El decreto olvidado

 

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Metieron a Malova en una nueva pifia

Después de las vacaciones de verano, desde el despacho de Gerardo Vargas en la Secretaría de Gobierno mandaron buscar el decreto 768 que envió el Congreso en febrero de 2013, pero no daban con él. Hacía tres años y medio que el Poder Legislativo había aprobado las reformas a la Ley de Justicia Administrativa, y deliberadamente se había decidido no publicarlas, dice una fuente que estuvo en el despacho del gobernador.

Cinco días después de que se aprobaron aquellas reformas, Malova asumiría la Presidencia de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, y lo que menos quería era quedar bien con el grupo de diputados priistas que impulsaron la reforma a la Ley de Justicia Administrativa, encabezado por Luis Cárdenas Fonseca. Incluso, se valoró vetar las reformas, pero decidieron no confrontar con el legislativo, y mejor guardaron el decreto 768.

La reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en este momento vigente aun con la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR y la CEDH, reforma los artículos 5; la fracción III del 6; y el artículo 7. Al mismo tiempo, deroga los párrafos penúltimo y último del artículo 113.

Pero es la posibilidad de ratificación de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin necesidad de convocatoria abierta ni ser removidos, lo que convierte la publicación extemporánea en una pifia jurídica. De haberse publicado el decreto en tiempo y forma, hoy la reforma no estaría a debate, simplemente porque aún no se aprobaban entonces las reformas constitucionales en materia anticorrupción.

Una fuente de la Secretaría General de Gobierno asegura que fue después de las vacaciones de verano cuando se desempolvó el decreto olvidado, y siguió la marcha de requisitos indispensables para su publicación, luego de que el Congreso lo envía al Ejecutivo: requiere de la firma del gobernador y del secretario del ramo implicado, en este caso el propio Gerardo Vargas. Y luego se envía para su publicación, que fue el 19 de agosto en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa número 101.

 

Convencieron al gobernador

 

Dos fuentes diferentes coinciden en que al gobernador Mario López Valdez le llegaron a principios de agosto con el decreto que estaba pendiente, el 768, desde tres años y medio atrás. El mismo Gerardo Vargas participó para convencerlo de la conveniencia de su publicación, y el decreto siguió su marcha.

Dentro del gobierno hubo quienes mantenían la posición anterior, es decir, no publicar el decreto, pero prevaleció la postura de Vargas Landeros.

Unas semanas antes, el decreto que estaba en el olvido fue recordado por el propio magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gilberto Plata, a quien no iba dirigida la reforma pero podría resultar beneficiado, por ser el siguiente magistrado a quien se le vence su periodo. Plata junto con Vargas, concluyeron que aún era posible la reforma y garantizar así, al menos, la permanencia de dos de los tres magistrados actualmente en funciones: el propio Gilberto Plata en la primera oportunidad.

 

La acción de inconstitucionalidad

La Procuraduría General de la República (PGR) fue la primera en reaccionar por la reforma publicada y presentó una acción de inconstitucionalidad. Con inusual rudeza, la PGR  señala: “…que el citado Decreto viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, ya que permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo, contraviniendo la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.”

Y es que en el nuevo engranaje constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, un decreto como el publicado en Sinaloa ya no encaja, y se sabía al interior del gobierno estatal, pero aun así ganaron en influencia con Malova quienes señalaban que aún era posible la publicación.

A la acción de inconstitucionalidad de la PGR se unió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego de que Coparmex le exigiera su intervención.

Además, la PGR arremete también contra el Poder Legislativo, en este caso la legislatura LX: “De igual forma, la Institución estima que el Congreso del Estado de Sinaloa, transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, toda vez que detrás del mandato del Constituyente de crear, primero, un Sistema Nacional, para luego, constreñir a las entidades federativas al diseño de Sistemas Locales, debió reconocer la existencia de un «principio de integralidad» según el cual, tales sistemas no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica.”

Pese a la pifia, en el gobierno estatal no habrá ninguna queja por lo sucedido porque la decisión de publicar el decreto salió desde el despacho del propio Secretario de Gobierno.

 

 

 

 

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