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Diferencias y semejanzas en las iniciativas para aprobar la Ley Local del Sistema Anticorrupción

 

Con cuatro iniciativas de la Ley del Sistema Local Anticorrupción presentadas ante el Congreso del Estado, el Poder Legislativo podría tener en breve una legislación local en la materia conforme mandatan las reformas constitucionales.

La primera iniciativa fue la presentada por la diputada del PRI, María Eugenia Medina Miyazki el pasado 30 de marzo. Luego le siguió la registrada por la líder del Grupo Parlamentario del mismo partido, Irma Tirado Sandoval, junto con sus compañeros de bancada Irma Moreno y Carlos Francisco Montenegro. Otra propuesta fue presentada por el Centro Empresarial de Sinaloa y más recientemente la entregada por  el Grupo Parlamentario del PAN. El gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha planteado su iniciativa de Ley del Sistema Local Anticorrupción, aunque sí presentó las iniciativas de reforma constitucional que  dan pie a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En un trabajo comparado realizado por Ríodoce sobre las cuatro iniciativas presentadas se encontraron algunas diferencias.

En las propuestas destaca el énfasis de Coparmex en garantizar que el Sistema Local Anticorrupción cuente con recursos suficientes para operar desde el inicio de los trabajos, responsabilizando para ello la participación del Congreso del Estado, además de reducir los plazos para las puesta en marcha y presentación de informes.

En las facultades del Comité Coordinador —que será la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Local Anticorrupción—, se detectaron algunas diferencias en sus facultades.

En la iniciativa presentada por el Centro Empresarial de Sinaloa, quien tomó como base la ley modelo elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se propone que el Comité Coordinador emita semestralmente un informe que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, en tanto que las otras tres iniciativas presentada proponen que el informe sea presentado cada mes.

Entre las facultades del Comité Coordinador, la propuesta de la diputada priista María Eugenia Medina, incluye específicamente la obligación de establecer mecanismos de coordinación con los municipios, en tanto que las otras iniciativas solamente se refieren a los entes públicos.

Las cuatro iniciativas coinciden en que para el adecuado funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción la presidencia del Comité Coordinador durará un año, la cual será rotativa ente los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Las propuestas difieren sobre la periodicidad en la cual el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción se reunirá. Las iniciativas del PAN, Coparmex, y de la diputada priísta María Eugenia Medina plantean que debe ser cada tres meses, mientras que la propuesta de la líder del  Grupo Parlamentario del PRI, propone que sea cada dos meses.

En el apartado de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, la iniciativa de Coparmex especifica que el Congreso del Estado deberá asignarle año con año el presupuesto suficiente. Ninguna de las otras iniciativas señala la otorgación del presupuesto, solo coinciden en definir a esta instancia como un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.

Todas las iniciativas coinciden en que dentro del patrimonio de la Secretaría Ejecutiva se considerará los recursos que le se sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado.

La propuesta de Coparmex establece además que la Secretaría Ejecutiva será auditada por la Auditoría Superior del Estado, en tanto que las otras iniciativas señalan que el organismo cuente con un órgano interno de control para la fiscalización en materias relativas al presupuesto, las contrataciones de servicios, adquisiciones, arrendamientos y servicios, la conservación de bienes muebles e inmuebles, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y sobre transparencia y acceso a la información pública.

Sobre el secretario técnico, la iniciativa de Coparmex señala que deberá solicitar a los miembros del Coordinador la información necesaria para la integración del contenido de un informe semestral, mientras que las otras iniciativas señalan que deberá ser de manera anual.

La propuesta de la líder de la bancada del PRI no establece tiempos para la designación del Comité de Selección que nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a diferencia de las otras propuestas.

Coparmex y la bancada panista proponen que a los 30 días de entrada en vigor el decreto deberá designarse a los integrantes de la Comisión de Selección, mientras que el planteamiento de la diputada del PRI, Eugenia Medina, contempla que deberá hacerse 90 días después.

Coparmex también propone que la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se lleve a cabo dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana, en tanto la bancada panista propone que sean 30 días, y la priista Medina Miyazi propone que sean 60.

Respecto a la Secretaría Ejecutiva, el Grupo Parlamentario del PAN indica que deberá funcionar a los 30 días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Coparmex propone que sean 15 y  Medina Miyazaki habla de 60 días.

En el tema de los recursos humanos, financieros y humanos para arrancar operaciones, la propuesta de la líder priista no establece ninguna referencia, en tanto que el Grupo panista señala que deberá ser el ejecutivo quien proveerá. El planteamiento de Coparmex  señala que deberá proveer los recursos no solo el ejecutivo estatal sino también el Congreso del Estado.

 

 

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