Persiste la baja calidad educativa, los aviadores, “comisionados”, plazas y bonos no autorizados, pagos excesivos, categorías inexistentes…
En las cuentas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa, a cargo de Francisco Frías Castro, de nuevo brotan las irregularidades.
Recientes hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se suman a los señalamientos de la Auditoría Estatal, a los alarmantes indicadores que arrojó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos realizado por el INEGI y a las mismas observaciones que la ASF ya le había marcado al gobierno de Sinaloa en su revisión anterior.
Pagos a comisionados del sindicato, recursos para la educación gastados en reuniones, viajes y bonos, además de una extensa relación de supuestos trabajadores a quienes no conocen en las áreas a las que están asignados, son los vicios que se repiten una y otra vez en el manejo irregular de los recursos para la educación.
Pero lo más grave del descontrol administrativo lo advierte la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la fiscalización al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB): la calidad educativa en Sinaloa no es satisfactoria.
La última vez que se aplicó la prueba Enlace en Sinaloa en 2013, cinco de cada 10 alumnos de primaria estaban reprobados en español, mientras que en secundaria, ocho de cada 10 estudiantes no lograron una calificación elemental en matemáticas.
En la educación indígena, el panorama se agrava: ocho de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria no lograron acreditar español y matemáticas.
Paradójicamente, ese mismo año, el gobierno de Sinaloa gastó 270 millones de pesos en bonos irregulares para docentes de educación básica, 2 millones en reuniones y viajes, y 5 millones de pesos en comisionados del sindicato.
Bonos no autorizados
Del fondo federal FAEB, creado para elevar la calidad educativa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, a través de los Servicios de Educación Pública Descentralizada (SEPDES), pagó 270 millones de pesos en bonos que no están autorizados por la SEP y por lo tanto no se pueden financiar con el programa federal.
La lista de bonos que indebidamente se pagan con recursos para la calidad educativa incluyen: ayuda de gasolina, bonos por el día del maestro, para directoras efectivas y comisionadas, para apoyo técnico de educación especial, para conductores de programas de educación física, para auxiliares técnico pedagógicos, de apoyo para asesores, así como bonos anuales para no docentes y mensuales a personal de apoyo.
Según información proporcionada por docentes adscritos al SNTE 27, el bono por el día del maestro va desde los 3 mil hasta los 4 mil pesos, ya que varía de acuerdo con la zona en la que labora el profesor.
Otro ejemplo es el del apoyo para gasolina, el cual es otorgado exclusivamente a supervisores escolares.
De acuerdo con la ASF, los 270 millones de pesos fueron repartidos entre 28 mil 588 trabajadores de la educación en Sinaloa, por lo que emitió un pliego de observaciones a través del cual presume un daño a la hacienda pública federal y se obliga al Estado a solventar la irregularidad.
Pero los recursos del FAEB no sólo se gastaron en bonos irregulares.
La SEP en Sinaloa también compró uniformes, zapatos, playeras y corbatas para un evento cultural por el Día del Maestro, pagó viáticos de los programas Ver bien para Aprender Mejor, Escuela Segura y Programa de Inglés; la celebración de una posada para niños y trabajadores y el premio de transportación a la Ciudad de México por haber participado en el concurso “Diputado por un día”, entre otros rubros.
Por estos gastos, que no pueden ser financiados con recursos del fondo, se erogaron 2 millones 194 mil pesos.
Caos en la nómina educativa
En abril de 2014, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos (CEMABE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ubicó a Sinaloa en el octavo lugar nacional con más irregularidades en la nómina de la educación básica.
De los 56 mil 837 servidores públicos que se desempeñan en diferentes áreas del sector educativo en Sinaloa, el CEMABE detectó que hay 12 mil 028 personas que perciben un salario por una labor que en realidad no realizan.
En la nómina de la SEPyC hay 2 mil 561 trabajadores a quienes ni siquiera conocen en las áreas donde están asignados; 3 mil 350 trabajadores en “activo” ya han renunciado, fallecieron, están jubilados o pensionados; 4 mil 689 están registrados en una área pero trabajan en otra y 1 mil 428 tienen licencia o comisión.
Y aunque los hallazgos del CEMABE fueron detectados en el periodo de septiembre a noviembre de 2013 y los resultados se hicieron públicos en abril de 2014, unos cuantos meses después, en julio de 2014, la Auditoría Superior del Estado encontró que las irregularidades persistían.
La ASE revisó un muestra de la nómina de los trabajadores inscritos a la sección 53 del SNTE y encontró que se pagan 2 mil 384 plazas que no están autorizadas en el presupuesto, hay 13 mil 401 docentes o trabajadores de la educación a quienes se les paga en exceso y 4 mil 957 plazas que no corresponden al nivel en el que se ubican.
De nuevo, la ASF, en su revisión a la cuenta pública 2013, confirma lo que ya se había expuesto y que en reiteradas ocasiones fue negado por los líderes sindicales y el propio secretario de educación, Frías Castro.
En el cúmulo de irregularidades del FAEB, se encontraron pagos a casi 5 mil trabajadores que cuentan con categorías que no existen en el catálogo de la institución y tampoco corresponden a los fines y objetivos del FAEB, un gasto de nómina que alcanzó los 69 millones 958 mil pesos.
La SEPyC también utilizó 5 millones de pesos del FAEB para pagarles a 57 trabajadores comisionados a la sección 27 del SNTE y a 112 trabajadores comisionados a centros AGS, en los que se desconoce las funciones que los docentes realizan.
Se detectaron a 65 trabajadores en cuatro centros de trabajo no localizados en el catálogo autorizado, 68 trabajadores en 12 centros de trabajo no financiables con el fondo y 262 trabajadores en 72 centros de trabajo clausurados, lo que sumó un ejercicio irregular de 5 millones 734 mil pesos.
Carrera magisterial, sin resultados
La carrera magisterial, uno de los instrumentos para estimular la calidad de la educación y la profesionalización del docente, también fue analizada por la ASF.
Los resultados no fueron distintos. El impacto es mínimo y los niveles de calidad educativa son muy bajos.
Según el análisis de la ASF, sólo un 25.3 por ciento de los docentes financiados con el FAEB se encuentran incorporados al programa de Carrera Magisterial.
El programa se divide en tres vertientes y cada una tiene categorías de la A a la E, siendo esta última la categoría de más alto nivel.
En la vertiente de Docentes Frente a Grupo, hay 21 mil maestros sinaloenses inscritos en el programa, pero de ellos, sólo el 6 por ciento ha alcanzado la categoría E.
Es decir, sólo 1 mil 260 maestros de educación básica en Sinaloa tienen el más alto nivel profesional establecido en la carrera magisterial.
Un 8 por ciento está en el nivel D, el 11 por ciento se ubica en nivel C, el 25 por ciento ha logrado el nivel B y el 47 por ciento tiene el nivel más básico, en la categoría A.
De los 21 mil profesores que pertenecen a carrera magisterial en la categoría de Docentes Frente a Grupo, la ASF detectó a 3 mil 990 profesores que en realidad trabajan en centros administrativos y no frente a un grupo.
En la fiscalización de la ASF al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica se auditaron 7 mil millones de pesos entregados a Sinaloa en 2013 para operar el Fondo.
De entre esa cantidad la ASF encontró un manejo irregular en 336 millones de pesos.
La cifra es la más alta de las 24 auditorías realizadas al Gobierno de Sinaloa en la revisión a la cuenta pública de 2013.
Reincidencia solapada
A pesar de acumular cuatro demandas penales por el mal uso de los recursos públicos federales, en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa persiste el descontrol.
Apenas el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer cuatro denuncias de hechos en contra del Gobierno de Sinaloa por irregularidades en los ejercicios 2011 y 2012, tres demandas contra los Servicios de Salud y una en contra de la Secretaría de Educación Pública.
Si bien, ante los recientes resultados de la ASF, la defensa del secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, se argumenta en la reducción de los montos señalados como recuperaciones probables, los cuales pasaron de casi 300 millones en 2012 a 65 millones de pesos en 2013.
“Fíjense cómo bajó, de tener en 2010 niveles muy altos de observaciones, a tener ahora unas observaciones de 60 y 30 millones, yo creo que hemos disminuido, se ha ido trabajando muchísimo, y yo creo que 2014 debemos salir mucho mejor que en 2013”, festejó en días pasados el titular de la salud en Sinaloa.
Pero lo que Echeverría Aispuro no considera en su justificación, es que las observaciones al descontrol administrativo, realizadas por la Auditoría Superior de la Federación son las mismas que se señalan año con año.
Y es que de las 24 auditorías realizadas a los fondos federales operados por Sinaloa, el Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y Sinaloa para operar el Seguro Popular, es el que más reincidencias presenta.
Está mal y lo vuelven a hacer mal
Ya en el informe de la cuenta pública de 2012, la ASF indicaba párrafo tras párrafo las reincidencias que anteriormente habían marcado en el informe de 2011.
Manejos irregulares en cuentas bancarias que dificultan la revisión del gasto y resta transparencia al ejercicio de los recursos, transferencias de recursos de una cuenta a otra que originan faltantes millonarios, ausencia de documentos que justifiquen y comprueben el correcto uso de los recursos, son algunas de las reincidencias que en el ejercicio 2013 se vuelven a presentar.
“La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, enfatizó la ASF en su último informe.
A pesar de que el desorden, la ineficacia y opacidad en la administración pública estatal colocan a Sinaloa en el quinto lugar nacional con más deficiencias en el manejo de recursos públicos, el gobernador Mario López Valdez justifica sus números.
En días pasados, López Valdez sacó sus propias cuentas y según su lógica, entre más obras realiza su gobierno, más observaciones tendrán las auditorías.
“Si tiene muchas observaciones también tienes mucha obra, vamos a terminar con el triple de inversión en infraestructura de lo que se invirtió en el sexenio pasado, cuando tienes muchas obras bueno pues hay observaciones”, respondió el mandatario tranquilamente a los cuestionamientos sobre los más de 900 millones de pesos que deberá solventar la entidad ante el máximo órgano de fiscalización.
