan”, cuestionó.
Previo a la votación de la nueva ley, la panista subió a tribuna y lamentó que a pesar de haber tenido la oportunidad de tener una ley ejemplar, y ser pioneros en el tema, el poder legislativo de Sinaloa se quedó corto.
“Lamentablemente nos hemos vueltos expertos en simulación. Para construir una mejor ley no solo es necesario escuchar, y que las propuestas queden en el aire, ‘por cumplir’, debería ser un verdadero ejercicio de diálogo con los ciudadanos que participaron con sus propuestas”, señaló.
De acuerdo con el texto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las declaraciones patrimoniales son públicas a determinación de los servidores públicos, tal como lo propuso Malova y el diputado Montoya Sánchez.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Jesús Enrique Hernández Chávez, argumentó que la ley de 3 de 3 no se incluyó por “inoportunidad parlamentaria”.
“La temática se encuentra ahora mismo en estudio en el Congreso de la Unión y de cuyo resultado habrán de derivarse leyes o normatividades a las que en su momento habremos de conocer para efectuar las armonizaciones que procedan, punto este que viene a justificar el no pronunciarse por lo pronto sobre el particular”.
En la audiencia pública, tres organizaciones civiles, de las seis participantes, habían pedido se incluyera la ley 3 de 3 en la Ley de Transparencia en Sinaloa. En tanto que en la etapa de invitación a expertos, el investigador Miguel Carbonell había sugerido se analizara la posibilidad de conflicto de interés en la nueva legislación.
La aprobación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa se realizó con mayoría,  a dos  días de que venciera el plazo constitucional que se había fijado un año antes.
RECUADRO:
QUINTANA ROO SÍ A LEY 3 DE 3
Quintana Roo se convirtió el primer estado del país en incluir en su Ley de Transparencia la obligación de los servidores públicos de presentar la declaración  3 de 3.
Dentro de la Ley de Transparencia de aquella entidad se incluyeron las obligaciones comunes de hacer pública las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos cinco años.
Aunque la obligación no se encuentra prevista en la Ley General, era una demanda reiterada de las organizaciones civiles que pugnan por la transparencia de los servidores públicos, y que generó debate al no formar parte de la armonización

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