El sacerdote Rafael Martínez Gallardo fue nombrado presidente del Comité de Consulta y Participación del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán, en sustitución de Guillermo Romero Rodríguez.

El cambio fue realizado por el Alcalde Fernando Pucheta, “en una nueva etapa para fortalecer las acciones y estrategias en materia de seguridad pública y prevención del delito”.

También fue designado el empresario Lucio Marcelo Toledo Pinto como coordinador general de la organización, que antes estaba a cargo de Sergio Escutia Zúñiga.

“El tema de la seguridad pública es un tema delicado, pero primordial en la vida de los ciudadanos, sobre todo de una autoridad que busca el bienestar social. Hablamos de una sociedad que cada día está más torcida, con un gran número de jóvenes que inciden en la violencia y el consumo de drogas; una sociedad que exige pero a la vez se vuelve apática, que les gana el asombro y no participa porque el problema entre comillas no es de ellos”, expresó.

Llamó a los nuevos dirigentes del consejo a trabajar en beneficio de los mazatlecos, uniendo esfuerzos con los diferentes sectores de la sociedad.

El presbítero Martínez Gallardo señaló que es un gran compromiso asumir el nombramiento, pues lamentó que Mazatlán en su tejido social está desgarrado, por lo que se trabajará con esfuerzo para mejorar la situación.

“No vamos a descubrir el hilo negro, pues ya todo está escrito, así que tenemos que unir esfuerzos, que la ciudadanía también participe, que actúe y deje la modorra”, indicó.

En el acto también estuvo presente el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Sergio Rochín Trujillo.

El consejo es la instancia encargada de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Municipal de Seguridad Pública y cumple cinco acciones fundamentales.

Las funciones consisten en lograr los fines de la seguridad pública, promover la cultura de la legalidad e implementación de proyectos y acciones para la prevención del delito y promoción de la participación ciudadana, evaluar las políticas, programas y estrategias en materia de seguridad pública y prevención del delito, desarrollar programas de capacitación, analizar y elaborar propuestas de contenido legal.