El nuevo subsecretario de Seguridad Pública estuvo preso por “uso indebido de atribuciones”

 

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El recién nombrado Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sergio Piñeiro Camacho, estuvo preso en 2015 en la Prisión Militar de la Primera Región pero obtuvo su libertad con un amparo.

De acuerdo con sentencias de amparo de un Juzgado de Distrito y un Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, el Teniente Coronel de  Fuerza  Aérea  Especialista  en  Electrónica  de  Aviación, Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo, fue acusado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de favorecer a un proveedor en una licitación y realizar una compra con un sobreprecio de más de 2 millones de pesos.

El militar promovió un amparo que le fue concedido, debido a que el Juez de Distrito consideró  que el Ministerio Público Militar no aportó elementos suficientes para acreditar el delito.

Piñeiro Camacho rindió protesta como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, el lunes pasado.

En 2015 fue acusado por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos y de infracciones de deberes correspondientes a cada militar, según su comisión o empleo.

En ese entonces era Jefe  de  la  Sección  de Suministros Médicos de la Subdirección de Adquisiciones de  la  Dirección  General  de  Administración de la Sedena.

El 15 de junio de 2015 fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión y el Juez Tercero  Militar  Adscrito  a  la  Primera  Región Militar resolvió dictar auto de formal prisión el 18  de  julio, dentro  de  la  Causa  Penal  201/2015.

En  su  calidad  de  Jefe  de  la  Sección  de Suministros Médicos —acusó el Ministerio Público Militar—,  entre  los  días 16  y 30  de diciembre  de  2013,  contrario a  lo  que  establece  la  ley  y  el  Manual  de  Organización  y Funcionamiento  de  la  Dirección  General  de Administración  de  la  Secretaría  de  la  Defensa  Nacional, celebró  indebidamente  el  contrato  número 4500011851/2013  con  la  empresa  “Ingeniería  Viomdiq, Sociedad  Anónima  de  Capital  Variable”,  con  recursos económicos  públicos,  sin  que previamente  haya  agotado las  acciones  necesarias  para  obtener  las  mejores  ofertas de  proveedores  a  nivel  nacional  o  internacional.

“Existe  la suficiente  evidencia  documental  que determina  un  detrimento  al  presupuesto de  la  Secretaría  de  la  Defensa  Nacional, por  un  importe  de  $2,212,339.82  (dos  millones doscientos  doce mil  trescientos  treinta y nueve  pesos  82/100  moneda  nacional).

“Las  pruebas  documentales exhibidas  por  la  Inspección  y  Contraloría General  del  Ejército  y  Fuerza  Aérea,  se observa  evidentemente  que  los funcionarios  que  intervinieron  en  el procedimiento  de  adjudicación  (ejercicio  de sus  funciones)  hubo  intereses  que favorecieron  al  contratista  “Ingeniería Viomdiq,  Sociedad  Anónima  de  Capital Variable”,  en  la  contrata  respectiva, efectuando  compras  a  precio  mayor”, señala el documento.

La compra fue de materiales  e insumos  de  alta  especialidad  para toma de biopsias,  para  el  Hospital Central Militar y Hospital de la Mujer de Neonatalogía.

La Sedena señaló que el militar dejó de  cumplir  sin  causa justificada con los deberes que le imponía su empleo, ya  que  cuando  se  advierte  diferencia  entre  los  precios  de las  ofertas  presentadas  en  la  misma  licitación  pública,  se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente  y  al  no  contarse  con  éstas,  debió  declarar desierto  el  procedimiento  de  licitación  o  cancelar  las partidas  correspondientes  a  los  artículos  que  se adquirieron  a  precios  muy  elevados.

Al no  hacerlo, detalló, provocó  con  esa  conducta  un  detrimento  económico  al presupuesto  de  la  Secretaría  de  la  Defensa  Nacional,  por la  cantidad  de  2 millones 212 mil 339 pesos.

Piñeiro Camacho promovió un amparo contra el auto de formal prisión y el Juez de Distrito lo concedió.

El Juez amparista determinó que los datos recabados por el Ministerio Público eran insuficientes para acreditar los elementos del delito.

El Teniente Coronel, resolvió el Juez, no aparece en el acta de fallo en la que se aprobó y ordenó la adjudicación.

El juez señaló que en  la  parte  final  del contrato  aparece  el nombre  y  firma  del  quejoso,  pero no  quiere  decir  que  él  haya sido  el  otorgante.

El Juez de Distrito revocó el auto de formal prisión y ordenó al Juez Militar dictar auto de libertad por falta de pruebas para procesar.

El 30 de octubre de 2015, el director de la Prisión Militar notificó al Juzgado que ese día Piñeiro Camacho había sido puesto en libertad.

La Sedena también involucró al Mayor de Sanidad  Diplomado de Estado Mayor,  Roberto  Arellano  Cordero, quien tiene vigente un juicio de amparo en un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México contra el auto de formal prisión.

En diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública resolvió un expediente de sanción en que determinó inhabilitar Viomdiq por 18 meses, por lo que en ese periodo las dependencias federales no pueden celebrar contratos con esa empresa.

El nuevo funcionario estatal tiene una carrera en áreas administrativas de la Sedena.

De acuerdo con la Sedena estudió un diplomado en compras gubernamentales, diplomado en presupuesto basado en resultados y tiene maestría trunca en administración.

De 1997 a 2001 fue Jefe de Subsección de Evaluación y Estadísticas en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento del Colegio del Aire, de 2001 a 2005 fue Jefe de Subsección de Ingeniería en el Estado Mayor de la Fuerza Aérea, de 2005 a 2013 fue Subjefe de Sección en el Estado Mayor de la Sedena y de 2013 a 2015 fue Jefe de Sección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración de la Sedena.

El 16 de enero de 2015 fue nombrado Director General Adjunto del Banjército y el 15 de junio de 2015 fue separado del cargo y puesto a disposición del Juez Militar.

En la Secretaría de Seguridad de Sinaloa será el encargado de proponer el fomento y desarrollo de programas preventivos tendientes a reducir los delitos y la trasgresión de normas, leyes y reglamentos, diseñar y aplicar mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que realicen funcione similares a la SSP y proponer convenios en materia de seguridad.

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