Ex funcionarios convertidos en terratenientes buscan repartirse el afluente del río Fuerte

 

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El control por el agua

Los nuevos ricos de la ciudad, convertidos a terratenientes por sus nexos con políticos que administraron Sinaloa en el sexenio recién concluido, fijaron una nueva meta en su ambición de amasar riqueza: el agua para riego. Y forjaron una inesperada alianza en su contra: la unión de todos los productores agrícolas del norte de Sinaloa.

Y aunque no lo dicen recio, sino quedito, culpan al ex gobernador Mario López Valdez de estar atrás de esa perversidad, que de paso engañó al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al orillarlo a publicar un decreto que libera la veda a la extracción de agua del río Fuerte.

Rafael Fernández Esquerra y Juan Enrique Labastida Ochoa, presidentes de la Red Mayor del Valle de El Fuerte (075) y Red Mayor del Valle del Carrizo, respectivamente, respaldados por el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (Anur) Quintín Suárez Andujo, denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (CNA) oculta deliberadamente la identidad de los particulares y de las asociaciones de usuarios que han tramitado una concesión de agua para riego con base al decreto del 23 de septiembre del 2016. Esta nueva disposición abroga los acuerdos del 11 de  diciembre de 1929 —con el que se suspenden la tramitación de solicitudes de aprovechamiento del Río Fuerte— y el del 25 de octubre de 1948 — que declara vedado por tiempo indefinido el otorgamiento de concesiones para aprovechar el río Fuerte—.

“Sabemos que las hay, que son personas del norte de la entidad que abrieron tierras al cultivo, que las adquirieron recientemente, pero que no tienen concesión para regarlas”, coincidieron ambos dirigentes.

Dijeron que no revelarán los nombres, porque no saben si los que iniciaron los trámites son prestanombres de políticos que recientemente dejaron el gobierno estatal”.

Las tierras con nuevos dueños fueron desmontadas en la zona de Tres Garantías, en Sinaloa municipio, Campo Esperanza, en El Fuerte, y en la sindicatura Heriberto Valdez Romero, en Ahome.

Estos pretenden obtener una concesión para sacar del río Fuerte 400 millones de metros cúbicos que según la Comisión Nacional del Agua (CNA) existen aguas abajo de la derivadora de San Blas, y que los productores llaman “aguas broncas” porque no pueden ser represadas debido a una inexistente infraestructura de contención y son desaprovechadas para riego, pero no para el lavado de tierras o de conservación de esteros y bahías.

“El volumen que ahora se pretende concesionar es inexistente y fue contabilizado en escritorio. Es una traición a los usuarios”, coincidieron.

Suárez Andujo consideró que el gobierno mexicano siempre le ha fallado a los productores, y las nuevas concesiones no es la excepción. “Nos engañó cuando nos dijo que los sonorenses nivelarían sus tierras, que modernizarían la conducción y entonces se les pasaría agua de la presa Luis Donaldo Colosio. No hicieron nada y sí se les pasó el agua”.

Coincidieron en que defenderán sus derechos con despachos jurídicos para anular el decreto del 23 de septiembre del 2016 que firmó el presidente de la República Enrique Peña Nieto, dando fin a la veda al río Fuerte

El engaño

Además de eliminar las prohibiciones para nuevas concesiones, el decreto establece zonas de reserva de agua para usos doméstico y público urbano en la cuenca del río Fuerte uno, y zona de reserva para uso ambiental o conservación ecológica en la cuenca del río Fuerte 2, así como zona reglamentada en aguas superficiales no comprometidas en las reservas.

Para fundamentar el decreto, la CNA dividió en dos secciones el río Fuerte, y el 7 de julio del 2016 publicó en el Diario Oficial de la Federación que existían 373.4 millones de metros cúbicos susceptibles de ser aprovechados. Y desglosa: 82.132 en el río Fuerte 1; 5.951 en río Choix; 2.006 en arroyo Álamos, y 283.311 en río Fuerte 2.

Y es precisamente con ese volumen como pretende crear una zona “reglamentada que permita garantizar un adecuado control de las extracciones y la sustentabilidad hidrológica para la explotación, uso aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales no comprometidas en las zonas de reserva que se establecen en virtud del presente decreto, que contempla las obligaciones y limitaciones que deben de adoptar los usuarios, a efecto de llevar a cabo una distribución equitativa de la mismas, y de evitar conflictos por dicha causa”.

El decreto señala en su artículo  sexto que se podrá solicitar concesiones o asignaciones de aguas superficiales no comprometidas en las reservas hasta por 50 años, reconociendo, en el artículo décimo, las asignaciones y concesiones ya otorgadas.

El agua a repartir será extraída aguas debajo de las cuencas hidrológicas.

Los directivos precisaron que el problema será cuando se decida entregar el agua concesionada a los usuarios, pues no hay forma de retenerla, dado que el río Fuerte no tiene diques y termina desembocando en dos bahías protegidas.

Para ellos, algún alto funcionario de la CNA se confabuló con políticos locales y determinaron abrir de escritorio una veda que daba seguridad jurídica a los módulos de riego.

Para el líder social, Cecilio Gámez Portillo, la liberación de la veda al río Fuerte fue una artimaña que funcionó conforme a los tiempos del gobierno de Mario López Valdez, pues ahora hay pudientes latifundistas que tienen todo el dinero necesario para crear su propia infraestructura, desplazando a los derechosos que por años han peleado un chorro de agua para volver de riego una zona de temporal.

“Son chingaderas de nuestros políticos. Por eso estamos cada día más jodidos”, consideró.

 

 

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