Ex diputada pertenece a red de tráfico y lavado de dinero del ‘Chapo’: EU

 

 

 

rashide frias

 

La ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, no sólo mantenía una relación sentimental con Joaquín el Chapo Guzmán, sino que, además, formaba parte de una fracción perteneciente al capo, quien la habría delegado para dirigir una de sus redes financieras que movían cientos de miles de dólares, según acusan documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ).

Según se explica en el expediente 17MJ2036, radicado en una corte federal del Distrito Sur de California, Sánchez López fue identificada mediante una red de comunicaciones que habría sido intervenida por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (HSI), y de la que la ex legisladora formaba parte.

Esa red, monitoreada por agentes del HSI, que a su vez eran informados por elementos infiltrados dentro del Cártel de Sinaloa, siguieron durante meses el sistema de comunicaciones del Chapo, y quienes tras identificar un mismo mensaje salido de la zona donde se encontraba el capo.

Los agentes lograron establecer que los mensajes eran reenviados a diferentes teléfonos celulares y radios satelitales en distintas zonas, primero por gente que formaba parte del primer anillo de seguridad del capo, para después ser reenviados a “secretarias” de segundo y tercer rango, hasta finalmente llegar al destinatario final.

Descifrada esta forma de comunicación, se llegó con un personaje identificado con el pseudónimo de “Piedra”, que aparentemente era el alias que Sánchez López utilizaba para comunicarse con el resto de la red, incluyendo al Chapo, detalla el documento de nueve páginas, fechado el 22 de junio pasado, un día después de que la ex legisladora fuera detenida.

Fue por ello que cuando Lucero Guadalupe intentó cruzar al vecino país del norte, el agente migratorio notó que la visa estaba cancelada, y que la ex legisladora era acusada por el gobierno estadounidense por tráfico de droga y lavado de dinero, procediendo el agente a su arresto inmediato.

 

El silencio

Esa noche, Lucero Guadalupe durmió en una celda del Metropolitan Correctional Center, una prisión de mediana seguridad localizada en el centro de San Diego. Los cargos eran sólidos, y las acusaciones estarían basadas en grabaciones telefónicas, fotos, lo mismo que en testimonios de informantes, agentes infiltrados dentro del Cártel de Sinaloa, lo mismo que con careos con testigos protegidos, antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Luego de pasar la noche tras las rejas, varios agentes del US Marshals fueron por la ex legisladora a su celda para llevarla frente a la Magistrado Barbara L. Major, quien tras leerle los cargos por conspiración para introducir al menos cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos, además de lavado de dinero y asociación delictuosa, no preguntó si se declaraba inocente o culpable, sino que le cuestionó si contaba con la fluidez necesaria para solventar un abogado privado.

La ex diputada, quien apenas dos años antes era capaz de postrarse frente al podio del Congreso de Sinaloa y levantar la voz, esta vez sólo emitió una voz apenas audible, en donde decía que no tenía dinero para contratar a un abogado privado.

No obstante, los fiscales del caso encabezados por Joshua Mellor, refutaron esa información aduciendo tener evidencia de que la acusada contaba con “cientos de miles de dólares”.

También la magistrado Major dudó que la ex legisladora no tuviera dinero, y ordenó a la acusada que volviera a revisar la información en español para que estableciera por escrito su situación financiera, advirtiéndole que de mentir estaría incurriendo en perjurio.

Todavía los fiscales solicitaron que no se le fijara una fianza a la ex legisladora, pues consideraron que pudiera huir de nuevo a México, aunque de eso ya no hubo necesidad. Sánchez López enfatizó que no tenía dinero.

La Juez Major determinó asignarle un abogado de oficio para su caso, fijando para el próximo 29 de junio la fecha para la primer audiencia, en donde se le preguntará si se declara inocente o culpable.

Nueve minutos de audiencia que para la ex legisladora parecieron eternos. Según explicaron voceros del USDOJ momentos más tarde, la comparecencia duró nueve minutos cuando mucho, e inmediatamente después, la ex diputada fue conducida por elementos del US Marshals de nuevo al Metropolitan Correctional Center, donde su celda la aguardaba.

 

La investigación

Lucero Guadalupe Sánchez López no era la única involucrada en la red del Chapo, según se explica en el expediente, sino que su hermana Carolina también formaba parte de la red. La justicia sin embargo nunca llegó a ella, pues en enero de 2014, la mujer fue asesinada a cuchilladas por su marido. Ese mismo mes, el esposo de Lucero Guadalupe fue asesinado a balazos en Cosalá.

Tras esas tragedias, Sánchez López se enfocó en su carrera como legisladora, pero apenas un mes después, el 22 de febrero de 2014, el Chapo sería arrestado en Mazatlán. Según revelan los documentos, el arresto se realizó gracias a las llamadas intervenidas por el HSI, que para entonces ya estaba trabajando con la DEA en colaboración con el gobierno de México.

Apenas cuatro días antes, habrían caído a la casa donde el capo se encontraba descansando, aunque en esa ocasión logró escapar por un túnel que conectaba a través del drenaje u otro sistema de desagüe que daba directamente a un canal de riego conocido como canal de Recursos, en Culiacán.

Pero la investigación no se detuvo ahí, sino que meses después se identificaron otras llamadas que está vez involucraban a “Tere”, una mujer quien se identificó como la “novia del Chapo”, información que habría de ser corroborada por un narcotraficante del Cártel de Sinaloa arrestado en los meses previos a la captura del capo, en Mazatlán, y quien se habría integrado al programa de testigos protegidos.

Este testigo protegido reveló que apenas un día después del arresto del Chapo, se le notificó que debía establecer comunicación con una persona identificada únicamente con el nombre de “Tere”, pues debía pasar información acerca de un operador ubicado en Ecuador, identificado después como Oscar Antonio Berrocal Sandi, quien era responsable para traficar cientos de toneladas de cocaína.

Tiempo después, “Tere”, solicitó al testigo protegido verlo en persona, precisando en ese encuentro que ella le habría confesado ser la novia del Chapo, además de confiarle haber estado con Guzmán Loera cuando casi lo capturan en Culiacán, el 18 de febrero.

“Yo le dije que se fuera a Cosalá conmigo, porque allá yo soy diputada, y allá iba a estar más seguro”, se lee en el documento.

Ese testigo protegido, además de las grabaciones de las llamadas y los mensajes, habrían sido elementos necesarios para determinar que Lucero Guadalupe conspiró para la introducción de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

 

Focos rojos

Para la abogada Rosalba Alarcón Ramírez, una de las defensoras de Sánchez López en México, las acusaciones que presenta la fiscalía estadunidense son muy parecidas a las presentadas por la PGR, luego que estallara el escándalo en donde se acusó a su defendida de ingresar al Altiplano para ver a Guzmán Loera con identificación falsa.

“Se dicen muchas cosas, lo cierto es que esta señora no tiene dinero, y si realmente está involucrada en ese negocio, nosotros no sabemos cómo, pues lleva una vida muy austera”, dijo la abogada a Ríodoce.

Voceros del USDOJ dijeron que no comentarían porque la fecha del expediente ocurre un día antes después del arresto, pues generalmente primero se emite un expediente que a su vez es presentado a un juez, para que éste apruebe la detención de un sospechoso.

Alarcón Ramírez enfatizó que ellos como defensa habrían advertido a la ex diputada a no intentar dejar el país, pues ello daba pie a perder su libertad, pues estaría violando los códigos del sistema penal mexicano.

Sánchez López fue detenida el 21 de junio pasado, a las 9:30 de la mañana, luego de que solicitó refugio al gobierno de Estados Unidos en la garita instalada en el puente fronterizo Cross Border Xpress (CBX), en la Mesa de Otay.

Según el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), Sánchez López fue retenida de las 10 de la mañana, hasta después de las 6 de la tarde, que se le notificó que estaba detenida, ya que enfrenta en Estados Unidos cargos por conspiración.

Según algunos medios de comunicación, la ex legisladora de 26 años es madre del hijo menor del capo.

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ENGARZADA…

Foto: lucero registro

PAN postuló a Lucero cuando era investigada por EU

 

Anabel Ibáñez

 

A pesar que el ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, defendió en su momento que la postulación de Lucero Sánchez López se había decidido a través de los órganos colegiados autónomos del partido cuando ella no había incurrido en algún delito, lo cierto es que desde enero de 2012 empezó a ser investigada en Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas y participación en operaciones de lavado de dinero del cártel liderado por Joaquín Guzmán Loera.

Gustavo Madero Muñoz era el líder nacional cuando Lucero Sánchez López fue aceptada en 2013 como candidata por mayoría a diputada local por el distrito XVI con sede en Cosalá.

“Ella tenía carta de no antecedentes penales y… no tenía ninguna acusación”, declaró en febrero de 2016 el entonces diputado federal cuando los medios de comunicación lo cuestionaron sobre la postulación de Lucero Sánchez, cuando brotó el escándalo en que la diputada panista había usado un documento falso para visitar a Joaquín Guzmán Loera cuando se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

A manera de argumento, dijo entones que como dirigente nacional del partido no había palomeado a nadie.

Cuando ya se había convertido en diputada electa y había recibido su constancia de mayoría por el Consejo Distrital Electoral de Cosalá, en septiembre de 2013, autoridades judiciales de Estados Unidos intervenían mensajes de su teléfono celular.

Lucero Sánchez ganó arropada en una postulación de la coalición “Unidos Ganas Tú”, conformada por el PAN, el PAS, Nueva Alianza, el PRD y el PT, en un distrito serrano en donde por primera vez perdía el PRI.

Ya convertida en diputada en funciones, en enero de 2014, nuevamente Estados Unidos obtiene una autorización judicial para que agentes  del Distrito de Arizona sigan sus mensajes transmitidos por celular, en donde usa el pseudónimo “Piedra”.

Desatado el escándalo de los presuntos vínculos de Lucero Sánchez con Guzmán Loera, el ex dirigente de Acción Nacional en Sinaloa, Edgardo Burgos Marentes,  aseguró en enero de 2016 que no fue llevada en 2013 al PAN por ningún padrino y que había llegado sola mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía.

Defendió que en ese momento no hubo ningún señalamiento sobre las relaciones de Sánchez López con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

De acuerdo a la versión del entonces dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Eduardo Burgos Marentes, el primer encuentro con Lucero fue en abril de 2013 cuando la recibió junto al entonces aspirante a la alcaldía José Manuel Ceballos Padilla y el presidente del comité municipal Ricardo Soto Madueño, en una reunión que duró 25 minutos y fue para conocer de la aspiración que tenían los cosaltecos.

Cuando el 20 de enero de 2016 detiene la PGR a Lucero Sánchez para que responda sobre una averiguación iniciada por el presunto uso de documento falso, inició un escándalo nacional.

La autoridad la acusó de pertenecer a una red de crimen organizado, cuyos cargos no acreditó, y de usar una credencial de elector falsa en 2015 a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, proceso que sigue todavía su curso legal en los juzgados mexicanos.

El caso de Lucero Sánchez provocó al interior del PAN la caída de varios líderes, como fue la destitución como coordinador de la bancada panista de Guadalupe Carrizoza, así como sanciones a quien fungía como presidente interino, Adolfo Rojo Montoya, y a Eduardo Burgos Marentes, quien entonces se perfilaba como candidato natural a una diputación.

Lucero Sánchez no concluyó su periodo constitucional para el cual fue electa porque en junio de 2016 fue desaforada por el Congreso de la Unión. El Congreso del Estado no tomó públicamente la decisión de separarla del cargo y asumió una postura ambigua, porque no le permitió se continuara ocupando su curul, pero tampoco llamó nunca a la diputada suplente.

 

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