Ampliación de las excepciones para no convocar a licitaciones públicas, el rechazo a una plataforma abierta que transparente la contratación de obra pública, discrecionalidad en la apertura de propuestas económicas y alrededor de 50 puntos que alientan prácticas de corrupción, fueron detectados en el dictamen de la iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, un proyecto de ley que de acuerdo con constructores sinaloenses, abre las puertas a la corrupción.
Convocados por el diputado Francisco Solano Urías, integrantes de Colegios de Ingenieros y Arquitectos y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), participaron a lo largo de casi dos años en mesas de trabajo para dar forma a una nueva Ley de Obra Pública para Sinaloa.
Pero al presentarse el documento final, los constructores decidieron levantarse de la mesa y alertar de una serie de irregularidades. Aseguran que el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Obras Públicas y Planeación y Desarrollo, no incluyó ninguna de las propuestas de los constructores sinaloenses y en sentido contrario, abre las puertas de par en par a la corrupción.
En su contenido, el capítulo “consideraciones de las comisiones” atribuye su estructura a las propuestas y análisis de la CMIC y asegura: “tomando en consideración en forma especial y destacada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sinaloa, por el número de reuniones llevadas a cabo con sus dirigentes e integrantes”.
Sin embargo, el pasado 3 de abril, a través de sus tres delegaciones en la zona norte, centro y sur de Sinaloa, la CMIC envió un documento dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en el que se deslindan del proyecto de ley y rechazan su posible aprobación.
 
Legalizar la corrupción
 
José Ricardo Borboa Quintero, presidente de la delegación Sinaloa Centro de la CMIC, alertó sobre el grave retroceso que significa la aprobación del dictamen y cuestionó el por qué los legisladores sinaloenses se cierran a transparentar los procesos de obra pública.
El líder de los constructores enlistó algunos puntos del dictamen que para las tres delegaciones de la CMIC representan inconsistencias y contradicciones.
De acuerdo con el proyecto de ley, del cual Ríodoce posee una copia, en el artículo 61 se proponen 14 excepciones a la ley para que la contratante decida no convocar a licitación pública y omita los montos económicos establecidos. Este artículo se trata de una ampliación a la ley actual, la cual sólo considera ocho excepciones, sin embargo, la ampliación no es un avance sino un retroceso, enfatizó Borboa Quintero.
“Es un retroceso muy grave porque con eso ya cualquier obra puede ser por adjudicación directa y ellos pueden decidir a quién le dan la obra sin la necesidad de tomar en cuenta aspectos muy importantes, como experiencia, aspectos técnicos, economía. Se darían contrataciones discrecionales”, señaló.
Otro artículo cuestionado por la CMIC es el artículo 50, en el que se detalla cómo se llevará a cabo el proceso para la presentación y apertura de propuestas en una licitación pública. Según el nuevo artículo, las propuestas técnicas se abrirán y revisarán en el momento y delante de todos los participantes pero en el caso de las propuestas económicas, los sobres se quedarán cerrados y serán selladas al momento de que la convocante las reciba.
“Eso es gravísimo, actualmente el sobre con la propuesta económica se abre delante de todos, no es posible que ahora vaya a quedar cerrado y se lo van a llevar ellos para abrirlo en lo oscurito”, acusó el líder de los constructores.
Entre más de 50 observaciones que la CMIC ha detectado en el dictamen, otro de los artículos que inconforma a los agremiados es el artículo 131 que ahora deja libre la integración al padrón de contratistas y le abre las puertas a cualquier empresa sin el requisito de que sea miembro de alguna cámara, asociación, colegio de profesionistas u órgano equivalente.
La ley vigente especifica en su artículo 14 una serie de requisitos para pertenecer al padrón de contratistas de obra pública, entre ellos una constancia de registro ante la Cámara de la Construcción que corresponda.
Borboa Quintero, quien destaca que la CMIC agremia a 960 empresas constructoras de Sinaloa, cuestiona que al dejar libre el registro en el padrón de contratistas se abrirá la posibilidad a que cualquier empresa, incluso empresas “fantasma”, acceda a contratos de obra pública sin demostrar capacidad, certificaciones o experiencia, aspectos que garantiza la afiliación a los colegios o cámaras de profesionistas.
“En este asunto los constructores estamos muy dolidos con esta actitud que están tomando los diputados. Nos dicen que el estado es pionero en transparencia pero desde nuestra cámara estamos viendo que no se desarrollan con legalidad y transparencia en los procesos. El problema más grande aquí es cómo se legaliza la corrupción”, enfatizó.
 
 
Retroceso en transparencia
 
De la mano de los constructores, la organización civil Iniciativa Sinaloa ha revisado el proyecto de ley en coordinación con la organización nacional Transparencia Mexicana. Ambos organismos concluyeron que el dictamen de los legisladores sinaloenses se contrapone a la nueva visión que plantea el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.
Norma Sánchez Castillo, directora de Iniciativa Sinaloa, explicó que estos dos sistemas originaron la reestructuración de varias leyes en el país, entre ellas la Ley general de Obras Públicas, la cual se encuentra actualmente en el Senado luchando por erradicar los mismos vicios que en Sinaloa se pretenden aprobar, como las excepciones a la ley, la discrecionalidad y las contrataciones opacas.
Sánchez Castillo coincidió con la CMIC al destacar que el proyecto de ley de Obra Pública para Sinaloa es una ley que promueve y alienta prácticas de corrupción.
“Es muy curioso que el dictamen de ley por un lado establece que se debe priorizar la licitación pero por otro lado pongan una series de excepciones, entre ellas decir que pueden o no respetar los montos previstos en la ley. Esta excepción es uno de los puntos más graves porque el hecho de que adjudiques de manera directa abre la posibilidad de que cualquier gobernante llegue y quiera pagar favores a través de contratos de obra pública”, enfatizó la activista.
La implementación de una plataforma Compranet Sinaloa a la que todos los entes públicos estuvieran obligados a subir sus convocatorias y todo el proceso de contratación de obra pública hasta la conclusión, supervisión y finiquito de la obra era una de las propuestas a las que el dictamen de los legisladores se negó.
Sánchez Castillo criticó que esta plataforma está contemplada y es impulsada desde el Sistema Nacional de Transparencia, una herramienta tecnológica que permite sistematizar y transparentar todo el proceso de contratación, sin embargo, el proyecto de ley no lo contempla.
“Desde las organizaciones civiles lo que esperamos es que ellos saquen una ley de calidad, una ley de avanzada que esté alineada a estos dos grandes sistemas y que además ellos puedan tener la voluntad de entender y aceptar que en la ley de obras públicas es como la cereza del pastel porque en las contrataciones de obra pública es donde más corrupción se da en nuestro país”, indicó.
Pese a la postura de los constructores y las organizaciones civiles, de acuerdo con la agenda legislativa, el proyecto de ley podría subirse al pleno para su primera lectura en la semana que inicia.
Cuestionado en días pasados respecto a la postura de la CMIC, el diputado presidente de la Comisión de Comunicación y Obras Públicas, José Manuel Osuna, respondió tajante “nosotros no legislamos para la CMIC”.
 
Datos legislativos
 
La iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados fue enviada al Congreso por la mesa de trabajo “Compromisos por Sinaloa”, integrada por el gobierno de Sinaloa, los partidos políticos y los legisladores del Congreso Estatal.
 
El diputado panista Francisco Solano Urías, presidente de la Comisión de Planeación, es ubicado como el principal impulsor del proyecto de ley.
 
El dictamen de ley consiste en once títulos, 20 capítulos, 137 artículos de contenido y nueve artículos transitorios.
 
Para buscar puestos de elección popular, siete diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Obras Públicas y Planeación y Desarrollo pidieron licencia y actualmente ya no legislan en el Congreso local: Mario Imaz López, Martín Pérez Torres, Renata Cota Álvarez, María Lorena Pérez Olivas, Sandra Lara Díaz, Robespierre Lizárraga Otero y Rigoberto Valenzuela Median.