Solicitud de extradición de Javier Duarte a México, será por ocho delitos

 

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La solicitud de extradición de Javier Duarte de Ochoa a México, que se hará al gobierno de Guatemala, será por cuatro órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de ocho delitos.

De acuerdo a Animal Político, de los delitos que se le imputan al ex gobernador de Veracruz, sólo el de delincuencia organizada amerita prisión automática; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe riesgo de fuga.

La PGR informó que será hoy cuando se envíe la solicitud formal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Originalmente, la PGR había previsto enviar “casi de inmediato” la solicitud de extradición, luego de que Duarte de Ochoa fuera detenido el 15 de abril,  sin embargo el subprocurador de Asuntos Jurídicos de PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que tuvieron que esperar debido a que la Fiscalía de Veracruz pidió adherirse al procedimiento, pues cuenta con dos órdenes de aprehensión contra el ex mandatario.

Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político que las órdenes de aprehensión de Veracruz son procedentes, por lo que México pedirá la extradición de Duarte, por los casos federales como los locales.

Entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. Ni una de las 53 averiguaciones previas, iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.

Los delitos que se le imputan son delincuencia organizada, debido a que es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. El delito amerita prisión preventiva de oficio y su pena va de los 20 a 40 años de prisión, según el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena para quien resulte culpable va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.

Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. De acuerdo con el artículo 317 del Código Penal de Veracruz este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión. No es considerado delito grave ni que amerite prisión preventiva automática.

Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. No es un delito tipificado como grave. El artículo 319 del Código Penal de Veracruz establece una pena de uno a ocho años de prisión.

Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. El delito contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.

Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Un ejemplo de ello, es el Decreto 289 firmado por Duarte y  publicado en la Gaceta Oficial del estado el 19 de noviembre de 2011, en el que autorizó a la Secretaría de Finanzas para tomar recursos de partidas etiquetadas y emplearlas en otros rubros “prioritarios”. El delito  contempla  una pena de uno a cuatro años de prisión.

Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Esto está tipificado como un delito de coalición y alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.

Obstaculizar funciones electorales: por haber puesto en riesgo procesos electorales estatales y obstaculizar la entrega de recursos públicos destinados para el funcionamiento del Órgano Público Local Electoral de la entidad. La pena en el peor de los casos no supera los tres años de prisión, los cuales pueden ser sustituidos por una fianza y reparación del daño.

Para que la extradición de Javier Duarte se le conceda a México, aún pueden transcurrir varias semanas o meses. La presentación de la solicitud de extradición es, apenas, el segundo paso del procedimiento establecido entre México y Guatemala.

 

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