En Sinaloa ven como normal la violencia y la desaparición de personas: Brigada Nacional de Búsqueda

 

 

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Muchos desaparecidos, pocas denuncias

 

 

La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se va con cifras que no le cuadran.

Durante dos semanas, apenas 30 personas acudieron a ellos para exponer los casos de sus familiares desaparecidos y poco más de 60 para que les tomaran muestras de ADN.

Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicaron sus informes de 2016 y destacan a Sinaloa por la desaparición de personas.

Los registros oficiales señalan a más de 2 mil 400 personas desaparecidas en el estado, solo desde 2006 a la fecha.

“Hubiéramos querido que vinieran más personas porque no es proporcional la pérdida de personas desaparecidas con las personas que se están reportando”, lamentó Jocelyn Márquez, integrante de la Brigada.

La joven atribuye a que hubo poco acercamiento de los familiares porque hay temor en las personas.

Marcela Orozco también integrante del grupo lo atribuye a la normalización de la violencia en el estado.

“La Brigada Nacional pudo constatar la complejidad del contexto social que vive en el estado de Sinaloa, que entre sus consecuencias se encuentra la normalización de los altos niveles de violencia y la desaparición de miles de personas”, mencionó.

Detalló que esperaban más personas en la toma de muestras de ADN para ingresarlas a una base de datos de todo el país, pero solo fueron poco más de 60.

Entre el 21 de enero y el 4 de febrero, la Brigada realizó búsquedas en cinco predios de Mazatlán, Navolato y Culiacán.

En la sindicatura de El Quelite, en Mazatlán; y en Sataya, en Navolato, hallaron restos humanos aparentemente de dos personas.

 

Problema grave: derechos humanos

Los organismos defensores de derechos humanos ubican a Sinaloa como uno de los estados donde la desaparición de personas es un problema grave.

En su Informe de Labores 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala al estado está entre las entidades donde más personas denunciaron desapariciones ante ese organismo.

Durante el año pasado la CNDH recibió 215 quejas por presuntos desaparecidos en todo el país.

Los estados con la mayor cantidad son Guerrero con 57, Baja California con 14, Sinaloa con 22, Tamaulipas con 21, Veracruz con 20, Nuevo León con 12 y  Jalisco con 11.

De Sinaloa, las víctimas son dos mujeres y 20 hombres.

“El país enfrenta un serio problema en materia de desaparición de personas, que aunado a los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas como en la acreditación de los hechos y la probable responsabilidad del inculpado, ocasiona la proliferación de la conducta y, consecuentemente, su impunidad”.

“Esta situación se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas”, establece el documento.

La CNDH menciona que es necesario realizar una labor de sistematización, compulsa y depuración de las distintas bases de datos existentes en México, a través de una metodología adecuada y criterios claros que permitan establecer en qué casos existen desapariciones imputables a particulares o señalamientos de desaparición forzada de personas atribuida a agentes del Estado.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, destaca que hay una grave crisis de derechos humanos en México particularmente en desapariciones y desapariciones forzadas.

El documento indica que las desapariciones y desapariciones forzadas son generalizadas en todo el país pero en algunos estados ha alcanzado niveles críticos.

El informe resalta la desaparición de mujeres con 7 mil 60 casos en México.

De estas mujeres, mil 170 desaparecieron en Tamaulipas, mil 7 en el Estado de México, 579 en Baja California, 549 en Nuevo León, 412 en Coahuila, 367 en Guanajuato, 333 en Puebla, 323 en Jalisco, 281 en Distrito Federal, 224 en Chihuahua, 218 en Michoacán, 206 en Sinaloa, 173 en Sonora y 154 en Guerrero.

 

También los desplazados

La CNDH y la CIDH también desatacan a Sinaloa por el desplazamiento interno de personas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recogió el testimonio de mil 784 personas desplazadas y detectó 35 mil 433 víctimas de desplazamiento referenciadas.

“Destacan alrededor de 4 mil 554 personas (mil 177 familias) víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa, identificadas en un expediente de queja que actualmente integra la CNDH, así como las 16 mil 92 personas indígenas desplazadas atendidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre 2006 y 2013. Estas cifras deben considerarse sólo como una muestra de la magnitud de la problemática en México”.

La CIDH en su informe reportó haber detectado desplazamientos internos en 14 de los 32 estados, con 141 eventos de desplazamiento masivo de 10 o más familias.

Este desplazamiento masivo, detalla, la CIDH, se ha concentrado en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Las entidades donde más casos se identificaron fueron Guerrero con 29 movimientos, Michoacán y Oaxaca con 20, Sinaloa con 17 y Tamaulipas y Chiapas con 14 episodios.

Para la CNDH algunas de las causas más conocidas que han provocado los desplazamientos son los temas religiosos, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, grupos de autodefensa, actividad periodística y proyectos de desarrollo.

“Una característica importante y preocupante acerca del fenómeno del desplazamiento forzado interno con motivo de la violencia en México: la ausencia de visión del problema y de las víctimas”, establece.

Si las personas que han sido víctimas de violencia omiten acudir ante las instituciones de seguridad pública o de persecución del delito a denunciar los actos cometidos en su contra, y hacer de su conocimiento su intención de desplazarse o de haberlo hecho por las amenazas sufridas o el temor fundado, las posibilidades de que las autoridades puedan ejercer sus facultades correspondientes en la materia son mínimas, ante la imposibilidad para conocer y dimensionar el problema adecuadamente, señala.

 

 

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